La derecha de buenos modales que encarna el presidente Luis Lacalle Pou atraviesa sus últimos meses en el gobierno uruguayo. Un balance de su gestión deja, como en todo mandato de una fuerza política de su signo – el Partido Nacional – un déficit claro en materia social y económica para las mayorías. Lo demuestran los porcentajes de aprobación en el electorado que votará este domingo por su sucesor. El mandatario con perfil de yuppie, reconocido surfista y segundo jefe de Estado en una familia acomodada de Montevideo, se está retirando con casi 20 puntos menos de imagen positiva que en 2020, cuando su país atravesó la pandemia. Según la encuestadora Cifra, bajó de aquel 63 por ciento al 45% actual.
Comparado con la aprobación que tuvieron gobiernos de expresidentes del Frente Amplio, como Tabaré Vázquez en su primer mandato de 2009 y José Mujica en 2014, Lacalle Pou tiene su índice bastante por debajo. Una de las críticas más categóricas se la formuló el Pepe. “Estuvo cuarenta meses sin aumentar los salarios”.
Pero además, en la columna del debe aparecen los problemas previsionales que no resolvió y que también este domingo 27 se definirán en un plebiscito. La ley de reforma jubilatoria vigente afecta a un millón de trabajadores que en el futuro percibirán menos salario, seguirán en el sistema hasta los 65 años y tendrán dificultades para retirarse. En el sector activo, quedarán medio millón de asalariados cuyo ingreso está por debajo de los 500 dólares. Un cuadro de situación que no es ajeno a otras naciones vecinas.
El gobierno de Lacalle Pou también endeudó al Uruguay en 15 mil millones de dólares más y cedió recursos vitales de la economía como el manejo del puerto de Montevideo. Una multinacional belga, Katoen Natie (KN), se lo adjudicó por sesenta años. Fue la entrega de un sector vital, dada la importancia estratégica que tiene para la vida de todos los uruguayos desde hace siglos. Sectores de la oposición tildaron la decisión de “neocolonial”.
Los puntos de aprobación que perdió el presidente desde 2020 son casi los mismos que hoy le lleva de ventaja el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, a su delfín político: Álvaro Delgado. Enojado con sus políticas sociales, cuando Mujica lo cuestionó por no incrementar los ingresos de la clase trabajadora, agregó una de sus frases de cabecera: “Nosotros tuvimos defectos, pero hay una filosofía distinta: repartimos para abajo y estos reparten siempre para arriba”.
Las decisiones socioeconómicas que tomó el gobierno de la Coalición de derecha, le devolvieron al Frente Amplio una expectativa muy sólida de regresar al gobierno. En 2019 Lacalle Pou salió segundo en la primera vuelta. Solo gracias al apoyo de los partidos Colorado, Independiente y de la Gente más la fuerza de extrema derecha de Cabildo Abierto, logró acceder a la presidencia en un desenlace reñido con el candidato Daniel Martínez del FA. Su porcentaje de votos se elevó y en el primer año de la pandemia mejoró su imagen por la política sanitaria. Aún hoy, en materia de Salud es donde mejor queda parado si se desagregan los datos de las encuestas.
Otra cuestión que se le reprocha es la falta de seguridad por el aumento de los delitos. En Uruguay subieron durante su mandato por el narcotráfico. Los índices de contrabando de cocaína llevaron a que el gobierno le pidiera colaboración a Estados Unidos. La DEA se había retirado en 2019 y ahora volvería a ocuparse de la problemática, como anunció la embajadora de EEUU en Montevideo, Heide Fulton. Eso sí, lo haría mediante el envío de un delegado a Buenos Aires “para centrarse específicamente en Uruguay”, declaró la diplomática.
A propósito del tráfico de drogas, Lacalle Pou quedó salpicado por el escándalo del narco uruguayo Sebastián Marset. Su gobierno le otorgó un pasaporte cuando estaba prófugo de la Justicia y con pedido de captura de Interpol. Funcionarios de la Coalición cayeron en contradicciones y mentiras. El canciller renunciante Francisco Bustillo llegó a decir cuando fue interpelado en el Congreso el 22 de agosto de 2022 que desconocía quién era el jefe del Primer Cartel Uruguayo (PCU). Incluso comentó: “es uno de los tantos futbolistas que hay por el mundo”. Una verdad risible, pero a medias. Marset había jugado en dos clubes con identidad falsa, uno de Paraguay y otro de Bolivia, y esa exposición pública lo perdió.
Lacalle Pou también fue afectado por el escándalo de su jefe de seguridad, Alejandro Astesiano, imputado por tráfico de influencia y espionaje a líderes opositores y que terminó preso. Hoy ya está libre bajo el régimen más benigno de libertad a prueba.
En política internacional, el presidente – como varios políticos que antes llegaron a su cargo – hizo equilibrio entre los dos gigantes de América del Sur: Brasil y Argentina, que tienen gobiernos de signo opuesto. En una entrevista de hace cuatro meses para la CNN en Chile, evitó compararse con el ultraderechista Javier Milei. También con Nayib Bukele y su política de seguridad, de la que dijo: “No es un modelo para Uruguay”.
En marzo de 2025 Lacalle Pou dará las hurras porque la Constitución le prohíbe la reelección y ya adelantó que no piensa volver a presentarse en los comicios de 2029.
