Una premisa sagrada del credo de Javier Milei es que la economía debe estar sometida a normas impersonales. Por eso él afirma muy a menudo que la intervención del Estado entraña una perversidad intrínseca. Contamina con el germen de la arbitrariedad lo que debería obedecer sólo a reglas generales. El fervor con que el oficialismo abraza este criterio hace que se vuelva más llamativa la frecuencia con que lo pone en suspenso. El paso del tiempo va dejando al descubierto incoherencias muy difíciles de disimular. Sobre todo en una materia frente a la cual La Libertad Avanza se muestra hipersensible: la recaudación de impuestos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó el lunes pasado que el Gobierno había decidido eliminar la exención del IVA a los medios de comunicación. Adorni calculó que, de ese modo, el fisco dejaría de resignar 234.000 millones de pesos. Un cálculo elaborado por la Secretaría de Hacienda que para algunos actores del mercado resultaría algo exagerado.
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El primer reflejo ante cualquier medida oficial relacionada con excepciones tributarias es comparar con el régimen de protección de Tierra del Fuego, un homenaje a la irracionalidad del que se beneficia un selecto club de importadores de electrónicos. El Presidente aseguró en 2022 que ese sistema era una agresión a los argentinos de bien. Unos meses más tarde, cuando ya había ingresado en la campaña electoral, corrigió esa impresión. Dijo que, en realidad, esa ventaja impresionante que se otorga a los ensambladores de la isla es ejemplar y debería ser replicada en todas las provincias. Hacia fines del año pasado, volvió a pronunciarse, con otro argumento: el privilegio para esos empresarios era inevitable porque se trataba de un derecho adquirido.
Más allá de esas misteriosas variaciones, es sorprendente que un economista como Milei, tan interesado en denunciar a la casta y sus prerrogativas, ignore que, además de estar excluidos del pago de tarifas de importación y del impuesto a las ganancias, los beneficiarios de esas excepciones tienen también a favor un resguardo arancelario frente a la competencia de firmas internacionales. Y algo más: un diferencial de impuestos internos que les otorga una prebenda más frente a los mismos productos ensamblados en sus países de origen. Lo más insólito: ese diferencial fue fijado por ley gracias a una propuesta de la administración de Alberto Fernández. Para caracterizar por completo la situación fueguina hay que recordar el detalle más increíble: las empresas radicadas allí cobran el IVA pero no lo transfieren a la AFIP. Se lo quedan. Es lo que se conoce como “liberación” de impuestos. Quiere decir que el régimen de Tierra del Fuego es, en realidad, una lluvia de regalos de la que se benefician, sobre todo, Nicolás Caputo, hermano de la vida de Mauricio Macri, y Rubén Cherñajovsky, sponsor eterno de Daniel Scioli y orgulloso propietario del Carinthia VII, un yacht soñado, de 100 metros de eslora, que se puede alquilar por un canon semanal de 1.400.000 dólares. Una pequeña joya adquirida con la plusvalía que ofrece la isla del fin del mundo. Cherñajovsky se hizo célebre, hace ya décadas, por esta descripción de su oficio, que se le atribuye: “Yo hago negocios con impuestos”. Cuánto que aprender.
Milei tiene derecho a decir que esta extraordinaria deformación es heredada. Y que todavía no está en condiciones de eliminarla, a pesar de los esfuerzos de Federico Sturzenegger por hacerlo. Es cierto que tendría que justificar algunas decisiones de su propia gestión. Los privilegiados de Tierra del Fuego, para no hablar de “casta”, deben contribuir a un fideicomiso creado para estimular inversiones menos artificiales, como las turísticas, madereras o pesqueras. Al llegar al poder, la administración actual tuvo el impulso de revisar ese fideicomiso, para saber si los empresarios que deben aportar a él cumplían con la obligación. Pero al poco tiempo Santiago Caputo, el Mago del Kremlin, que es sobrino segundo de Nicolás, interrumpió esa investigación y puso esa caja en las obedientes manos de Noelia Ruiz, quien se presenta como “la killer de Santi”. Por otra parte, lo de los derechos adquiridos también parecer ser flexible. Porque el mismo Gobierno que se los reconoce a los importadores de electrónicos los acaba de ignorar en el caso de los importadores de telas, un sector liderado por José Lapidus. Fue por una resolución firmada por Pablo Lavigne, un funcionario intachable que, como Sturzenegger, sigue manteniendo la fe en la doctrina económica oficial.
