Andhes denunció al gobierno ante la CIDH Luego del megaoperativo de prevención que se concretó este jueves en varios barrios de Yerba Buena

La agrupación Andhes presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento la situación de “incitación a la violencia y la promoción de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios públicos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y el empeoramiento de la crisis carcelaria”.

Según la misiva, desde la asunción del Jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, la violencia en sus dichos públicos ha ido escalando sostenidamente y se ha ido conjugando con una serie de episodios preocupantes porque son contrarios al marco normativo vigente. “En los últimos dos años, hemos registrado un aumento de megaoperativos de detenciones masivas, que se caracterizan según los testimonios que hemos conocido por irregularidades: cobro ilegal de dinero por liberaciones, incomunicación de los detenidos y obstaculización del acceso a la defensa”, añaden.

Andhes asegura que en los últimos meses las fuerzas de seguridad han recurrido a nuevas estrategias legales para justificar las detenciones masivas, como la imputación del delito de resistencia a la autoridad, lo que dificulta la presentación de recursos de Habeas Corpus. “Este contexto ha aumentado la vulnerabilidad de los habitantes de barrios populares, quienes sufren un control social desproporcionado”.

A continuación, el documento detalla una serie de hechos que pondrían en evidencia el nulo respeto hacia los derechos humanos por parte de la Jefatura de Policía:

• En fecha 09/08/2024, los vecinos de Villa Alem, Barrio ubicado en San Miguel de Tucumán, denunciaron que las fuerzas policiales vienen llevando a cabo detenciones arbitrarias, en operativos que llaman “el trencito”.
• En fecha en fecha 16/11/2024, tomamos conocimiento a través de referentes comunitarios que en horas de la tarde, se habría llevado adelante otro operativo del “trencito” en el Barrio Galicia de Villa Mariano Moreno, en el que la policía habría privado de libertad a una cantidad considerable de personas, adultas y adolescentes, que habrían sido llevadas a la comisaría de Los Nogales.
• En fecha 21/11/2024 tomamos conocimiento de un megaoperativo desplegado en diversas zonas de la provincia, bajo la orden de servicio N° 12/2024 Apéndice NRO. 54. Según trascendió, se dispuso de recursos pertenecientes a 4 zonas operativas y 36 comisarías de la Policía de Tucumán, es decir, estamos hablando de una cantidad importante de recursos del estado para la realización de un operativo de características similares al “trencito”.

Ante el megaoperativo de ayer, los abogados del noroeste presentaron un pedido de información al Ministerio de Seguridad para que informe quién ordenó los operativos y cuál es el marco de legalidad de los mismos. También solicitaron información sobre las detenciones y/o aprehensiones realizadas, los motivos de la detenciones y la situación actual de las personas detenidas.

“La postura del Jefe de Policía nos genera gran preocupación porque desde la función pública con sus declaraciones fomenta el enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad; incitando y legitimando la violencia institucional, el uso desproporcionado de la fuerza estatal y las ejecuciones de ciudadanos por parte de efectivos policiales”, señalaron.

Antes de concluir, desde Andhes recordaron que hace 14 años, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán (N° 5140), y que sin embargo, sigue siendo utilizada por las fuerzas de seguridad para realizar detenciones arbitrarias, a pesar de la recomendación de la Corte de crear una nueva normativa acorde con los estándares internacionales.

“Solicitamos urgentemente que la Comisión requiera al Estado tucumano información sobre estas prácticas y demande su cese, exigiendo el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos”, sentenciaron.