LA PLATA.- La pulseada entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y La Cámpora por el nombramiento de funcionarios judiciales de La Plata, tensionó la interna y puso en jaque la negociación abierta para la aprobación de 210 pliegos en el Senado bonaerense.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Emmanuel Santalla a cargo de toda la negociación, envió una nota a la vicegobernadora Verónica Magario para reclamar que se sume a la nómina de los pliegos en carácter “muy urgente” a Walter Luis Kunzmann, como juez de Cámara Civil y Comercial de La Matanza.
Además, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también solicitó la incorporación de Laura Matto para el mismo departamento judicial. Una senadora que responde a Espinoza, Amira Curi, miembro de la comisión, está en la negociación. La mujer tiene votos clave para que los pliegos avancen o no. En los departamentos judiciales de La Plata y de San Nicolás también hay tironeos cruzados por los cargos.
Mientras tanto, la comisión que tiene 15 miembros comenzó a tomar entrevistas – sin quorum propio-a los postulantes para los nuevos cargos judiciales en una dinámica que se extenderá hasta el viernes. Los pliegos incluyen nombres de camaristas, jueces de primera instancia, defensores y fiscales.
En el extenso listado de pliegos no hay candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que aún tiene cuatro asientos vacantes.
En cambio aparecen postulantes a camaristas para San Isidro, San Martín, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mercedes, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Morón, La Plata y Quilmes, entre las decenas de nombres enviados, que comenzaron a ser revisados por los bloques de la oposición. También hay postulantes para fiscales y defensores de Casación.
Negociación cruzada
Al mismo tiempo, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, comenzó a negociar con la Legislatura la aprobación de las leyes clave para 2025. Durante la primera reunión en el Senado, a instancias de Magario, hubo un mensaje para Kicillof de parte de los intendentes: no habrá acuerdo hasta que no regularice las deudas de 2024.
El enojo de los intendentes, manifestado a través de los legisladores de la oposición, se centra en los atrasos en los envíos del Fondo de Infraestructura Municipal acordado para la aprobación de la Ley Impositiva vigente.
Por fuera de esa deuda hay también atrasos por compromisos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Los fondos para los municipios, acordado para 2024, fue de $116 mil millones. De ese dinero, el Poder Ejecutivo transfirió unos $80 mil millones. La deuda es de, al menos, 36 millones de pesos, según cálculos extra oficiales de los intendentes.
Los alcaldes quieren que en 2025 se cree un nuevo fondo, con un alza del 30 por ciento mínimo sobre el aprobado para el año actual. Pero endurecieron su posición y dieron orden a los legisladores de no negociar los nuevos instrumentos legales para cálculo de gastos y recursos, ley impositiva o autorización para tomar deuda sin que antes de cancelen todos los compromisos correspondientes a la cuarta cuota del Fondo.
