Los tres jueces que revisarán la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por corrupción integran la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema de Justicia. La propia expresidenta intentó apartar a dos de ellos de la causa sin éxito.
Gustavo Hornos es el juez más antiguo de Cámara de Casación. Forma parte del tribunal desde su creación, en 1995. Intervino en causas de impacto político como la condena a la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray. Pasaron además por sus manos causas como Cromañón, el accidente aéreo de LAPA o la voladura de la fábrica militar de Río Tercero.
Firmó la apertura de la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada días antes de su muerte contra la expresidenta Cristina Kirchner y dejó firmes las prisiones preventivas de los dueños de Oil Combustibles, luego absueltos. Actuó en la ratificación de la condena del caso Ciccone, donde Amado Boudou fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y que fue confirmada por la Corte Suprema.
Cristina Kirchner lo recusó, pero su planteo fue rechazado. Lo impugnó por sus visitas a Mauricio Macri a la Casa Rosada cuando Macri era presidente. Hornos explicó que fue por razones de su cargo, no por causas en trámite.
Hornos llega a esta causa con turbulencias. En plena deliberación fue denunciado por violencia de género, en una causa que fue archivada porque la mujer involucrada no instó la acción penal. Sus colegas citaron a una reunión extraordinaria del cuerpo para analizar su caso y el Consejo de la Magistratura aún no cerró la investigación administrativa.
Mariano Borinsky es el actual presidente de la Cámara de Casación. Fue fiscal de juicio que pidió la condena al expresidente Carlos Menem en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Es el coordinador del equipo que realizó las reformas al Código Procesal Penal, un trabajo que acaba de concluir.
Intervino en las causas más sensibles contra el kirchnerismo, y Cristina Kirchner intentó que no la juzgara ya que le critica que hubiera visitado a Macri en la Quinta de Olivos cuando era presidente. Borinsky argumentó que lo visitó cuando ya estaba elaborando la versión anterior del nuevo Código Penal.
En estos momentos, en plena deliberación por la confirmación de las penas de Vialidad, el nombre de Borinsky empezó a sonar como candidato a ser postulado por el gobierno de Javier Milei para la Procuración General de la Nación. Para acceder a ese cargo es necesario el voto de los dos tercios de los senadores, lo que incluye necesariamente a los kirchneristas.
Borinsky apareció recientemente con funcionarios del Gobierno que viajaron a París y Singapour en las tareas previas a la aprobación de la evaluación que superó la Argentina en el GAFI sobre lavado de dinero.
Diego Barroetaveña fue juez de tribunal oral y desde ese lugar, y tras intervenir en 2012 en la condena por la muerte del trabajador ferroviario tercerizado Mariano Ferreyra, accedió a la Cámara de Casación. En ese juicio fueron condenados quienes integraban la cúpula de la Unión Ferroviaria, a cargo de José Pedraza, a la pena de 15 años de prisión como partícipes necesarios del crimen de Ferreyra, hecho que tuvo lugar el 20 de octubre de 2010, cuando participó de una protesta por irregularidades en los contratos del ferrocarril Roca.
Barroetaveña es dirigente de la Asociación de Magistrados, donde integra la lista Bordó, que fue las más crítica del kirchnerismo. Actualmente es concejero de la magistratura en representación de los jueces.
Barroetaveña fue uno de los jueces que firmó las dos sentencias que permitieron reabrir dos causas contra Cristina Kirchner que estaban ya cerradas. Son Hotesur-Los Sauces y el caso por la firma del Memorándum con Irán. Su decisión instó a que esos expedientes, donde la expresidenta había sido absuelta sin juicio oral, regresaran a los tribunales orales para que se realizaran ambos juicios contra Cristina Kirchner.
Barroetaveña llega a definir esta sentencia contra Cristina Kirchner después de haber firmado, junto con sus colegas Carlos Mahiques y Daniel Petrone, un fallo favorable a Ángelo Calcaterra, el constructor primo de Mauricio Macri, que evitó gracias a esa decisión de los camaristas afrontar el juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.
Los jueces consideraron que los pagos que Calcaterra realizó al kirchnerismo era aportes de campaña no declarados y no sobornos. El tribunal revisa esa decisión, pero aún no falló. Barroetaveña regresó recientemente de Washington, donde estuvo la semana pasada, con otros colegas jueces, para observar las elecciones estadounidenses.
