El Gobierno paró la pelota. La gestión de Javier Milei tiene que definir qué represalia tomar luego de que, en una asamblea general, ayer, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) desoyera un dictamen oficial y renovara el mandato de Claudio “Chiqui” Tapia hasta 2028.

En la previa, la Inspección General de Justicia (IGJ) -órgano del Ministerio de Justicia encargado de controlar a las entidades civiles- había amenazado con ir a fondo y avanzar con la alternativa de máxima: una intervención sobre la casa madre del fútbol argentino. Pero llegado el momento de efectivizar la sanción, en la Casa Rosada pusieron un freno y ahora están haciendo otros cálculos políticos.

“Estamos analizando aún las alternativas”, dijo anoche, a última hora, un alto funcionario con llegada al Presidente. Pese a que al inicio de esta semana la IGJ había emitido un grito de guerra al mandamás de la AFA, las dudas en la cúpula del Gobierno ahora se multiplican.

Por un lado, sobrevuela el fantasma de que una intervención sobre la entidad perjudique a la Selección y a los clubes argentinos a nivel internacional. La AFA podría jugar ante la FIFA la carta de la intromisión en sus asuntos internos. Y eso entraña un riesgo porque desde Suiza podrían suspender al fútbol argentino de toda competencia en el exterior.

De hecho, la AFA ya pidió meses atrás tanto a FIFA como a Conmebol un dictamen sobre la reforma del estatuto que pidió el Gobierno para abrir los clubes al ingreso de capitales privados, a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El Gobierno no tiene problema de confrontar abiertamente con el presidente de AFA -de hecho Milei compartió una viñeta de Nik que lo llama “Cheque Tapia”- pero mucho más complicado es quedar de la vereda en enfrente de los ídolos nacionales, empezando por Lionel Messi.

Lo otro que genera dudas es lo discursivo. “Intervenir es muy chavista y kirchnerista. Es todo lo contrario a lo que el Gobierno dice ser”, comentó un colaborador oficial. La decisión final, de todas formas, no está tomada y podría haber novedades en las próximas horas.

La trastienda

En principio, ayer el titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, dijo que “los puntos tratados en la Asamblea de la AFA son nulos”. “Vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la Justicia”, advirtió, sin dar mayores detalles.

El martes, el organismo emitió una resolución que le prohibió a la entidad avanzar con la reelección de sus autoridades -había una lista única encabezada por Tapia- así como también modificar el estatuto de la asociación y mudar su sede social a Ezeiza, justamente, para salir de la órbita del Ministerio de Justicia y pasar a ser auditada por la administración de Axel Kicillof.

Como la AFA anunció que avanzaría igual con todo el orden del día de la asamblea general pautada para ayer a las 16, Vítolo sostuvo en medios de comunicación que la reelección anticipada de Tapia en la AFA era “ilegal” y que acarreaba el delito de desobediencia judicial. En el Gobierno, en la previa, distintas fuentes oficiales advertían que, si la AFA persistía en su actitud, se iba a avanzar, directamente, con una intervención a la entidad.

De hecho, recordaban que de acuerdo a la ley, “la IGJ puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención, o requerirle el retiro de la autorización, la disolución y liquidación si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento”.

Finalmente, la Asamblea General de la AFA, celebrada en la tarde del jueves en el predio Lionel Messi de Ezeiza, reeligió por aclamación hasta octubre de 2028 a Tapia como presidente, modificó el Estatuto de la entidad, mudó la razón social a la provincia de Buenos Aires y suspendió los descensos en la primera división. Todos asuntos que la IGJ había dictaminado que no se podían tratar.

Para mostrar los dientes, el Gobierno envió a la Asamblea de la AFA veedores de la IGJ: el director Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi (h), y los inspectores Mara López y Ariel Delgado. Allí, advertieron a los asambleístas y a las autoridades de la AFA sobre la vigencia de la resolución de IGJ y fueron testigos de la desobediencia de la entidad. Todos los clubes, menos Talleres de Córdoba, votaron a mano alzada por seguir adelante con el temario completo, alegando que la AFA iba a apelar la resolución de la IGJ y que, por lo tanto, no estaba firme.

En el Gobierno rechazan esa interpretación. Y apuntan a que un fallo de primera instancia, emitido por el juez en lo civil Cristian Ricardo Pettis dictaminó que la validez o invalidez de lo que resolvió la IGJ solo puede ser determinada por la Cámara de Apelaciones si la AFA apela. Hasta hoy la AFA ni siquiera había recurrido al tribunal de alzada, según advierten en el Gobierno.

“Tapia no respeta la ley. Esto no es político, es Derecho básico. Lo que están haciendo es un mamarracho jurídico”, dijo a LA NACION un colaborador del Gobierno luego de la Asamblea General de la AFA. “La decisión del Gobierno es siempre hacer cumplir la ley. Si alguien no la respeta tiene que afrontar las consecuencias”, agregó.

Ahora el Gobierno debe medir hasta dónde llegar y cómo confrontar con Tapia sin poner en riesgo el discurso oficial ni enemistarse con la Selección mayor.