El Gobierno Nacional evalúa redireccionar partidas del Presupuesto 2025 hacia las universidades nacionales y calmar así el conflicto que no para de crecer tras el veto a la Ley de Financiamiento. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados proponen “sacar plata de la política” para darle a educación, lo que consideran una idea con impacto positivo en la sociedad. Para eso proponen eliminar las PASO y sacar dinero de los fondos que van hacia los partidos políticos. Sin embargo, aún no cuentan con el apoyo de sus aliados del PRO, que todavía están ofendidos porque no les avisaron de la conferencia de prensa frustrada del miércoles pasado en la que iban a hacer un anuncio vinculado a este tema. Los opositores, pero también desde los bloques afines a La Libertad Avanza (LLA) sospechan que se trata de una propuesta marketinera, porque saben que no va a tener los votos necesarios para sacarla.
Los referentes de Javier Milei en el Congreso proponen eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, además, redistribuir dinero del Fondo Partidario Permanente hacia las universidades públicas, que reclaman el doble de lo que el Gobierno estableció en el Presupuesto 2025. Las casas de altos estudios ya advirtieron que con los 3.8 billones de pesos que se proyectan no podrán funcionar el próximo año. Si bien reclaman el doble para poder trabajar correctamente, 7.2 billones, buscan, como mínimo, llegar a un incremento de 2 billones. Pero, por el momento, no está asegurado el consenso entre los bloques que responden al Gobierno, que busca trabajar internamente con los aliados en los próximos días.
El miércoles pasado, desde la presidencia de la cámara baja, a cargo de Martín Menem, convocaron a una conferencia de prensa en la que se esperaba un anuncio sobre quita de fondos de obras públicas a las provincias para dirigirlos a las 62 universidades que hay en el país. Sin embargo, nada de eso pasó. La convocatoria fue suspendida, algunos alegaron que fue por la salida de la excanciller Diana Mondino, pero la versión más fuerte fue el enojo del bloque del PRO, que no estaba enterado de la actividad. “Nos mexicanearon”, sostienen desde la bancada que dirige Cristian Ritondo. Desde hace días, el exministro y presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, mantenía conversaciones con rectores de distintas universidades para intentar alguna mejora en el Presupuesto, tratando de conseguir fondos de otros sectores y sin afectar el equilibrio fiscal
Algunos de los aliados consideran que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, “se mandó solo” y no se comunicó con sus colegas del bloque amarillo, que el martes tuvo la visita del expresidente Mauricio Macri. Más allá del enojo por no ser consultados, aún no está definido si el PRO acompañará la decisión de tocar los fondos de los partidos políticos. Algunos creen que se trata de una idea discursivamente buena (sacarle plata a la casta para darle a las universidades), pero que en el fondo el oficialismo sabe que no tiene los votos para concretarlo.
En cuanto a las PASO, el mismo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió: “no nos dan los números”. En las primarias de 2023, el gobierno de Alberto Fernández dispuso 1.755 millones de pesos, divididos en 650 para la categoría a Presidente/Presidenta y la misma cifra para diputados y diputadas nacionales. En el caso de senadores y senadoras fue de 325 millones.
Con respecto al Fondo Partidario Permanente, en el Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo dispuso alrededor de 455 millones de pesos, que sumado a sanciones y remanentes del ejercicio anterior ascendió a 1.162.547.211 de pesos. Es dinero que va dirigido al desenvolvimiento institucional de las agrupaciones, el 20% se distribuye entre todos los partidos de forma igualitaria y el 80% restante se asigna de manera proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido. El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo que se trata de une medida “para la tribuna” que el Gobierno juega con “un ancho falso”. “El sostenimiento de los partidos políticos (establecido por la Constitución) son ‘dos mangos’, unos $3.624mm – fondo partidario permanente y capacitación- que representan el 0.12% del presupuesto total de las universidades”, escribió en su cuenta de la red social X.
Mientras tanto, rectores de distintas universidades del país mantienen reuniones con legisladores opositores y oficialistas para tratar de conseguir un número que se acerque a lo que necesitan para garantizar las clases el próximo año. El martes el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sacó un comunicado en el que exige “un presupuesto adecuado para el 2025” y pidieron que con “urgencia se tome como parámetro lo que se requirió” para “contar con una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario, garantizando un plan de recomposición y recuperación salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes, el funcionamiento de los espacios de formación, de producción científica y tecnológica y el desarrollo de líneas de extensión”. La semana pasada, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, desmereció el pedido del CIN: “Hace lo que quiere y presentó ese proyecto de hiper expansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula”.
El ataque de la SIGEN a la UBA
Por fuera del debate parlamentario, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) continúa con su fijación hacia la Universidad de Buenos Aires. El miércoles pasado, presentó una cautelar ante la Justicia para que la casa de altos estudios aporte “documentación referida a la utilización de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo″. El escrito fue firmado por el titular del organismo, Miguel Blanco, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, (quién semanas atrás emitió un dictamen para que las universidades nacionales vuelvan a ser auditadas por la SIGEN como era hasta 2022) y quedó en manos del juez Edgardo Walter Lara Correa. La decisión de la administración de LLA se dió después de la denuncia de la UBA por el “intento de intervención” del Gobierno y del pedido de “acción declarativa de certeza” para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla.
El jueves, una comitiva de la SIGEN encabezada por Blanco estuvo en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) junto a su rector, Daniel Martínez. Si bien desde el Ministerio de Capital Humano comunicaron que se trata del “inicio de las tareas de auditoría a las universidades nacionales”, desde la casa de altos estudio indicaron que la visita de síndico tiene que ver con un Acuerdo Marco firmado por el CIN, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la SIGEN en noviembre del 2023, es decir que fue previo al dictamen de Barra. Adhirieron 26 universidades y tiene que ver con el asesoramiento técnico para auditar en temas como Gestión integral administrativa del Sistema de alumnos y Rendición de cuentas de fondos nacionales transferidos por SPU, pero que no están incluidos los fondos asignados directamente por Congreso Nacional.
