CÓRDOBA.- La obra social del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), que está intervenida por orden de la justicia federal en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, usura y defraudación, contrató y le pagó servicios de asesoramiento económico a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, cuando estaba en plena crisis. En su última visita a Córdoba, en junio, Moreno realizó un acto político del que participaron dirigentes del Surrbac.
Tanto el Surrbac como su obra social y su mutual son parte de una investigación judicial con siete acusados de asociación ilícita, defraudación y usura, entre los que destacan los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, referentes del sindicato. El inicio del juicio está demorado porque los defensores de los gremialistas ofrecieron por escrito pagar US$750.000 en concepto de “reparación integral del daño”. Si el Tribunal Federal Oral N°1 de Córdoba lo acepta, todos serán sobreseídos. El fiscal federal general Maximiliano Hairabedián se opone.
Desde noviembre del 2023, la obra social está bajo la intervención de Eduardo Barone. La contratación de Moreno como asesor –LA NACION accedió a las facturas y a varias transferencias- llama la atención porque en los primeros meses de este año los afiliados a la entidad se manifestaron y denunciaron un “vaciamiento”. Sostuvieron que había problemas en la entrega de medicamentos y en la atención de pacientes. La documentación a la que accedió LA NACION da cuenta de pagos entre enero y mayo por unos $3,7 millones. Ese es el monto final, después de que a lo facturado se le realizaran las deducciones correspondientes.
“Vinimos a manifestarnos. Desde la intervención del 2020 nos han vaciado, nos sacaron prestaciones en el interior de Córdoba, en localidades donde contamos con más de 9000 compañeros”, indicó en febrero pasado Micaela Saillén, secretaria de Bienestar del sindicato e hija de Mauricio Saillen. Los informes entregados por Moreno no son sobre salud ni sobre el estado de la obra social, sino de coyuntura económica general.
Consultado por LA NACION, Moreno dijo: “Los servicios fueron facturados y cumplidos. Cuando no pagaron más (NR: en referencia a una factura de $1,5 millones a la que accedió LA NACION) se canceló la consultoría. Es un informe y reuniones presenciales. Esos son los servicios prestados con decenas de clientes. Todo registrado y transparente, como corresponde”.
“Me especializo en asesorar a empresas con problemas -precisó-. Luego cambió el interventor y decidió interrumpir los servicios. En el mundo de los negocios, se busca asesoramiento cuando están en problemas. No cuando no los tienen. De mi parte está todo en regla”. Moreno insistió en que no le llamó la atención que la obra social, con los problemas que atraviesa, lo haya convocado: “A mí no me llamó la atención. Pasa siempre. Uno va generalmente al médico cuando está enfermo. Esto es lo mismo”.
A fines de junio Moreno estuvo en Córdoba, donde realizó varias actividades. Presentó su “plan económico peronista” en la Universidad Tecnológica Nacional, fue orador en el “Encuentro con la juventud y la política” y se reunió con sindicalistas.
Del acto de cierre participaron representantes del Surrba, según lo reseña la cuenta oficial del sindicato: “Acompañamos el acto de cierre de Guillermo Moreno en Córdoba. Convencid@s de que el camino es volver a las bases, l@s trabajador@s tomamos la tarea de reconstruir el peronismo para volver a vivir los días más felices”.
El prosecretario del Surrbac Juan Saillen, hijo de Mauricio Saillen, también posteó ese día: “No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan’, decía Perón. Por eso la reconstrucción del peronismo empieza acá, desde y con l@s trabajador@s, volviendo a las bases y al camino que nos llevó a conquistar los derechos que hoy nos dignifican. En esa línea acompañamos a Guillermo Moreno en el acto de cierre de su visita en Córdoba. Dentro del peronismo, con l@s trabajadores, con mirada federal: todos unidos triunfaremos”.
La causa penal
En agosto de 2019, en los allanamientos previos a las detenciones de Mauricio Saillen y Catrambone, se secuestraron alrededor de $7 millones, oro, 20 autos de alta gama y armas de uso civil registradas. Cuando los oficiales llegaron a los domicilios para detener a los dirigentes hubo, incluso, movilizaciones de empleados de las empresas recolectoras de residuos y varios camiones blindaron la zona. Ambos estuvieron detenidos medio año y lograron la libertad en medio de la pandemia del Covid-19. Ahora esperan la decisión del TFO1 de Córdoba, que deben determinar si enfrentan el juicio o se les acepta el pago a cambio del “perdón judicial”.