La distancia entre lo que el Tesoro resigna en el ensamblado de electrónicos y lo que cede con la exención al periodismo es impresionante, tal como lo demostró el diputado Juan Manuel López basándose en información oficial. Pero es un detalle cuando se compara la conducta del Gobierno ante otro desaguisado tributario: el que protagonizan los empresarios del tabaco que hacen fortunas siderales eludiendo el pago de impuestos. A la cabeza de todos, Pablo Otero, dueño de tabacalera Sarandí. La primera curiosidad fue el giro copernicano que efectuó La Libertad Avanza en el Congreso entre el primer y el segundo tratamiento de la ley que, propuesta por el propio Poder Ejecutivo, equiparaba a esas empresas con los demás competidores del sector. Todas las versiones indican que la defensa de Sarandí y los demás beneficiarios de medidas cautelares que exceptuaban el pago de un impuesto interno fue encabezada por Cristian Ritondo, el entrañable “Pucho”. Pero fue muy asombroso, cuando el proyecto debió tratarse por segunda vez, los diputados de Milei se plegaron a la posición favorable a Otero. Todas las explicaciones de ese cambio de criterio fueron insatisfactorias. Salvo una: que los tabacaleros interesados en mantener el statu quo sensibilizaron al oficialismo a través de una gestión de Diego Santilli ante José Luis Espert. El problema de esta versión, tan detallada e insistente, es que es inverificable.
Una alianza de diputados de la Coalición Cívica, la UCR, el bloque de Miguel Pichetto y una veintena de peronistas encabezados por Victoria Tolosa Paz consiguió que el proyecto del Gobierno fuera aprobado sin el voto de los legisladores del Gobierno. Aquí se abre otro capítulo, en el que aparece una nueva conducta sospechosa de los funcionarios de Milei. Una de las irregularidades que se le reprochan a los productores de cigarrillos de bajo costo es declarar ante la AFIP un precio inferior al que hay que pagar en los kioscos para adquirir sus productos. La ley que se sancionó este año establece en su artículo 229 que, si el precio declarado es inferior en por lo menos 20% respecto del de venta, no se lo considerará para la fijación del gravamen a pagar. Ese artículo iba a ser reglamentado para que, a través del Indec, se pudiera detectar lo que esos cigarrillos cuestan en los kioscos. Hace un par de meses, las autoridades comunicaron a todas las empresas que esa reglamentación estaba a punto de emitirse, y que sería puesta a consideración de organismos técnicos, como algunos consejos profesionales. Sin embargo, semanas después de ese anunció no se habló más del tema.
Esta demora cobra interés en estos días, con la reforma de la agencia de recaudación. Va a ser muy interesante observar qué empeño pone el nuevo responsable de la DGI, Andrés Vázquez, en definir esa reglamentación. Si se tiene en cuenta que la diferencia entre el precio declarado a la AFIP y el de venta llega en algunos casos al 140%, se concluye que la demora hace que el fisco deje de recaudar una suma de alrededor de 300 millones de dólares por año. En otras palabras: con sólo aplicar una ley ya sancionada, Hacienda podría obtener recursos superiores a los que piensa conseguir aplicando el IVA a la prensa. No hace falta aclarar la diferencia estratégica que existe entre el periodismo y la venta de cigarrillos, si se consideran los beneficios o perjuicios que derraman sobre la sociedad.
