“Hoy la mayoría de la gente del conurbano no tiene para comer, una pensión no contributiva está alrededor de 236 pesos cuando la canasta básica es de un millón. Yo durante el covid estuve indetectable, hoy no y estoy en riego todos los días”, cuenta María Sánchez, referenta de la organización Positivos La Matanza. Tiene la voz quebrada y está a punto de romper en llanto en la sala del subsuelo del anexo del Congreso donde se reunieron referentes de distintas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas que conviven con VIH, Hepatitis, Tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.
“En los hospitales faltan preservativos y medicación, los médicos hacen malabares para atendernos y ya perdimos a muchos compañeros. Es importante invertir en nuestra salud porque de ese modo se garantiza que la población no se enferme”, agrega María, exigiendo sensibilidad a lxs diputadxs de la oposición presentes en la sala.
Desde hace más de 20 años el Ministerio de Salud de la Nación realiza compras para asegurar la provisión en forma gratuita de tratamientos de alto precio a personas que se atienden en el sistema público de salud. Durante este año, a causa de la paralización de compras públicas comenzaron a faltar algunos medicamentos y las personas que reciben tratamientos debieron realizar cambios forzados que perjudican su salud. Además faltan preservativos, un insumo esencial para la prevención y reactivos para testear la efectividad y seguridad de los tratamientos.
Las consecuencias directas de estas decisiones son el aumento de nuevos casos de VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, diagnósticos tardíos, complicaciones en la salud de aquellxs que se encuentran en tratamiento y la muerte de miles de personas que dependen del sistema público de salud. Hoy ya se ven las consecuencias ante la falta de Zidovudina (AZT) EV, medicamento indispensable para que las personas gestantes puedan prevenir la transmisión vertical a sus bebés.
“En Argentina vivimos más de 44 mil mujeres con VIH”, dice Mariana Iacono, trabajadora social y fundadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). Repite la cifra por si no quedó claro, una estadística que duele y alarma y por eso se pregunta: “¿Quiénes cuidan a quienes cuidamos, a las que sostienen sus hogares, a las que parimos a las y los trabajadores, a las que cuidamos adultos mayores, hijas, nietos? En este contexto de crisis, donde no hay trabajo, hay despidos, eliminan las políticas de atención a la violencia, también tenemos que atender la preocupación de la falta de medicación”, sentencia y agrega: “La comunidad argentina de mujeres con VIH está con la salud emocional y mental al borde porque no tienen para comer y ahora también tienen que pensar que tal vez no tengan medicación.”
Mientras Mariana exponía esa situación recordó el momento en el que recibió su diagnóstico, fue en 2001. Cuando sus xadres se enteraron le dijeron que no tenían plata para comprar la medicación. “¿Cómo vamos a comprar la medicación si no hay disponible en los hospitales, en la farmacia no venden medicación de VIH y eso también tenemos que recordarlo comunicacionalmente.”
La referenta denuncia que Argentina tiene una deuda pendiente de más de 40 años con la eliminación de la transmisión vertical para tener cero casos de niñxs con VIH. Hoy tristemente esa tasa, aumentó. “¿Qué va a pasar si no hay preservativos, qué va a pasar si no hay medicación? ¿Van a nacer más niñas y niños con VIH que no van a tener medicación?”, esas son las preguntas que atienden todos los días sin poder dar una respuesta.
Genocidio planificado
“El presupuesto programado para este año solamente tiene un aumento en pesos del ocho por ciento, es decir, dos años después con una inflación interanual de más de 250 por ciento, ustedes creen que los medicamentos aumentaron nada más que un ocho por ciento. En el 2023 del presupuesto total del Ministerio de Salud se destinaba un 4,8 por ciento, actualmente es el 0,89 por ciento, miren lo que hemos bajado”, explica José Di Bello, psicólogue e integrante de Fundación GEP, organización que trabaja por el derecho a la salud y el acceso a medicamentos en Argentina.
