Diputados: se cayó la sesión en la que la oposición pretendía limitar los DNU de Milei y su posibilidad de endeudarse

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La oposición en Diputados tuvo que posponer una semana la sesión de esta tarde en la que pretendía acotar el poder de Javier Milei. Buscaba limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo y derogar el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda. Poco antes de la sesión, los números estaban a favor de los convocantes de la sesión -Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los radicales de Democracia-, aunque por un muy estrecho margen. En la recta final, el Gobierno logró reducir las voluntades en su contra y consiguió desbaratar la sesión a través de una fuerte presión a los gobernadores de todos los colores políticos.

Para lograr su objetivo, el oficialismo se comprometió a dictaminar el proyecto de Presupuesto 2025 este mismo jueves, una exigencia de los mandatarios provinciales que piden certidumbre para la administración de los recursos. El Gobierno exhibió una sospechosa parsimonia para debatir el proyecto que presentó Milei el 15 de septiembre y una amplia mayoría especuló con la intención del oficialismo de una nueva prórroga -la administración libertaria opera con el Presupuesto 2023- que le dé absoluta discrecionalidad para manejar los fondos públicos.

Además, los mandatarios provinciales solicitan al Poder Ejecutivo el pago de la compensación del consenso fiscal; el abono de lo adeudado con las cajas previsionales no transferidas a la Anses; la coparticipación de un porcentaje del fondo remanente de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no ejecutados por el Gobierno Nacional; y la eliminación de las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles para asignar vía coparticipación esos recursos a las provincias que hoy el gobierno dejó de ejecutar, como el subsidió al transporte urbano.

El Gobierno trabajó contrarreloj para desarticular por completo la sesión y evitar un nuevo revés, al filo del cierre del período ordinario. Los libertarios condicionaron la negociación de recursos y obras de infraestructura pendientes con las provincias a su negativa a acompañar esta nueva afrenta opositora. Priorizaron la vigencia del decreto 846, por el que el Poder Ejecutivo podría renegociar deuda y contar con liquidez sin la necesidad de contar con el visto bueno del Congreso.

Los gobernadores definieron jugar en sintonía con el Gobierno frente a la zanahoria presupuestaria. Lo hicieron no sólo los del radicalismo (inclusive Maximiliano Pullaro, que tiene a su referente legislativa en el bloque Democracia), Pro y peronistas amigos -como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca)-, sino también los que exhibieron una oposición más dura, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Según pudo saber LA NACION, el santiagueño estaba dispuesto a ausentar a dos de sus diputados.

Fue un trabajo de pinzas entre la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, y Lisandro Catalán, secretario del Interior. Desde el jueves pasado, cuando se conoció la convocatoria de la sesión especial, se sucedieron los llamados de estos dos oficialistas a legisladores de todos los bloques para echar por tierra la intención de la oposición.

“Llamaron incansablemente”, señaló un diputado del bloque UP sobre el contacto que establecieron referentes del oficialismo. Repitieron este esquema con otros dirigentes peronistas desencantados con la conducción del partido así como con los tironeos de la interna, que tiene como protagonista a Cristina Kirchner, por un lado, y al peronismo del interior y gobernadores, por el otro, representados en el mandatario riojano, Ricardo Quintela.

Se pospone la sesión especial en la Cámara de Diputados

De hecho, la sesión se desarticuló por completo cuando se conoció que nueve de los 99 integrantes de UP no darían quórum. Se trata de los cuatro catamarqueños aliados a Jalil, los dos mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, la neuquina Tanya Bertoldi, y dos santiagueños afines al gobernador Zamora.

Tanto Pro como la UCR cercana al Gobierno definieron ayer acompañar a los libertarios. Primero lo hicieron los macristas, que reunieron a su mesa directiva para ratificar su alianza parlamentaria con el Gobierno pese a que persisten las desconfianzas y los recelos mutuos. Decidieron que no darán quorum y, si la sesión avanza, no votará “con el kirchnerismo”.

“Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana [por hoy] no daremos quorum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo”, señaló en un comunicado la plana mayor de Pro tras un encuentro cumbre encabezado por el expresidente Mauricio Macri.

Cerca de los dos dirigentes Pro -González y Baldassi- que pretenden diferenciarse de sus colegas de partido señalan que “no se pueden construir mayorías con minorías”. Argumentan que cuando eso sucede, como en los primeros meses del gobierno de Milei, que frenó una reforma previsional y el financiamiento a las universidades a través de vetos sostenidos con 87 legisladores, “lo legal, lo legítimo, empieza a perder legitimidad”. “Pro viene de Propuesta Republicana, no podemos avalar este comportamiento”, sentenciaron.

El bloque UCR tomó la determinación de acompañar al Gobierno después una reunión de la que no participaron los cinco “pelucas” que se fotografiaron con Milei. “Había mucho malestar porque ya habían anunciado su posición públicamente sin conversarla antes en el bloque”, confió un referente de la bancada sobre este grupo filo-oficialista.

“Resolvimos no dar quorum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”, escribió De Loredo en su cuenta de X.

Los proyectos

El temario de la sesión está integrado por dos proyectos: el que busca reformar la ley 26.122 para limitar la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la discusión de la norma por la que el Poder Ejecutivo se autohabilitó a canjear deuda sin el aval del Congreso.

El objetivo de primera iniciativa, impulsada por Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los 12 radicales de Democracia es evitar que al presidente de turno le sea más fácil gobernar a través de esta herramienta de excepción que por medio de la sanción de leyes, una tarea titánica para los libertarios que solo cuentan con 39 de 257 diputados y seis de 72 senadores.

En lo que va del año, Milei hizo un amplio uso de esta prerrogativa constitucional: lleva firmados 47 DNU. Un número elevado si se considera que Mauricio Macri emitió 70 DNU a lo largo de sus cuatro años de gobierno, mientras Cristina Fernández de Kirchner firmó 78 durante sus dos mandatos.

Respecto del DNU que habilita al Gobierno a renegociar títulos de la deuda sin el permiso parlamentario, la oposición considera que viola la Constitución -que establece que los arreglos con acreedores son potestad del Congreso de la Nación- y la ley de Administración Financiera.

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