En este contexto, la presencia de Vázquez en la nueva agencia tributaria plantea incógnitas muy interesantes. La primera: ¿Caputo el joven ya convenció a Florencia Misrahi, la máxima autoridad de la vieja AFIP, de que firme su designación? A ese antiguo funcionario se lo identifica como un engranaje del aparato de espionaje y negocios de Antonio Stiuso en el sector del comercio exterior. Las informaciones que surgen en las últimas horas de la nueva DGI afirman que él desmiente esa dependencia: “Conozco a Stiuso pero no soy un hombre suyo. A mí me convocó Santiago Caputo pero a través de otro vínculo, una persona radicada en los Estados Unidos”, explicó Vázquez a varios colegas. La eventual relación con Stiuso es relevante porque el exespía trabajó, y acaso lo sigue haciendo, para Otero. Estos enigmas alimentan una incógnita más amplia: ¿se está construyendo un aparato de control del “sottogoverno” con una articulación entre la SIDE y la nueva ARCA? Caputo es el responsable político de las dos agencias. Es una pregunta interesante porque en el organismo de Inteligencia ya existe un puente con el negocio aduanero:
De todos modos, Vázquez no necesita de Stiuso para conocer ese sector. Fue por años el titular de la región sur del conurbano de la AFIP, es decir, la oficina encargada de controlar a Sarandí y otras tabacaleras similares. ¿Es verdad que su primera reunión fue para tratar este problema? No hace falta seguir especulando. Habrá que ver qué política sigue la DGI de ahora en adelante con la deuda que acumuló Otero. También será interesante saber qué actitud adopta el organismo si este empresario decide, como es habitual en estos casos, declararse en convocatoria. Para todo esto habrá que observar las decisiones de los funcionarios del sector Quiebras de la nueva ARCA y, más todavía, el comportamiento de Gustavo Paturlane, el titular de Asuntos Jurídicos. Cuestiones que deberá ir controlando el Mago Caputo. Eso sí: sin que se sepa del todo con qué objetivo.
Milei vuelve a demostrar en estas horas que puede no conocer los códigos de la partidocracia, que ignora los rituales parlamentarios, que carece de experiencia profesional. Pero que tiene un sentido muy agudo del manejo del poder. Y suele exhibirlo en su relación con Macri. El líder de Pro debe tolerar que su aparente asociación con el Gobierno en el área de Energía, con la designación de María Tettamanti en el área, coincida con el instante en que la Casa Rosada resuelve descerrajar un fuerte ataque contra la prensa. Incómoda simultaneidad para el líder del Pro.
Aun así, hay que subrayar la palabra “aparente”. Porque en el mercado energético existen muchas dudas respecto de que Tettamanti exprese la eventual alianza entre La Libertad Avanza y Pro. Es verdad que trabajó para Alejandro Macfarlane en la distribuidora de gas Camuzzi, tan cercana a Macri. Macfarlane es, acaso, el hombre de negocios más próximo a Luis Caputo, el ministro de Economía. Sin embargo, en el sector de la energía sostienen que Tettamanti reemplazó a Eduardo Rodríguez Chirillo como resultado de un “casting” independiente que realizó el coordinador de Energía y Minería Daniel González. Las designaciones que comenzó a realizar Tettamanti, como Fernando Veller o Eduardo Hollidege, confirmarían esta interpretación porque, en un principio, defraudan las expectativas de la Fundación Pensar, que es donde imaginaron el desembarco.
La presunción de que el vínculo entre Milei y Macri sigue siendo complejo tiene una verificación contundente en la política porteña. Allí Karina Milei despliega una iniciativa tras otra para hostigar a Jorge Macri. La hermana del Presidente acaba de promover, a través de Pilar Ramírez, un proyecto de ley que promueve la reducción drástica del estado porteño. Ramírez es la representante de la secretaria general de la Presidencia en la Legislatura. Quedó demostrado la semana pasada, cuando la señora Milei asistió a esa casa para respaldar a uno de los cuatro bloques que representan allí a La Libertad Avanza. Es el presidido por Ramírez. Los otros tres son: el que reporta a Ramiro Marra; el que obedece al diputado Oscar Zago; y el que integran los legisladores de Patricia Bullrich.
