La Justicia allanó hoy por presunto lavado de dinero la tercera obra social más grande del país. Se trata de Osprera, a cargo del jefe de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. Por este motivo, en el Gobierno hablaron de “serias dudas” sobre el manejo del dinero.
Pero no fueron funcionarios sino un dirigente del mismo gremio en La Plata quien denunció a Voytenco y señaló que lleva una vida con “lujos que no se condeciría con la actividad sindical”.
Tal cual se desprende del texto presentado a la Justicia, el denunciante, Marcelo Andrada, que es el secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido al secretario general del sindicato a nivel nacional, Voytenco, y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados. LA NACION le escribió y llamó varias veces a Voytenco, así como a sus representantes, para conocer su versión de los hechos pero ninguno contestó.
La Justicia investiga el supuesto lavado de activos. En consecuencia, aplicó la estrategia del “follow the money” (sigue al dinero) y ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco. En relación a sus ingresos, fuentes oficiales indicaron que registraba ingresos por $14.005.643, en calidad de presidente de Osprera.
La denuncia pide investigar el flujo de dinero a través de tres posibles entradas: su obra social, Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y los contratos con empresas por los seguros por sepelios. A propósito de esta última, lanzó la acusación de “posibles retornos de dinero en efectivo” de parte de compañías también vinculadas al fútbol de primera división.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, puso la lupa sobre la obra social y no sólo dispuso allanarla sino también suspendió a todo su directorio y resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura”. Además, el juez le requirió al organismo que depende del Ministerio de Salud elaborar un informe sobre “los libros de actas del directorio de la Osprera, los inventarios y balances, y las operaciones realizadas”. Es decir, le solicitó analizar qué pasó con el dinero.
“La Justicia decidió avanzar en la obra social porque es lo más visible, los afiliados querían atenderse y no podían”, analizó uno de los representantes que impulsa la denuncia. Además, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a posicionarse dentro de Osprera luego de la frustrada intervención que intentó realizar en agosto. De hecho, mediante la Resolución 1612/2024 publicada hace casi dos meses en el Boletín Oficial, el organismo había dispuesto el desembarco de sus propias autoridades. Sin embargo, dos semanas después, la gestión de Voytenco celebró un fallo judicial que le devolvió el manejo de la obra social y dejó inactiva a la decisión del Gobierno.
Con esta nueva decisión judicial, el Gobierno podrá meterse en lo que catalogaron como “la caja negra” de Osprera. En la resolución de la frustrada intervención ya había volcado números que, según analizaron funcionarios, generaban “serias dudas” sobre el manejo de fondos millonarios y, en efecto, justificaba la decisión de desplazar a las autoridades de Voytenco en la obra social.
La Superintendencia de Servicios de Salud describió a la entidad como una organización “quebrada” pese a las transferencias que recibió del Estado. En total absorbió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascendieron a $43.949.000.000 hasta agosto. De ese déficit, hay $1.500 millones que deberían haber sido pagados a hospitales públicos descentralizados. “Parece raro que no hayan podido normalizar sus deudas”, sostuvo un representante del Gobierno que trabajó en la corta intervención que realizaron en Osprera.
Según datos cargados en el Registro Nacional de Amparos en Salud, se observan 172 acciones judiciales contra Osprera por falta de entrega de medicamentos y problemas en la prestación de servicios como cirugías, prótesis y otras prestaciones médicas. En paralelo, el Gobierno afirmó que “en la última auditoria social realizada -correspondiente al período 2022/2023- se identificaron 16.410 reclamos que beneficiaros de la obra social formularon en todo el país”.
En su momento, la gestión de Voytenco había catalogado a la intervención del Gobierno como “un disparate” que respondía a “favores políticos”. En consecuencia, describieron un derrotero en la historia del gremio, y del manejo del dinero actualmente investigado, que involucra a un diputado libertario, así como también una anterior acción judicial.
Osprera fue intervenida por la Justicia en marzo de 2023. En aquel entonces, un juzgado federal de La Pampa dispuso esa medida después de episodios violentos asociados a una puja por el control de su caja. De hecho, dicha disputa incluyó al asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, en ese momento vicepresidente de la obra social y opositor a Voytenco. Ansaloni actualmente se desempeña como diputado de La Libertad Avanza.
La intervención de la Justicia le quitó a Uatre la administración de Osprera, en ese entonces bajo tutela de Ansaloni, y se la devolvió al sindicato, es decir a la facción de Voytenco, en julio de este año, según detallaron. Por esta razón, rechazaron ser responsables de la deuda multimillonaria, así como también de la absorción de fondos públicos.
“La sospecha es que la determinación (del Gobierno por la nueva intervención) está digitada políticamente”, señalaron desde la facción de Voytenco, a propósito del vínculo entre el Poder Ejecutivo y Ansaloni, quien disputó la mencionada interna violenta. Este último negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión al frente de la obra social.
“En el año de intervención que estuvo en manos de la Justicia de La Pampa realizaron este despilfarro de los aportes de los trabajadores”, respondió el diputado libertario ante la consulta de LA NACION.
Sobre los $26.090 millones que Osprera recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Es decir, el período de tiempo de la pasada intervención judicial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que la obra social había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social.
Pero no todos los fondos se movieron el año pasado. La mayor parte de ellos, los $22.740 millones que recibió del Fondo Solidario de Redistribución, corresponden al período conformado entre mayo de 2020 y mayo de 2024, que incluye a la gestión del ahora libertario Ansaloni. Desde el área de salud indicaron que Osprera “nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances”.
