Los ministros de Salud del país recibieron hoy de funcionarios de la cartera sanitaria nacional información sobre “ineficiencias” identificadas en los programas oficiales. Una estuvo asociada con las vacunas. Estimaron que, en los últimos cuatro años, durante la gestión de Alberto Fernández, se compraron dosis que se vencieron sin usar por un monto que asciende a US$ 30 millones, según se detalló tras la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

El detalle de esas vacunas incluyen dosis de calendario y, también, de Covid, según habían detallado a LA NACION desde el Ministerio de Salud de la Nación en los últimos meses. En el relevamiento iniciado durante la gestión del exministro Mario Russo ya se había identificado el vencimiento de 6 millones de dosis, principalmente durante 2023. Una primera observación apuntaba a la gran cantidad de vacunas para la pandemia adquiridas sin planificación como para no desperdiciarlas.

Ahora, en la primera reunión del Cofesa con el nuevo ministro de Salud nacional, Mario Lugones, se informó a sus pares provinciales sobre los cambios en el proceso de compra de vacunas, algo que también se había abordado ya en el encuentro del mes pasado. La exposición sobre las ineficiencias, según se indicó, quedó a cargo de Cecilia Loccisano, secretaria de Administración en el rol de viceministra. Presentó a los ministros, a solas, que el año pasado se destruyeron 4 millones de dosis de calendario y Covid por un valor de US$ 13,3 millones. Ese gasto corrió por cuenta del Ministerio de Salud.

“Solo con el cambio iniciado en el sistema de planificación, contratos y distintos procesos de adquisición de compras de vacunas, se generó una eficiencia de US$ 92 millones, sin hacer modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación”, citaron desde el ministerio por escrito al cierre de la reunión convocada en la sede del ministerio.

Ese cambio para el cierre de contratos ya lo había aplicado la cartera al comprar las vacunas para dengue en una negociación directa con directivos de la filial argentina del laboratorio japonés que produce el único inmunizante disponible en el país. Al hablar sobre las modificaciones introducidas para lograr “la eficientización del Programa Nacional de Inmunizaciones” es que Loccisano habría manifestado que “en los últimos cuatro años, [la adquisición de dosis para ese programa] generó una pérdida de US$ 30 millones en vacunas vencidas”. En el mencionado período estuvieron a cargo del Ministerio de Salud de la Nación el fallecido Ginés González García y Carla Vizzotti, que lo sucedió luego del escándalo por el vacunatorio vip.

Ya durante un foro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) que todos los años convoca a funcionarios, financiadores, prestadores y empresas del área de la salud, la funcionaria se había referido al reordenamiento y la refuncionalización de los programas nacionales con procesos de compra pública. “Venimos de un Estado que compra por arrastre. Por lo menos, son dos décadas de ‘corte y pegue’ de contratos”, definió Loccisano en ese encuentro el mes pasado. “Sin tiempo para evaluar y sin utilizar indicadores se gasta mal, y las personas no acceden en el momento oportuno a los servicios que necesitan”, agregó.

Para dengue, el modelo de contrato que suscribió el Gobierno es con una orden abierta por una cantidad de dosis que se puede duplicar y con una cláusula de bonificación si aumenta la cantidad del segundo pedido, como dio cuenta este medio tras esa exposición. En el caso de la compra de vacunas para el calendario, en su mayoría el país las viene adquiriendo a través de un fondo de crédito de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Historia repetida

En mayo del año pasado, en un jardín de infantes de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, les aplicaron a chicos de 3 a 5 años vacunas para la varicela vencidas hacía ocho meses. El lote de esas dosis de calendario había caducado el 15 de septiembre de 2022, como publicó LA NACION.

De acuerdo con datos a los que este medio accedió en 2021 a través de un pedido de acceso a la información pública, el Estado compraba unos 39 millones de vacunas por año. En ese momento, solo se registraba ya la aplicación de unos 6,7 millones. Es decir, apenas el 17%, un valor muy por debajo del que efectivamente se aplica, aunque hasta en la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) desconocían a qué otras fuentes recurrían en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) para poder calcular los porcentajes de cobertura nacional. LA NACION tampoco pudo acceder a una explicación, aunque exfuncionarios de Salud coincidieron en que se terminaba estimando con las dosis distribuidas a las jurisdicciones.

Semejante desorden informativo en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) dificulta, a la vez, el seguimiento de cualquier campaña. Y, también, las previsiones para las compras anuales. La falla, según coinciden en la Nación y las provincias al preguntar al respecto, está en el proceso de carga y notificación al registro online de los datos cada vez que se aplica una dosis.

El análisis que hizo este medio de los datos del Nomivac sobre las vacunas de calendario aplicadas entre 2010 y 2021 reveló un alto grado de subregistro nacional: eso contribuía al desperdicio de unos 40 millones de dosis adquiridas para casi 20 millones de argentinos, entre recién nacidos, chicos en edad escolar, embarazadas y adultos mayores.

En el único informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la vacunación no Covid en el país (período 2016-2017), a pesar de tratarse de un presupuesto anual que rondaba los $4000 millones en ese momento, no se mencionaron dosis aplicadas, sino distribución y tasas de cobertura. Tampoco, eso, permitía conocer cuál era el acceso real de la población a las vacunas.

El hallazgo en 2020 de unos cuatro millones de vacunas vencidas en el frigorífico Oneto, del barrio de Constitución, donde hasta la pandemia Salud almacenaba su stock gestión tras gestión, no sorprendió a nadie que conociera el circuito de inmunizaciones de las últimas décadas en el país. En ocho años (2010-2017), el Estado dejó de aplicar más del 35% de las vacunas antigripales compradas, de acuerdo con los datos que la Jefatura de Gabinete entregó al Congreso en julio de 2018.

Solo en 2015, de acuerdo con un sumario interno del Ministerio de Salud al que accedió LA NACION, el descarte de dosis vencidas “para hacer espacio” en las cámaras de aquel frigorífico fue de más de 8 millones de vacunas contra la rabia, la hepatitis A y B, la gripe, el meningococo, el sarampión y la rubeola, entre otras, vencidas en 2014 y 2015.