El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Correa, le ordenó al Gobierno este viernes que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, continúe con la entrega de alimentos a comedores. Esta sentencia fue resultado de un amparo colectivo que presentó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera el dirigente social Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El fallo -al que accedió LA NACION– le pidió a la administración libertaria que “garantice el abastecimiento adecuado de alimentos de los grupos vulnerables” y que se informe mensualmente sobre los programas de distribución de comida.
De esta manera, el juez le requirió a Pettovello “acompañar todos los convenios suscriptos por el Ministerio de Capital Humano con los distintos estamentos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de todos los programas alimentarios vigentes con las distintas jurisdicciones, informar la parte demandada las políticas públicas que ejecuta en coordinación con los estados provinciales, en este sentido, detalle en qué consiste la intervención de cada una de las jurisdicciones en la ejecución de las acciones positivas, identificando la cantidad de personas alcanzadas y toda la información que considere pertinente para ilustrar sobre lo requerido e informar las decisiones que se adopten en el seno del Consejo Federal de Desarrollo Social vinculadas y atinentes al derecho a la alimentación”.
La sentencia responde a una demanda del CELS en representación de comedores y merenderos que en estos meses no recibieron ningún tipo de asistencia alimentaria por parte del Gobierno. A su vez, la cartera de Pettovello deberá “presentar mensualmente un informe que de cuenta sobre el grado de realización de los objetivos previstos por las políticas públicas en materia de alimentación, identificando la cantidad de personas alcanzadas por las políticas públicas, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.
En diciembre, la cartera de Capital Humano decidió auditar el sistema de comedores para eliminar a los “intermediarios”, en alusión a las organizaciones sociales. Así, se cambió el sistema de asignación de fondos, lo que aún está en proceso. Esto ocasionó el cierre de cientos de comedores en el país porque se cortó la asistencia de alimentos. Más adelante, se reactivó la distribución de la mercadería en manos del Gobierno a través de organizaciones religiosas tras varias demandas y allanamientos por alimentos retenidos en depósitos.
Pasados meses de esa medida, desde esa cartera afirmaron a LA NACION que hoy “se asiste a un total de 4.325 comedores y merenderos, de los cuales 1.358 pertenecen al AMBA”. Ante la pregunta de si el relevamiento del Registro Nacional de Comedores terminó, contestaron que aún continúa. En concordancia con la política que plantearon de eliminar intermediarios, indicaron que a los que han sido ratificados se le da una tarjeta prepaga para que puedan comprar ellos mismos de acuerdo a la cantidad de personas que asisten. Se les da lo que equivale a una canasta alimentaria básica de alimentos. Ese programa dinámica fue instaurada a través del programa Alimentar comunidad. “Preferimos no dar alimentos, que los comedores compren lo que necesiten y que las personas coman en sus casas, no en esos lugares”, explicaron.
