El operativo antidrogas que los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri definieron como “el más importante y exitoso que registra la República Argentina” tiene numerosos puntos oscuros. En la investigación judicial, que lleva adelante el fiscal Claudio Kishimoto, está claro que la avioneta aterrizó donde tenía previsto aterrizar, en un campo de Pueblo Andino, Santa Fé. Eso quedó probado porque allí se encontraron tres tambores con 300 litros de combustible que se iban a cargar en el Cessna 206 para que regrese a Bolivia o tal vez para que siguiera viaje a Brasil. Otro punto extraño fue que -según dicen en la justicia- la ministra Bullrich tenía el conteo de la cantidad de cocaína antes que la propia justicia lo hiciera oficial y después de una larga espera hasta la madrugada, cuando el juez libró la orden de abrir el avión. La tercera cuestión asombrosa es la del piloto, un teniente coronel de la Fuerza Aérea Boliviana, que estaba con prisión domiciliaria, acusado por 10 homicidios durante el golpe militar que llevó a la presidencia a Jeanine Añez. Bullrich apoyó aquel golpe, envió municiones, de manera que es una coincidencia a mirar de cerca.
Promover a las Fuerzas Armadas en seguridad
Bullrich y Petri se hicieron presentes en la conferencia de prensa habitual del vocero Manuel Adorni para elogiar la intercepción de la Fuerza Aérea al Cessna. Pareció una jugada destinada a impulsar la política del gobierno y del PRO para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad. Quien más resiste a esa política son los propios militares, en primer lugar porque sostienen que no fueron entrenados para ser policías. Lo dicen con cierto desprecio. O sea, se consideran, desde la formación, superiores a los policías, gendarmes o prefectos. Pero, en segundo lugar, los altos mandos saben que los militares que intervinieron en la lucha antidrogas, en todo el continente y también en Europa, terminan saltando hacia los grupos narcos y la corrupción irrumpe a todos los niveles de los uniformados.
Desde el punto de vista objetivo, no se percibe el logro de los dos aviones Tucanos de la Fuerza Aérea. El avión con la droga no aterrizó improvisadamente en ningún lado: aterrizó donde tenía previsto. Los tambores de combustible y dos bombas eléctricas para hacer la recarga estaban en el campo de Andino donde se produjo el aterrizaje. El Cessna fue adonde tenía previsto ir.
Las dudas sobre el conteo de la droga
El avión aterrizó a las 19.15 del miércoles en el campo de Pueblo Andino. Media hora después, llegó la Gendarmería, supuestamente avisada por la Fuerza Aérea. Los 30 minutos fueron suficientes para que el piloto, que venía solo al mando del aparato, pudiera huir.
Recién tras dos horas fueron informados los fiscales federales que llegaron al lugar bastante después de las 21. Para acceder al avión se requería la autorización del juez, el doctor Marcelo Balaque. Eso ocurrió a las 12 de la noche y con la orden del magistrado, se ingresó al Cessna. En la justicia sostienen que el conteo real de los 11 paquetes de droga, 430 ladrillos, empezó bastante más tarde, a las 4 de la mañana. Sin embargo, la desconfianza parte del hecho de que, a esa hora, el ministerio de Seguridad ya decía que eran 475 kilos de cocaína, casi exactamente lo que dio el conteo judicial: 475 kilos, 412 gramos.
Hay otro elemento a tener en cuenta. Según consta en la causa judicial, el avión habría aterrizado en Santiago del Estero, o sea venía desde allí hasta Santa Fé. La sospecha es que se sabía la cantidad de droga desde aquella escala en el norte. Es más, hay algún rastro que vincula la marca que tiene la cocaína, un toro, con un grupo narco de Tucumán.
La sospecha es lo que se llama “una entrega”. O sea, una delación que se le vende a las autoridades.
Un piloto llamativo
Como se sabe, el piloto intentó cruzar el río Carcarañá y quedó atrapado en la barranca. Pidió ayuda a los lugareños, estos avisaron a la policía y la policía de Santa Fé -no la Gendarmería- lo detuvo. Ningún mérito del “operativo exitoso”, casi una casualidad. Un dato notable: el piloto consiguió rápidamente -o ya estaba preparado- un defensor particular, Hugo Leguizamón, abogado de Rosario, y se negó a declarar argumentando que tiene miedo. Aceptó, sin resistencia, una prisión preventiva por 90 días.
Lo asombroso es el rango de Oscar Armando Caba Hurtado: teniente coronel de la Fuerza Aérea Boliviana. El hombre estaba con prisión domiciliaria, acusado por participar de la llamada Masacre de Sacaba, en Cochabamba. Se le imputan diez muertes. Lo que hizo Caba Hurtado es huir de su prisión domiciliaria para emprender el viaje en el Cessna. Hace pensar que el individuo, además, se iba definitivamente de Bolivia, aunque no hay ninguna evidencia.
La otra coincidencia es que Caba Hurtado justito participó de un golpe que fue respaldado por Bullrich con el envío de proyectiles. O sea, había sintonía ideológica, por llamarlo de alguna manera, y eso hace que la información fluya bastante: el ex ministro de Defensa de Añez, por ejemplo, se formó en el Colegio Militar de Campo de Mayo. En el ambiente se conocen. Y lo mismo ocurre con los servicios de inteligencia, no sólo de Bolivia, sino también delegados de la SIDE de Santiago del Estero y Tucumán.
El operativo “exitoso”
Es evidente que el gobierno y los ministros se adjudican un logro: el secuestro de 475 kilos de cocaína. No hay dudas de eso.
Sin embargo, el operativo no permitió atrapar ninguna de las dos puntas de la trama de narcos. Ni el origen ni el destino. La impresión es que la cocaína es de muy buena calidad, por lo que parece destinada al mercado europeo. O sea, Bolivia, Santiago del Estero, Santa Fé, y de algún puerto, un barco camino a Europa. En ese caso, los tres tambores con combustible estaban destinados al regreso de la avioneta.
Pero no se puede descartar que el Cessna siguiera vuelo hacia Brasil, por ejemplo. En cualquier caso, la trama está sin descubrir. Al menos por ahora. El problema es que cada operativo se convierte en un show, un paquete de maniobras en el que entran la presión para meter a las Fuerzas Armadas ilegalmente en cuestiones de seguridad, vínculos con la ultraderecha regional y encubrimiento de las ineficiencias de las fuerzas de seguridad.
