El Frente Amplio uruguayo gobernó el país sudamericano en tres períodos políticos distintos: 2005-2010, 2010-2015 y 2015-2020. Sorteando la imposibilidad constitucional de la reelección inmediata, fue primero Tabaré Vázquez, después José “Pepe” Mujica –probablemente, la figura más destacada del espacio– y, nuevamente, Tabaré Vázquez.
En las elecciones presidenciales de 2020, el bloque estuvo a punto de lograr un cuarto mandato consecutivo tras haberse impuesto en la primera vuelta con un 39% de los sufragios; en el balotaje, no obstante, cosecharon 40.000 votos menos que Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional y presidente entre 2020 y 2025.
Desde aquella primera victoria electoral en 2004, el Frente Amplio uruguayo ha representado de forma paradigmática la dinámica de coaliciones anchas en los movimientos de izquierda, progresistas y latinoamericanistas en la región. Del bloque forman parte diversas tendencias de la izquierda nacional como el socioliberalismo, la socialdemocracia, el socialismo, el trotskismo, el antiimperialismo o el feminismo.
Los gobiernos de Vázquez y, después, de Mujica, se enmarcaron en el ciclo de gobiernos conocido como “marea rosa latinoamericana” y que se extendió durante las dos primeras décadas del siglo XXI. El Frente Amplio compartió esquema regional con otros ejecutivos como el de Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013), los de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2003-2015), los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil (2003-2016) o el de Evo Morales en Bolivia (2006-2019).
Qué es el Frente Amplio
Durante décadas, en particular desde el establecimiento de las elecciones internas en el país en 1999, el Frente Amplio ha conservado una notable unidad interna. Pese a la amplitud ideológica y programática del espacio, las escisiones o las rupturas internas no han sido una dinámica particularmente habitual; de hecho, los distintos actores del bloque han aceptado sistemáticamente la máxima “el que gana conduce, el que pierde acompaña”.
En las elecciones internas de 2024, esta tendencia se evidenció con claridad: Yamandú Orsi, intendente del municipio de Canelones y miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP), principal grupo del Frente Amplio, se impuso a Carolina Cosse, intendenta de Montevideo. Tras esto, Orsi fue consagrado como candidato de la coalición a la presidencia de Uruguay, pero designó a Cosse como su compañera de fórmula; Orsi contaba con el apoyo principalmente del MPP, al tiempo que Cosse había recibido el respaldo de sectores como el Partido Comunista, la izquierda revolucionaria e incluso el trotskismo.
En 2024, de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre (con la segunda vuelta fijada para el 24 de noviembre), hasta treinta y cinco partidos, organizaciones y agrupaciones conformaron la coalición frenteamplista, de entre los cuales se destaca el MPP, principal fuerza motriz del FA que dispuso 24 de los 42 diputados que cosechó la alianza en las elecciones de 2019 para la Cámara de Representantes. En el Movimiento de Participación Popular militó Jose Mujica, presidente del país entre 2010 y 2015, así como el propio Yamandú Orsi.
De hecho, el MPP ha sido el sector mayoritario de la coalición frenteamplista desde la victoria de 2004, a pesar de que fue Tabaré Vázquez (del Partido Socialista) quien logró la primera victoria presidencial del bloque –y fue, además, su presidente entre 1996 y 2004–, precedido por su tiempo al frente de la intendencia de Montevideo entre 1990 y 1995. En esencia, la primacía del MPP se ha consolidado mediante una política de negociación con el resto de espacios, que han logrado a menudo concesiones de cargos y representación a pesar del mayor peso relativo del MPP.
Durante el primer gobierno de Vázquez, el Movimiento de Participación Popular ocupó varias carteras ministeriales, como la de Trabajo o la de Ganadería, Agricultura y Pesca, ocupada entre 2005 y 2008 por el expresidente José Mujica. Fue a lo largo de aquel primer ejecutivo uruguayo de tendencia de izquierdas que el MPP se perfiló para las elecciones de 2010 en las que lograron la presidencia y controlaron varios ministerios. En cierta medida, el Movimiento de Participación Popular ha representado a lo largo del siglo XXI una suerte de “síntesis ideológica” entre los grupos pertenecientes al marxismo y la izquierda revolucionaria y aquellos alineados con la socialdemocracia latinoamericana.
Definido en oposición a “un bloque conformado por los grandes intereses exportadores, las cadenas comerciales y el sistema bancario, los dueños de los grandes medios de comunicación y sectores de la burocracia estatal”, el Movimiento de Participación Popular emergió en la década de los años noventa en oposición a los gobiernos regionales de corte liberal. Su crítica a estos proyectos económicos no solo habilitó su crecimiento electoral, sino que fue el hecho que caracterizó al bloque. Desde sus inicios, el componente “antineoliberal” ha constituido un pilar en la identidad política del MPP.
Con todo, a pesar de su primacía, el MPP no es el único actor de peso en el seno de la coalición. Otros espacios se destacan dentro del Frente Amplio, en particular el Partido Comunista, los socialdemócratas Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista o Vertiente Artiguista, el marxista PVP u organizaciones trotskistas como el POR o el PST.
