El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó una resolución en la que manifestó su “profunda preocupación” con la decisión que tomó la dictadura venezolana de Nicolás Maduro de ordenar la captura internacional de jueces y fiscales argentinos que actuaron en causas judiciales que involucran a ese régimen. El bloque kirchnerista se abstuvo de votar la condena.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Sebastián Amerio, propuso que el organismo se exprese sobre esa situación. El Consejo es el encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial, como una de las cabezas de la justicia. La resolución manifiesta su “profunda preocupación con la decisión del gobierno de Venezuela” y ratificó “la defensa de la independencia judicial y la eficaz prestación del servicio de justicia”.
El bloque del kirchnerismo en el Consejo se abstuvo de acompañar la votación. El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade explicó que en el organismo no había ninguna información oficial sobre los pedidos de detención y que solo contaban con lo que había salido publicado en los medios de comunicación y señaló que había que pedir información a Cancillería y a Interpol para conocer el estado del caso. “A mí no me cae muy bien Maduro pero no podemos votar sin haber leído nada. Probablemente sea todo ilegal pero no tenemos ningún papel sobre el caso”, sostuvo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó públicamente a principios de mes en conferencia de prensa que el país pidió órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens y los fiscales José Agüero Iturbe, Diego Iglesias, Cecilia Incardona y Carlos Stornelli. La lista de personas buscadas se extiende al diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher, y a Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.
Lo hizo al responsabilizarlos por su actuación en las causas por el avión venezolano-iraní que llegó al país en 2022, fue investigado por supuestas acciones de inteligencia y luego remitido a los Estados Unidos y por la causa en la que la Cámara Federal de Comodoro Py ordenó la detención de Maduro y otros integrantes de su gobierno por delitos de lesa humanidad que no se investigaron en ese país.
La decisión ya había tenido el repudio de entidades internacionales y locales de justicia. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por los Estados ´tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico´”, sostuvo la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).
La entidad internacional, que preside el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, le solicitó al fiscal general de Venezuela “facilitar el acceso a la información de la causa judicial en las que se habrían dictado las medidas de detención de los magistrados y fiscales de la República Argentina”.
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, expresó su “mayor repudio” a las órdenes de detención y a las expresiones del fiscal general de Venezuela que “descalificó de manera grosera y agresiva -entre otras- a las instituciones judiciales argentinas, lo que constituye una injerencia indebida a los principios de la soberanía de los estados”.
