La ONG Bases Republicanas presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal porteña para insistir con su planteo y apartar al fiscal Guillermo Marijuan de la causa conocida como “La ruta del dinero K”, luego de que su pedido fuera rechazado por el juez federal Sebastián Casanello. Una resolución que la ONG calificó de “arbitraria”.
“[Es] manifiestamente arbitraria la resolución que denegó el recurso de apelación en cuestión, por carecer de apoyo normativo y violar el debido proceso legal. Corresponde que sea dejada sin efecto”, señalaron en el escrito.
En noviembre pasado, el fiscal Marijuan entendió que no había elementos suficientes para seguir investigando a Cristina Kirchner en ese expediente y dictó su sobreseimiento. Casanello acompañó la decisión, pero la Cámara porteña dio marcha atrás y pidió continuar investigando.
“[Marijuan] no solamente mantuvo el criterio de solicitar el sobreseimiento de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner sin evaluar la prueba que V.E. [por la Cámara de Apelaciones] indicó en la resolución del 28 de noviembre de 2023 […] sino que además se refirió a tales resoluciones y a la querella con términos peyorativos e insultantes”, señaló la organización en el escrito que presentó este jueves.
Bases Republicanas, una organización integrada por exfuncionarios del macrismo, que quedó como querellante y única impulsora de la causa, recusó al fiscal en primera instancia por pérdida de objetividad, pero Casanello rechazó in limine el planteo por improcedente.
“La recusación es un instrumento previsto para objetar a aquél que se considera que alberga un interés por fuera de lo que es su función”, remarcó el juez, y más adelante, en alusión a Marijuan, afirmó: “No hay ningún elemento indicativo de una actuación atravesada por intereses contrarios a su función”.
Por ello, Bases Republicanas acude ahora a la Cámara de Apelaciones, la cual habilitó el ingreso como querellante de la asociación en la causa, luego de que Casanello le negara su participación en primera instancia.
“El rechazo in limine de la recusación presentada respecto del fiscal Guillermo Marijuan por pérdida de objetividad, causa un gravamen irreparable porque el Ministerio Público fiscal es un órgano principal para el desarrollo del proceso penal”, indicó la ONG, representada por la abogada Valeria Viola.
“El planteo no puede ser reeditado en otra instancia del proceso y la actitud del Fiscal del caso, con las consecuencias apuntadas y la agresividad demostrada respecto de esta parte aparece como definitiva, de manera que el agravio deviene irreparable”, se lee en el escrito.
Los cuerpos de este expediente se mueven en distintas velocidades: la condena a 10 años de prisión, por lavado de dinero, al empresario patagónico Lázaro Báez fue confirmada por la Cámara de Casación en febrero del año pasado, pero la participación de la exvicepresidenta en esta maniobra puntual no supera el grado de la “sospecha”, según dijo Marijuan en su dictamen. No obstante, con el ingreso de Bases Republicanas como querellante, esto sigue siendo objeto de tironeos interpretativos entre las partes.
La ONG parte de la premisa de que buena parte del dinero que Báez giró al exterior y por el cual fue condenado (55 millones de dólares) provendría de los contratos irregulares en la obra pública de la provincia de Santa Cruz que, entre 2003 y 2015, con Néstor y Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo, fueron adjudicados al conglomerado empresarial de Báez. Estos hechos se investigan por separado en la causa conocida como vialidad.
En septiembre, la sala I de la Cámara –con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– reabrió la investigación sobre el rol de Cristina Kirchner en esta operación.
“V.E. [por la Cámara] ha sido contundente –señala la ONG– en dos oportunidades sobre las falencias del dictamen por el cual desistió de ejercer la acción al requerir el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y en señalar que debe revisarse integralmente la pertinencia de ese apartamiento voluntario del proceso, aspecto que el Fiscal ignoró y se limitó a descargar su frustración contra la querella”.
“En ese cometido, el nombrado Fiscal ha sido peyorativo y descalificó la actuación de esta querella, que trató de ‘pseudo-querella’, demostrando una evidente pérdida de objetividad”, remarcó la organización.
