CÓRDOBA.- El Tribunal Federal Oral 1 de Córdoba rechazó la oferta de reparación integral del perjuicio con la que pretendían eludir un juicio los sindicalistas Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catambrone, Juan Manuel Kraindbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado y Daniel René Ayerbe, todos acusados de asociación ilícita, defraudación y usura. Saillén y Catrambone son referentes del Sindicato de Barrenderos y Recolectores de Córdoba (Surrbac). Ofrecieron por escrito pagar US$750.000 en concepto de “reparación integral del daño” a cambio del sobreseimiento o perdón judicial para todos.
Tanto el fiscal federal general Maximiliano Hairabedián como el de instrucción Enrique Senestrari se opusieron al pedido de los acusados. El tribunal, integrado por los jueces federales Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, resolvió este martes suspender el trámite de la causa “hasta tanto se complete la investigación por lavado de activos” y se pueda fijar una audiencia de debate para el juzgamiento integral.
Hairabedian fundamentó su negativa en la “complejidad de la causa, su trascendencia pública y en la existencia un interés público en que haya una sentencia que establezca la verdad de lo sucedido”. Alegó también que en este tipo de causas existe “un punto central en materia de criminalidad económica, el cual se centra en la prevención del lavado de activos”.
En noviembre de 2019, la Justicia Federal ordenó el procesamiento de todos los involucrados por presuntas maniobras realizadas con dinero de la mutual, el gremio y la obra social. La Justicia tomó la resolución basándose en una inspección realizada por el Inaes, de la cual surgió que desde marzo de 2014 la mutual del Surrbac en Córdoba (Amsurrbac) realizaba operaciones de préstamos financieros a sus asociados “sin contar con un reglamento, ni la autorización pertinente para aplicar descuentos directos sobre los salarios del personal”.
También se tuvieron en cuenta tres informes contables practicados por los interventores judiciales de mayo, junio y julio de 2018, que establecieron que las tasas de interés “por los empréstitos eran excesivamente elevadas” y “no eran informadas a los destinatarios”. El informe arrojó además que “las cuotas mensuales eran descontadas en forma directa de los salarios figurando en un rubro genérico de ‘consumos de mutual” y que “no se dejaba constancia documentada del préstamo”.
La fiscalía sostuvo que los “préstamos”, “ayudas” y “mutuos” otorgados por la mutual eran usurarios y extremadamente perjudiciales para los que los solicitaban.
Por el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal debería designar a un cuarto juez porque se trata de una causa compleja. La discusión seguramente insumirá lo que resta del año y, si se inicia el juicio, será en 2025, cuando el presidente Díaz Gavier se debe jubilar, ya que el 11 de mayo cumple 75 años.
En septiembre de 2021, tanto la fiscalía como la querella -la Unidad de Investigación Financiera (UIF)- pidieron la elevación a juicio de la causa por la que estuvieron detenidos Saillén y Catrambone. En ese momento se estableció que el perjuicio podría llegar a $150 millones.
El Surrbac -cuyos líderes eran aliados de Hugo Moyano, con quien se enfrentaron hace algunos años- está intervenido desde noviembre de 2019 para “normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos y contabilización informal o paralela”. Estas irregularidades les permitieron a los principales acusados que sus familias se hicieran de “un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad”.