La mayoría de los insumos que debe comprar el Estado se venden a precio dólar. El año pasado el presupuesto en dólares era de 78 millones, para el 2025 el gobierno planea bajarlo a 19, ese es el recorte del 75,72 por ciento de reducción presupuestaria que proponen. “Esto significa que solamente van a poder llegar al 25 por ciento de toda la población que trata el Ministerio de Salud y el Estado nacional en cuanto a VIH, tuberculosis y hepatitis. Es realmente para pensar que estamos hablando de un genocidio”, asegura Di Bello y aclara que hoy a nivel país son más de 70 mil, según el último boletín oficial, las personas asistidas por VIH desde el Estado, es decir, que ya existe un incumplimiento de la Ley 27.675 de respuesta integral al vih, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que es responsabilidad del Estado Nacional y no de las provincias.
Con respecto al resto de las enfermedades de transmisión sexual José explica: “La tuberculosis, según el último boletín epidemiológico nacional, subió de 12.000 a 15.000, es decir, que en Argentina tenemos un 20 por ciento más de diagnóstico de tuberculosis, lo mismo ocurre para las hepatitis virales B y C donde también bajaron el presupuesto.” En lo que respecta a la prevención, para el 2023 se compraron 54 millones de preservativos, mientras que el gobierno nacional para el 2025 planificó comprar solo 4 millones, es decir, 50 millones menos. “A esto le podemos sumar además la falta de reactivos para sífilis, un informe de HF comprobó que de enero a septiembre de este año hay un 50 por ciento más de sífilis. A los diputados les pedimos que aumenten el presupuesto porque sino nos morimos”, concluye Di Bello, exponiendo un panorama alarmante donde hay vidas en juego.
La lupa en la realidad bonaerense
Katy Castillo comenzó el camino del activismo un primero de diciembre del 2005, tres años atrás había sido diagnosticada. Hoy integra la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH y es referenta nacional del movimiento Mujeres Positivas. “Es muy preocupante el alto índice de positividad de sífilis que hay en la población y lo más grave es la situación de los neonatos nacidos en los últimos años con sífilis congénita. En 2024 las personas con VIH tuvieron que cambiar su tratamiento de forma brusca por falta de compras de retrovirales,” explica y asegura que esa situación representa un obstáculo a la adherencia al tratamiento, que en esos casos es de por vida, luego de haber logrado que las personas que viven con VIH puedan lograr la indetectabilidad de la carga viral para que el virus sea intransmisible.
La mayoría de las personas que viven con VIH, hepatitis B o C en el conurbano bonaerense sólo cobran una pensión no contributiva que ni siquiera llega a los 250 mil pesos, incluyendo el último bono del mes de noviembre y una tarjeta destinada a la compra de alimentos que brinda el Banco Provincia de 37 mil pesos. “Me gustaría que hagamos todos el ejercicio de ir a un mercado y comprar con tan solo 37 mil pesos. Eso es lo que pueden comprar las personas con VIH, esa es la economía empobrecedora que lamentablemente atraviesan nuestros compañeros y compañeras”, cuenta Castillo.
Katy es coordinadora del Centro de Prevención, Promoción y Testeo rápido de VIH e ITS, espacio que depende de la Secretaría de Desarrollo e Integración del Municipio de Merlo, uno de los cinco primeros espacios de atención del conurbano en firmar la Declaración de París para poner fin a la epidemia de sida. “Muchas personas del conurbano que viven con estas patologías se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema porque las atraviesa la violencia, la falta de trabajo y de alimento, algo tan importante para quienes tienen que sostener un tratamiento de por vida como es el VIH o un tratamiento de larga duración como es el de la tuberculosis. El recorte presupuestario lo único que va a lograr es que no podamos continuar con nuestros tratamientos y que finalmente por todas las vulnerabilidades sociales que estamos atravesando nos terminemos muriendo.”
Las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis repudiaron el recorte dentro y fuera del Congreso e hicieron un llamado a lxs diputadxs a que rechacen el presupuesto propuesto por el Gobierno de Milei y se amplíen las partidas para garantizar la disponibilidad de recursos adecuados que permitan la adquisición de los medicamentos e insumos que salvan vidas.
