Desde que asumió en el ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello hizo del anuncio de auditorías y presentación de denuncias penales contra organizaciones comunitarias y el gobierno anterior una bandera para justificar el recorte de políticas sociales. Sin embargo, el propio Poder Judicial empezó a dejar al desnudo esa estrategia y a cuestionar las imputaciones por estar infundadas.
PAPELON 1: “COPY & PASTE”
Después de analizar un extenso dictamen del fiscal Franco Picardi, en un fallo de principio de mes que pasó inadvertido, el juez federal Ariel Lijo archivó una de las primeras presentaciones judiciales de la ministra que cuestionaba a la exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en gestiones anteriores por supuestos “desembolsos sin control” y desvíos de fondos destinados a Espacios de primera infancia. Picardi había notado –como reveló Página/12– que los abogados de Capital Humano habían hecho “un confuso copy & paste” de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que contenía simples observaciones administrativas sobre rendiciones de cuentas, que incluso habían sido subsanadas. Para colmo, no decían que era un análisis de la Sigen: presentaban el material como si fuera fruto de hallazgos propios en “gestiones, auditorías e investigaciones”. Según el magistrado, no había ningún delito para juzgar.
El fiscal Picardi se había dedicado a revisar uno por uno los hechos denunciados en una presentación que firmaban, entre otros, la abogada Leila Gianni, quien tuvo que dejar Capital Humano días atrás después de una larga pulseada con la propia ministra. Gianni había tenido apariciones en tono de escándalo en busca de notoriedad en los expedientes de la cartera de Pettovello. En su reconstrucción, el fiscal se encontró con que el ministerio había entregado “información parcial y segmentada” de los casos. Anunciaban 14 hechos con irregularidades en la rendición de cuentas por fondos recibidos en centros de primera infancia, pero en realidad los hechos eran 10, y tampoco eran delictivos.
Peor: la descripción eran copias textuales uno del otro, con algunos cambios en los subrayados y destacados. Los Espacios de Primera Infancia fueron creados durante el macrismo con la tarea de dar estimulación, alimentación y atención a la salud de niños/as desde los 45 días hasta los 4 años.
La cartera de Pettovello le había anunciado a la fiscalía que entregaría sus “actuaciones, auditorías, tareas, relevamientos”, pero nunca proporcionó nada. Picardi advirtió que eran reportes de la Sigen que, en efecto, habían auditado la Secretaría de Niñez y en particular el programa de promoción y asistencia a Espacios de Primera Infancia.
La Sigen había hecho recomendaciones para mejorar el programa “pero no advirtió situaciones de relevancia jurídico penal”. Incluso después de la última auditoría en 2023 (el trabajo analizaba desde 2017) señaló que se habían implementado “medidas correctivas a fin de subsanar diversas observaciones formuladas”.
El juez Lijo avaló íntegro al fiscal Picardi que desechaba la investigación. Fue categórico: “Ninguna de las diligencias practicadas permitió dar sustento a la hipótesis denunciada o siquiera acercar algún elemento que brindara razones para proseguir con la investigación”.
PAPELON 2: EXCUSAS PARA NO ALIMENTAR
Es conocido que el gobierno de Javier Milei decidió interrumpir la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios, en especial a aquellos que están ligados a organizaciones sociales, apenas desembarcó en la Casa Rosada. Esto derivó en dos tipos de reclamos judiciales: uno penal, a cargo del juez Sebastián Casanello, que se inició por una denuncia de Juan Grabois (Argentina Humana), y otro en el fuero contencioso administrativo, que tramita el juez Walter Lara Correa. Este último es un amparo donde varias organizaciones e incluso una defensora de niños, niñas y adolescentes plantean que desde el Estado se ha violado y se sigue violando el derecho a la alimentación. El Ministerio de Capital Humano sostiene como justificación su muletilla de que no entrega fondos ni comida a ciertos espacios porque descubrió anomalías en su auditoría y a raíz de eso hizo una denuncia penal. La cartera habla de “comedores fantasma”, o sea, que supuestamente no existen. La causa está a cargo también del juez Lijo, y en este caso el fiscal es Ramiro González.
Al igual que con el caso de los centros de primera infancia, Pettovello había procurado que la denuncia fuera ampliamente difundida por los medios para instalar la idea que por lo menos la mitad de los comedores que aparecen en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) no funciona o no existen y son un invento de activistas sociales para enriquecerse. No decía que muchos cerraron o atienden en forma esporádica por la falta de mercadería. Ni que el RENACOM es un registro abierto (cualquiera puede ingresar y anotarse) y provisorio. Ni explicó las 5.000 toneladas de mercadería acopiada en sus galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán). Antes de la feria judicial de invierno, el juez Lara Correa dictó una medida cautelar y ordenó que el Estado, a través de Capital Humano, garantice el derecho a la alimentación a quienes asisten a los comedores populares.
El amparo está cerca de llegar a una sentencia. Lara Correa subroga el juzgado que tiene este caso hasta fin de este mes. El Ministerio de Pettovello dice que si a algunos espacios aún no les entrega comida o fondos, es por la causa judicial de los “comedores fantasma”. Ante esto, Lara Correa pidió información en la fiscalía que interviene en Comodoro Py. En una pequeña resolución, el juez contencioso dejó en claro que la respuesta fue que no hay ningún delito ni irregularidad identificado al menos hasta ahora. Reseña allí que se comunicó “telefónicamente con el instructor de la causa ante esa fiscalía, quien” le “manifestó que” Capital Humano sigue “presentando documentación” (la causa se abrió en mayo) y que “no se había adoptado ningún temperamento respecto de persona alguna ni se dispusieron medidas relevantes”.
Frente a esto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a comedores y organizaciones, señaló: “mal puede pretender el demandado alegar como excusa para incumplir sus obligaciones en materia de protección del derecho a alimentación” que existe ese “proceso penal” donde ni siquiera hay imputados. Pero, además, sostiene que queda demostrado por la información y la documentación entregada por Capital Humano mismo “que se ha vulnerado el derecho a la alimentación y el incumplimiento de la obligación de no regresividad en relación con el derecho a una alimentación adecuada del colectivo que representamos”.
