Por medio de la Resolución 70/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó a una subasta por el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) situado en la calle Cerviño 3101/67, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.
La medida ya había sido anunciada un mes atrás, cuando, desde el Poder Ejecutivo, comunicaron que subastarían edificios públicos e inmuebles estatales con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado”. Si bien en el edificio del instituto aún funcionan oficinas, en la administración de Javier Milei consideran que “ya no son necesarios”.
“Autorízase la convocatoria mediante el procedimiento de subasta pública para la venta del inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo, esquina Cerviño Nº 3101 de la ciudad de Buenos Aires, con una superficie de terreno según catastro de 919,10 m²”, expresa el documento firmado por Nicolás Alberto Pakgojz, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se realizará el lunes 23 de diciembre a las 12.
Además, establece: “La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.
Un mes atrás, el Presidente había afirmado que pondría a la venta edificios públicos para “reducir gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el manejo de los bienes del Estado”. Estiman que la transacción garantizaría una recaudación de 800 millones de dólares.
“En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”, había asegurado el mandatario en el Decreto 950/2024, firmado junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Dentro del edificio que será subastado a fin de año trabajan 140 personas, divididas en Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica.
Desde la jefatura de Gabinete habían manifestado: “Se está utilizando menos de la mitad de la superficie asignada. Además, implica un alto costo de custodia por parte de la Policía Federal, lo que representa una carga adicional para las arcas estatales. La relocalización del INTA se prevé como una alternativa que busca un uso más racional y eficiente de los edificios gubernamentales, permitiendo que el organismo se traslade a espacios más adecuados”.
Como informó LA NACION, el Consejo Directivo Nacional del INTA tenía poder de decisión sobre los bienes del organismo, sin embargo, la Ley de Bases le otorga derechos a la Agencia Nacional de Bienes del Estado sobre los edificios públicos, lo que incluye su venta, arrendamiento o redistribución.
De esta manera, se venderá el total del edificio, aunque desde al instituto había llegado la información de que posiblemente pudiera ser “subocupado”. Si bien los trabajadores realizaron protestas, el Gobierno ratificó su postura.
El reclamo gremial
Cuando se publicó el decreto en el que el Gobierno anunció la venta del edificio, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) advirtió que está dispuesto a ir a la Justicia para frenar el avance. Según el gremio, la decisión de venta constituye un acto “nulo de toda nulidad” porque considera que las oficinas se encuentran ocupadas y en uso.
Incluso, días atrás, se reunieron miembros de Apinta y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “De cara a esta nueva etapa de ajuste brutal y agresivo por parte del gobierno nacional y en el marco del estado de alerta y movilización en todo el país en el que nos encontramos, se avanzó en realizar acciones conjuntas. El próximo lunes 28 de octubre a las 13 hs se llevará adelante un abrazo al edificio. En este abrazo simbólico al patrimonio de la institución, rechazamos el desguace que se está emprendiendo y que pone en jaque al personal del organismo y, por lo tanto, ataca de forma directa su compromiso con los productores agropecuarios, con la mejora continua de las condiciones de producción y con el desarrollo integral del país”, habían señalado en rechazo a la decisión del Gobierno.
Como muestra de apoyo, la Federación Agraria hizo una propuesta para evitar la venta de terrenos del INTA. “Expresó su preocupación sobre la posible intención de venta de inmuebles y una posible reestructuración del personal, y pidió que se garantice la institucionalidad y la transparencia, que las decisiones se tomen dentro del marco que da el Consejo Directivo y regionales”, afirmaron.