La agregación de agendas y tradiciones político-ideológicas conforman una coalición notablemente amplia que ha sido capaz de mantener la unidad interna en mayor medida que otras expresiones regionales como el peronismo kirchnerista de Argentina o el Movimiento al Socialismo boliviano, incluso durante el período opositor tras la derrota electoral de 2019. Orgánicamente, el Frente Amplio se define a sí mismo en los siguientes términos:
“El Frente Amplio, fuerza política de cambio y justicia social, creación histórica permanente del pueblo uruguayo, de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista, se integra por todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos establecidos en la Declaración Constitutiva del 5 de febrero de 1971, en las Bases Programáticas y en el Acuerdo Político, conformando una organización con el carácter de coalición movimiento y que se comprometen al mantenimiento y defensa de la unidad, al respeto recíproco de la pluralidad ideológica y al acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos pertinentes según lo estipulado por el presente Estatuto. El mismo está abierto a la incorporación de otras organizaciones políticas y de las y los ciudadanos que comparten su misma concepción”
Los gobiernos del Frente Amplio
La izquierda en Uruguay ha contado con una cierta ventaja en comparación a otras expresiones políticas del Cono Sur: la implantación del ideario “artiguista” en la sociología nacional. José Gervasio Artigas fue el líder de la conocida como Revolución Oriental, mito fundante de la nación uruguaya, erigiéndose él mismo en “padre fundador” del proyecto del Estado-nación. En contraste con las élites que conformaron durante sus primeras –y convulsas– décadas el moderno Estado argentino, Artigas no se inspiró en idearios europeos, sino en el liberalismo de origen estadounidense.
La llegada del Frente Amplio al gobierno en las elecciones de 2004 alteró los fundamentos del proyecto. La izquierda nacional, hasta entonces un sector impugnatorio opuesto al esquema “neoliberal” y agrupado en torno a organizaciones de base, hubo de trazar un plan de administración para consolidar su base social y electoral.
A pesar de ciertas tiranteces consecuencia de las contradicciones asumidas por el FA desde el ejecutivo uruguayo –como la ruptura de algunos actores como el Movimiento 26 de Marzo–, lo cierto es que logró una hegemonía casi total en el espectro de la izquierda. Desde la presidencia de Vázquez, determinadas agrupaciones políticas –principalmente, marxistas– se han definido en oposición al Frente Amplio. La crítica al “institucionalismo” y al “posibilismo” de la coalición no ha lastrado su desempeño electoral, pues los bloques a su izquierda nunca han sido capaces de consolidarse.
Los tres gobiernos frenteamplistas entre 2005 y 2020 evidenciaron la tendencia de la coalición a adherirse al ciclo de la “marea rosa” en la región. En línea con algunas de las líneas centrales de la narrativa oficialista de los gobiernos regionales, el Frente Amplio llevó adelante la aprobación de la Ley General de Educación de 2008 en la que se definía como “derecho humano fundamental” el acceso a la educación y se establecían los criterios de gratuidad, obligatoriedad, laicidad y equidad. De hecho, la cuestión educativa fue planteada como el primer gran hito del Frente Amplio como gobierno.
Bajo criterios similares a los del resto de gobiernos redistribucionistas en América Latina, el Frente Amplio, con Vázquez y Mujica, articulo proyectos sanitarios, alimentarios y sociales de corte socialdemócrata. Además, impulsó la aprobación legislativa del matrimonio igualitario, el aborto y el acceso al cannabis, así como el reconocimiento al Estado palestino en 2011. No obstante, a lo largo de esos quince años, el FA ha recibido críticas por izquierda por la limitación de su postura en ciertos campos.
Muy en particular, sindicatos y agrupaciones marxistas y socialistas han insistido en la necesidad de que, desde el Estado, el Frente Amplio impulse la reforma agraria. El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), principal organización sindical de Uruguay, así como otros espacios, han apostado sistemáticamente por una confrontación de clase con la Asociación Rural de Uruguay.
El FA ha transitado parcialmente a la forma de partido catch-all, diluyendo en la dinámica de gobierno algunos de los elementos de transformación estructural de los sectores de la izquierda sindical y marxista. Si bien la narrativa izquierdista frenteamplista se sostuvo durante los gobiernos de Vázquez y Mujica junto con ciertas políticas sociales, en lo que refiere al fundamento de clases del Estado y la sociedad uruguaya, ciertamente el Frente Amplio ha sostenido una lógica de conciliación similar a la de otros gobiernos en la región.
La proyección internacional de Uruguay, limitada de base por sus propias condiciones demográficas –con algo más de tres millones de habitantes, Uruguay es el país menos poblado de los veinte que componen América Latina–, ha estado marcada por la divergencia ideológica y programática de sus distintos gobiernos. Si bien el Frente Amplio apostó por la regionalización económica y política y por, entre otros, el rechazo conjunto al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), nunca ha mostrado una pretensión de liderazgo ni regional ni subregional (Cono Sur).
Así, el Frente Amplio se reorganizó con las elecciones de 2024 en el horizonte. La candidatura presidencial conformada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse subsanó alguna de las grietas internas en la coalición, hallando una cierta estructura de consenso y manteniendo el programa redistribucionista. El papel de los dirigentes frenteamplistas en la oposición al giro liberal propuesto por Luis Lacalle Pou durante su mandato ha vuelto a ubicar al espacio en el lugar impugnatorio. Un eventual retorno al gobierno, nuevamente con el MPP como fuerza motriz, probablemente siga una línea continuista en la senda de la redistribución, la conciliación interclasista y la oposición regionalizada a los gobiernos y candidaturas de la derecha latinoamericana.
