El Gobierno de Javier Milei expresó este jueves su “profundo desacuerdo” con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, señalados como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023. A través de un comunicado que compartió por redes sociales, Milei volvió a hacer explícito su apoyo al Gobierno de Israel -país que considera junto a Estados Unidos como su máximo aliado- y dijo que la resolución de la CPI “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá”.“Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”, dice el comunicado.
La Argentina, concluye el texto compartido por Milei, “se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes”, al tiempo que hace “un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”.
Horas más tarde, la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) publicó un comunicado similar, rechazando “tajantemente” la decisión “influenciada por la política” que tomó la CPI.
“Esta resolución, emitida por el fiscal Karim Khan, quien todavía adeuda una resolución contra el dictador comunista Nicolás Maduro por sus crímenes de lesa humanidad, subvierte a la víctima y la intenta posicionar como el victimario“, plantea el texto.
Las autoridades del Estado de Israel, asegura el comunicado de la OPRA, “lejos están de ser criminales” sino que “por el contrario, intentan salvar a la población de su país del exterminio”.
Este jueves, la CPI aprobó las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por la Fiscalía contra Netanyahu y Gallant al considerarlos “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
A Netanyahu y Gallant también se los considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza. “La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, planteó la CPI.
De esta manera, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular. “No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.
Este jueves la CPI también aprobó la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista.
