El último informe del Índice de Estado de Derecho 2024, elaborado por World Justice Project (WJP), trajo tanto avances como retos importantes para Colombia. Aunque el país logró escalar tres posiciones en comparación con el año anterior, ubicándose en el puesto 91 a nivel mundial entre 142 países, y mejorando su situación en algunas áreas clave, la radiografía general sigue señalando desafíos que deben ser abordados con urgencia.
Una de las áreas donde el informe destacó avances positivos es en la categoría de Gobierno Abierto, donde Colombia obtuvo una puntuación de 0,62, una de las más altas de la región. Este puntaje reflejó que el país mejoró en aspectos como el acceso a la información pública y la participación ciudadana en procesos democráticos. Se resaltó que los ciudadanos tienen mayor acceso a las leyes y los mecanismos de participación que permiten ejercer sus derechos de manera más efectiva. Además, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno también es vista como un factor que fortaleció la relación entre los ciudadanos y las instituciones. Sin embargo, este avance no es suficiente para compensar las deficiencias en otras áreas.
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Otro aspecto donde el país mostró resultados positivos fue en Orden y Seguridad, con una puntuación de 0,53. En esta categoría, WJP señaló que Colombia tiene una relativa capacidad para manejar conflictos cívicos y mantener el orden en contextos de protestas y movilizaciones sociales. No obstante, el informe también hizo hincapié en que el control del crimen sigue siendo un área pendiente. Los altos índices de criminalidad, especialmente en zonas rurales donde persisten problemas relacionados con el narcotráfico y grupos armados, siguen siendo un desafío significativo para la gobernabilidad y la seguridad en el país.
A pesar de estas mejoras, el informe resaltó que Colombia enfrenta serios problemas en áreas como la Ausencia de Corrupción, donde el país obtuvo uno de los puntajes más bajos, con 0,39. Aquí, se señaló que la corrupción sigue siendo un flagelo que afecta a diversos sectores del gobierno, especialmente en los poderes ejecutivo y legislativo.
World Justice Project advierte que el aprovechamiento de los recursos públicos para beneficio privado es una práctica común entre algunos funcionarios, lo que sitúa a Colombia en los preocupantes puestos 103 y 134 a nivel global en estas áreas, respectivamente. Este mal manejo de los recursos públicos no solo afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones, también representa un obstáculo para el desarrollo económico y social del país.
La Justicia Penal es otra área crítica señalada por el informe. Con una puntuación de 0,32, Colombia muestra deficiencias claras en su sistema investigativo y en la aplicación efectiva de la justicia. El informe destacó que el sistema judicial colombiano carece de eficiencia en la investigación de delitos, lo que provoca que muchas investigaciones no lleguen a juicio o se retrasen de manera indefinida. Esto genera impunidad, al tiempo que socava la confianza en el sistema judicial. Además, el informe señaló que los esfuerzos del sistema correccional para reducir la reincidencia criminal son insuficientes, lo que se reflejó en los altos niveles de violencia y criminalidad que continúan afectando al país.
Si bien Colombia mostró avances importantes en algunas áreas del Estado de Derecho, aún enfrenta grandes desafíos que requieren un compromiso más profundo por parte de las autoridades. El control de la corrupción y la mejora en la eficiencia del sistema judicial son aspectos fundamentales que deberán ser abordados si se quiere consolidar un sistema más justo y equitativo en el país.
El Gobierno deberá enfocar sus esfuerzos en estas áreas de mejora si se quiere que Colombia continúe ascendiendo en este importante índice, que no solo mide el funcionamiento de la justicia, también es un indicador crucial para la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación.