El detalle más significativo es que el jefe de Gobierno se enteró de la iniciativa de Ramírez cuando ya se había puesto en marcha. Anoche se comentaba que la novedad motivó una áspera conversación con Karina Milei. No son los primeros chisporroteos. Cuando se trató el nuevo código urbanístico, los diputados de Bullrich votaron en contra y los de la señora Milei se abstuvieron. La asimetría con la conducta que exhibe Pro en el Congreso nacional en relación con las propuestas del Poder Ejecutivo es ostensible.
¿Cuál es la importancia de este conflicto entre los Milei y los Macri? Que confirma lo que trasciende de infinidad de conversaciones: el Presidente, su hermana y Santiago Caputo están decididos a enfrentar al Pro en la ciudad de Buenos Aires con una lista propia, encabezada por Adorni o, tal vez, por Bullrich. Esta amenaza es más grave cuando se advierte que el oficialismo porteño ya no cuenta entre sus filas a los radicales del distrito, como demuestra la ruptura entre Macri y Martín Lousteau. ¿Los Macri estimularán la candidatura de Marra para debilitar a La Libertad Avanza? Todas las maldades están disponibles.
El desencuentro porteño está destinado a proyectarse sobre la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil que allí exista una oferta unificada de La Libertad Avanza y el Pro si se declara la guerra en la ciudad. Es un dato crucial para la suerte del kirchnerismo, que está dañado por su propia contradicción. Cristina Kirchner pretende ratificar su liderazgo en ese territorio. No ante el desafío del riojano Ricardo Quintela, sino ante la crítica de Axel Kicillof.
El gobernador coqueteó con Quintela sin calcular que debería enfrentar no a Máximo Kirchner, sino a su madre. Cuando la expresidenta se postuló para encabezar el partido, Kicillof recogió las velas y declaró que su único interés es la gobernabilidad bonaerense. Es cierto que lo hizo en un comunicado que contiene esta frase: “La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados”. Es una aseveración curiosa. Supone que hubo un momento en que la lógica del sometido o traidor dio buenos resultados. Fallidos de alguien que, como Kicillof, insinúa un enfrentamiento con quien, hasta hace pocos días, era su inapelable mentora.
La decisión tácita del gobernador de no plegarse a la lógica del traidor ni el sometido pone en problemas a Quintela. La señora de Kirchner quiere cortar de cuajo cualquier conato de rebeldía en las propias filas. Por eso insiste en ir a una competencia interna por la presidencia del PJ con el gobernador de La Rioja. Los desafiantes resisten. Temen una derrota dolorosa. Y, sobre todo, carecen de recursos económicos y logísticos. Por eso ayer se produjo una situación cómica. El apoderado de la lista de Quintela, el expertísimo Jorge Yoma, reclamaba que se someta a su propuesta a un control estricto de todos los avales, a sabiendas de que, al cabo de ese examen, les sería negado el derecho a participar de los comicios. Del otro lado, los seguidores de la expresidenta, que denunciaban las irregularidades de Quintela, exigen que la elección se celebre a pesar de esas denuncias. Son las contradicciones principales. Hay otras. Los kicillofistas riojanos promueven una renovación a través de una nómina en la que figuran Fernando Espinoza y Roberto Baradel. Y el ultrakirchnerismo lanza su campaña nacional y popular mientras el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, divulga una foto en la que aparece hermanado al dudoso revolucionario Eduardo “Wado” de Pedro.
Son trivialidades. Lo relevante, lo curioso, es que los dos sujetos que protagonizaron las últimas dos décadas de la política nacional entran en crisis en el distrito en el que cada uno disfruta más del poder: el macrismo en la ciudad, el kirchnerismo en la provincia. La historia siempre ofrece estas oscuras armonías.
