El kirchnerismo se movilizó este mediodía frente al edificio de Comodoro Py para plantar su bandera contra el “lawfare” y repudiar el fallo que dio a conocer hoy la Cámara de Casación en la causa Vialidad por el cual confirmó la condena a 6 años de prisión contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Desde las 8 de la mañana, muy lentamente, comenzaron a ocuparse las más de 100 sillas dispuestas en la avenida donde están emplazados los tribunales federales para escuchar la clase pública que tuvo como protagonistas al dirigente social Juan Grabois, y al ministro bonaerense de Justicia, Juan Martín Mena. La clase llevó por título “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio del lawfare”.

Todo transcurrió en medio de un fuerte operativo de prevención que la prefectura desplegó en conjunto con la policía federal.

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“Es el cerdito Comodoro. Comodoro Pig”, atizó Grabois, agitando con sus manos el peluche de un chancho que representaba el “chiquero” que era el edificio a sus espaldas, según refirió en el inicio de su discurso, una hora antes de que se conociera la sentencia de la sala III de la Casación.

El dirigente social cargó en duros términos contra el poder judicial, denunció la “degradación” general de la Justicia, propuso la “demolición” de Comodoro Py y la “destrucción” del Consejo de la Magistratura, un instrumento “inentendible” para el ciudadano de a pie, según afirmó. “Y a ustedes, ¿Quién los votó, muchachos?”, se preguntó el exprecandidato de Unión por la Patria.

“A Cristina la atacan por arriba para saquear y destruir por abajo. Y a los de abajo lo destruyen con el narcoestado. Los mismos jueces que persiguen a Cristina, permitiendo el avance de la narcoestructura”, añadió el dirigente.

A su vez, planteó una versión extendida del “Lawfare”, que alcanzó al “desfinanciamiento” de las universidades, la pérdida del poder adquisitivo en los haberes y también a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, pese a que el dirigente social viene de festejar tres fallos de la Justicia en su lucha contra la ministra por el reparto de los alimentos para los comedores. “El lawfare es que Pettovello le robe los alimentos a los niños y aunque tengamos tres fallos a favor, los mismos jueces cobardes que fallaron a favor nuestro, no tienen el coraje de hacer cumplir con la fuerza pública sus propias sentencias”, afirmó.

La lectura del fallo se leería a las 11 de la mañana, en medio de una performance teatral que desplegó una actriz que interrumpió la alocución de Mena para personificar, a modo de sátira, a una Justicia sin espada ni balanza. “La espada la usaron para un brochette”, bromeó.

Por su parte, el ministro Mena ofreció una defensa jurídica de la expresidenta. “Como no tengo prueba directa, no pude comprobar que hubo robo ni que faltan obras públicas en las rutas de Santa Cruz. Tengo indicios de que algo sucedió”, dijo, en alusión al segmento del fallo del TOF 2 en el que los jueces explican que esta serie de delitos, que no dejan prueba directa, demandan una inferencia de las pruebas recolectadas. “El fiscal Luciani y este tribunal [por la Casación] dicen que tienen indicios de que Cristina estaba detrás de todas las irregularidades de la obra pública”, desafió.

Por la mañana

La mañana en las afueras de los tribunales se fue armando con calma. Pasadas las 9 de la mañana, el horario de la convocatoria, la mitad de las sillas se encontraban vacías, todavía se probaba el micrófono, y se desplegaban algunas de las banderas.

Los tribunales de Comodoro Py se han convertido en el último tiempo en un centro de peregrinaje para el kirchnerismo. La última visita de Cristina Kirchner a los tribunales federales de Retiro fue meses atrás, para prestar declaración en el marco del juicio oral y público contra “los Copitos”, las tres personas juzgadas por estar implicadas en el ataque contra la expresidenta en septiembre de 2022.

“En esta oportunidad ‘Los Copitos de Comodoro Py’ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación”, disparó ayer Cristina Kirchner en una carta, en referencia a los magistrados que integran la sala 4.

Así, la exvicepresidenta fue generando el clima para la lectura del fallo, agitando la interpretación según la cual la sentencia de hoy forma parte de una articulación entre el “partido” judicial, los medios de comunicación “hegemónicos” y el poder económico “concentrado”, como acostumbra a señalar la exmandataria.

“Este juicio es un juicio político, es un juicio de condena a Cristina Fernández de Kirchner por la obra de gobierno, del mejor gobierno de la democracia para la gente”, señaló a LA NACION la diputada nacional y consejera Vanesa Siley, en la puerta de los tribunales. El diputado Itai Hagman, la legisladora porteña, Victoria Freire y el exgobernador bonaerense Felipe Solá fueron algunos de los dirigentes que estuvieron presentes en los alrededores del escenario, que fue custodiado por una estricta fila de militantes kirchneristas.

Expresiones estudiantiles de La Cámpora, integrantes de gremios como La Bancaria, se acercaron también a repudiar el fallo contra Cristina Kirchner.

“Es un escándalo jurídico –siguió Siley. Porque se responsabiliza al presidente de la nación de un delito [administración fraudulenta] que jamás podría cometer, puesto que la administración general del estado en su conjunto la tiene el jefe de gabinete luego de la reforma constitucional de 1994″.

Mena se expresó en la línea misma línea. “No podemos cometer todos los delitos. Por ejemplo, la mala praxis médica, yo no la puedo cometer, porque no soy médico”, graficó desde el escenario. “Quien puede cometer el delito de administración fraudulenta, quien tiene la capacidad de administrar, es un funcionario público a cargo de la administración de algo. En la constitución, en el artículo 100, dice que el administrador general del país es el jefe de gabinete de ministros, no el presidente, el presidente es el responsable político del país. “le metieron un delito que era imposible que Cristina lo cometa”, agregó el ministerio de Justiciai, y negó, a su vez, la existencia del delito.

A unos pocos metros de la clase pública, cinco señoras auto convocadas contraponían otra lectura de los hechos. “No es lawfare es saqueo”, decía uno de los 20 carteles que las rodeaban junto con una docena de efectivos de la ciudad. “Somos más, pero muchas no pudieron venir porque trabajaban”, señaló una de ellas.

La clase pública y abierta avanzó sobre casi la mitad de la avenida Comodoro Py, y estuvo acordonada por alrededor de 30 efectivos de prefectura, y otros cerca de 20 uniformados de la policía federal. Del otro lado de la calle, otra hilera mixta de policías completó el operativo frente a los tribunales. La desconcentración comenzó cerca de las 12.