La Corte Penal Internacional (CPI) pidió este jueves el arresto y entrega del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza, a pesar de los intentos de Israel de retar su jurisdicción y frenar el caso.
La CPI también dictó una orden de arresto contra un dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Mohammed Deif, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, pero esto no fue confirmado por el grupo islamista, ni lo logró demostrar el fiscal Karim Khan, quien sí retiró la petición de arresto de los entonces líder del grupo islamista Yahya Sinwar; y su buró político, Ismail Haniyeh, asesinados en Gaza y Teherán, respectivamente.
La CPI rechazó por unanimidad los intentos de Israel de frenar el caso en su totalidad, puesto que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el territorio palestino en general, y los ciudadanos israelíes en particular. Las órdenes de arresto se mantienen en secreto para salvaguardar a los testigos y las investigaciones, pero los jueces optaron por divulgar ciertos detalles al considerar que acciones similares a las mencionadas en la orden parecen seguir ocurriendo y que es importante para las víctimas y sus familias estar al tanto de su existencia.
Los crímenes
Los jueces consideran que hay razones fundamentadas para sospechar que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad penal como coautores de crímenes de guerra relacionados con el uso del hambre como táctica de combate y de crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Además, se los señala como superiores civiles responsables del crimen de guerra de ordenar deliberadamente ataques contra la población civil.
“Ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024”, concluyó la Sala de Cuestiones Preliminares que estudió las órdenes solicitadas el 20 de mayo. “Limitar el acceso a suministros médicos esenciales, obligando a médicos a realizar amputaciones sin anestesia, constituye crímenes de lesa humanidad por actos inhumanos, mientras que las restricciones tuvieron motivaciones políticas y/o nacionales, lo que califica como crimen de lesa humanidad por persecución”, subrayó.
Por su parte, Deif es considerado responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, exterminio, tortura y violación u otras formas de violencia sexual; así como de los crímenes de guerra de asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, atentados contra la dignidad personal y violación u otras formas de violencia sexual. “Mientras estuvieron cautivos, algunos rehenes, especialmente mujeres, fueron víctimas de violencia sexual y de género, incluyendo violación, desnudez forzada y tratos humillantes”, advirtió la Sala. Los crímenes que se imputan a Deif se centran en su papel en el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1200 personas, y la toma de más de 200 rehenes.
El fiscal indicó que continuará recabando información sobre la supuesta muerte de Deif porque sigue sin poder determinar si realmente ha fallecido o sigue vivo y también prevé solicitar otras órdenes de arresto.
Celebración internacional
Hamas celebró la decisión de la CPI contra Israel, aunque sin mencionar el caso de Deif. “La justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista”, aseveró el grupo islamista en un comunicado. “El Estado ocupante se enfrenta a la verdad, contradice el concepto de justicia y choca con los valores humanos”, sentenció.
En la misma línea, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) consideró en un comunicado: “Las órdenes de detención remarcan la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra, especialmente en un momento en que el pueblo palestino está siendo sometido a genocidio”.
La Unión Europea también se pronunció al respecto. “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de justicia y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada”, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. También le dejó un mensaje a Netanyahu: “Si no querés la solución de los dos Estados, contá al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará”, afirmó.
Los gobiernos de Turquía, Sudáfrica, Irlanda, Colombia son algunos de los países que también apoyaron la decisión del CPI, al igual que Francia aunque este eludió precisar si arrestaría al primer ministro israelí si llegara a entrar en suelo francés.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) indicó que la orden de la CPI derriba la percepción de que ciertos individuos están por encima de la ley. “Esto es aún más importante dados los intentos descarados de obstruir el rumbo de la justicia en la corte”, señaló el director de justicia internacional en HRW, Balkees Jarrah.
El repudió de Israel, EE.UU y Argentina
Por el contrario, Netanyahu tildó la acusación de la CPI como absurda, falsa y antisemita, mencionando que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”. “Ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos. No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña”, aseveró.
El exministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, agregó que tal decisión sienta un peligroso precedente contra el derecho a la autodefensa y la guerra moral de Israel. “Poner al mismo nivel al Estado de Israel y a los líderes asesinos de Hamas legitima el asesinato de bebés, la violación de mujeres y el secuestro de ancianos”, sostuvo Gallant en su cuenta de la red social X.
El gobierno estadounidense también repudió la decisión. Un portavoz de la Casa Blanca explicó que Washington está coordinándose con sus aliados, incluido Israel, sobre los próximos pasos a tomar. “Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, subrayó el portavoz.
Del mismo modo, el gobierno de Javier Milei consideró que la resolución de la CPI ignora lo que considera el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a “ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá”, escribió el mandatario a través de su perfil de X.
La CPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen obligación de cooperar con la Corte. Ni Estados Unidos, ni Israel son parte de este tribunal, el único que no reconoce la inmunidad de un dirigente.
Este no es el único caso que involucra a Israel en La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) -que resuelve disputas entre Estados, pero no imputa individuos- exigió a Israel evitar la destrucción física total o parcial de los palestinos como grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio, y le ordenó garantizar el acceso de ayuda humanitaria y de misiones para investigar denuncias de genocidio.
