CÓRDOBA.- Pocos gobernadores admitieron tener “alguna idea, pero no detalles” del régimen para saldar las deudas de la Nación con las provincias mediante el que podría entregarles a cambio tierras, empresas públicas y hasta rutas nacionales. El programa depende del ministro de Economía, Luis Caputo, y las administraciones tienen 30 días para adherir. La mayoría de los mandatarios, que se enteró con la conferencia de prensa de Lisandro Catalán del jueves pasado, exige precisiones. Algunos mandatarios provinciales sospechan de una estrategia del oficialismo para calmar los ánimos y lograr apoyo para el proyecto de presupuesto 2025. Javier Milei, por lo tanto, se reunirá mañana con los cinco mandatarios radicales.
Los gobernadores “dialoguistas” insistieron ante LA NACION que ya habían hecho esa propuesta a la Casa Rosada varias veces, a la vez que plantearon que debe buscarse un “reaseguro” para que con los acuerdos no se repita lo que está pasando -según coinciden- con el de transferencias de obras públicas. Apuntan que la Nación no pagó las deudas con las empresas y, además, no hay coincidencias entre esos documentos y el proyecto de presupuesto 2025.
Desde el lado de las provincias, las deudas que reclaman tienen como ejes cajas de jubilaciones no transferidas, obra pública, fondo compensador del Consenso Fiscal y retenciones del impuesto a los combustibles líquidos que Nación realiza pero no ejecuta para los fines previstos. Las de Nación incluyen las de Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, las del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y, según coincidieron cuatro mandatarios, la “no registrada como la del Club de París”.
La propuesta de “borrón y cuenta nueva”, que es voluntaria, les interesa a los gobernadores, pero también admiten que deben ser “cuidadosos” en lo que se incluye. La Nación abre la posibilidad de entregarles empresas públicas. Después de que la Casa Rosada anunciara la privatización del Belgrano Cargas, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo se mostraron interesados en que pasara a mano de las provincias. En Córdoba no se descarta que la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) pudiera provincializarse.
Hacerse cargo de empresas deficitarias implica contar con los recursos. Es difícil de entender la lógica de gobernadores que, por un lado, reclaman fondos y, en paralelo, aparecen dispuestos a financiar el rojo de algunas estatales. Desde la Rosada aseguran que si asumen esas responsabilidades, no contarán con asistencia nacional.
Nadie discute que el planteo de Luis Caputo tiene “lógica”, pero la primera traba es la determinación del monto de las deudas. El mayor monto en discusión es el de financiamiento que, por ley, debe cumplir la Anses con 13 cajas de jubilaciones no transferidas. No está determinado. Es el organismo el que debe finalizar auditorías; en la actual gestión no se giró un peso. Hace un mes y medio en su informe ante el Congreso fue el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dijo que no había deuda porque todavía no se habían hecho los cálculos.
La deuda acumulada de la Anses con estas cajas ronda los US$2000 millones y alrededor de la mitad sería “compensable” por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Cuando Osvaldo Giordano estuvo frente al organismo impulsó usar ese esquema y la idea le fue rechazada desde más arriba; con el paso del tiempo el conflicto fue creciendo y hay demandas de provincias en la Corte Suprema de Justicia.
En este caso en particular, distritos como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos terminarán con saldo a favor después del “neteo”. El decreto nacional precisa que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenoas Aires podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.
“¿Y si es al revés, si es la Nación la que debe? –se pregunta un gobernador de la región centro–. La propuesta no puede ser transferirnos más gastos, tienen que cancelar con recursos. No nos pueden decir ‘no hay plata’ porque entonces no hay chances”.
El ánimo general que domina entre los gobernadores es la disposición de “sentarse a conversar”, pero subrayan que analizarán las condiciones y que no están dispuestos a resignar los recursos que les corresponden. Los que llegaron a la Justicia con sus reclamos entienden que, para desistir, tienen que lograr lo mismo que están convencidos le otorgarían los tribunales.
Milei recibirá mañaana a los cinco gobernadores de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). Todos van con reclamos similares, aunque el correntino también lleva el del pago de regalías adeudadas de la represa de Yacyretá, una demanda que llegó a la Corte Suprema el año pasado, cuando la deuda superaba los $13.000 millones.
