En un caso reciente, un hombre de 49 años ha sido formalmente imputado tras haber realizado una serie de compras en diversos comercios utilizando tarjetas de crédito que habían sido adulteradas. Este método, conocido como “skimming”, se basa en la clonación de datos de tarjetas pertenecientes a otros usuarios, lo que ha suscitado la atención de las autoridades pertinentes.
En consecuencia, el individuo permanecerá bajo arresto domiciliario durante un periodo de 30 días, mientras se lleva a cabo la investigación que busca dar con su cómplice, quien se encuentra actualmente en fuga.
La investigación del caso ha sido asignada a la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, bajo la dirección de Carlos Saltor.
Según la información presentada, se sostiene que entre el 1 de marzo y el 10 de mayo de 2023, el imputado, en complicidad con su hermano, realizó múltiples transacciones fraudulentas en distintas estaciones de servicio y comercios locales, acumulando un total de 14 compras, cada una por un monto de $1.000, entre otros valores.
Las transacciones incluyeron compras en la estación de servicio “La Garsa”, “Car Gas SA”, “Oasis IV”, “Nikon V”, “Geogas Dorrego”, “Motos Sáenz Peña”, “El Bosque”, y otros establecimientos, alcanzando un total de perjuicio patrimonial que asciende a $ 51.539.
Este monto representa el daño que las firmas de las tarjetas clonadas han tenido que cubrir, dado el uso fraudulento de los datos.
Durante una audiencia celebrada recientemente, se expusieron las evidencias que respaldan la acusación de defraudación a través del uso de una tarjeta de compra.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se impusiera al imputado una prisión preventiva de 30 días como medida cautelar, argumentando la necesidad de salvaguardar el proceso investigativo.
Sin embargo, la defensa técnica del imputado se opuso a esta solicitud, abogando por la imposición de reglas de conducta alternativas.
La juez a cargo del caso, después de evaluar las presentaciones de ambas partes, decidió otorgar un fallo parcial, dictando el arresto domiciliario del imputado por un período de 30 días.
Este desarrollo plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad en el ámbito financiero y la creciente problemática del ciberdelito, temas que continúan siendo objeto de análisis y debate en la sociedad actual.
