La problemática del subempleo inestable en Argentina alcanzó niveles alarmantes, afectando especialmente a los adultos mayores de 60 años. Este, caracterizado por ser temporario, de bajas remuneraciones y estatus legal informal, alcanzó en 2023 al 31,8% entre los que superan esa edad, lo que representa un aumento de 10 puntos en la última década.
Si bien esta cifra disminuyó drásticamente durante la pandemia, en un contexto de confinamiento por ser población de riesgo, se duplicó a toda velocidad en los siguientes tres años en la medida en que los adultos mayores recuperaban la posibilidad de circular y con ella la posibilidad de hacer “changas” con las que complementar ingresos insuficientes.
Así lo indica el Barómetro de la deuda social con las personas mayores elaborado por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA. “La incidencia del subempleo inestable en la población activa durante el periodo 2013-2023 es alta: uno de cada cinco activos tiene esta calidad de empleo. Es bastante mayor entre las personas mayores activas: afecta a una de cada cuatro”.
En cuanto a la evolución, este tipo de condición laboral pasó de representar al 21,5% en 2013, aumentando a 24,1% para 2019 para luego disminuir a 16% entre 2020 y 2021. El año pasado ascendió a 31,8%. En tanto, “dentro de las personas mayores activas, afecta algo más a los de 75 años y más. Esa minoría -compuesta mayoritariamente de varones- que continúa participando de los mercados laborales después de los 75 años, presuntamente todos jubilados, es la más afectada por el subempleo inestable”, señala el ODSA, dirigido por Agustín Salvia. Esto ocurre en un marco en el que, según un informe del economista Nadin Argañaraz, desde 2017 los jubilados perdieron en cuanto a poder adquisitivo el equivalente a 17,7 haberes de ese año.
A su vez, el informe destaca que el subempleo inestable es más frecuente entre los viudos y en este caso, no disminuyó durante la pandemia. Asimismo, desde una perspectiva multidimensional de la pobreza, uno de cada 10 de los mayores activos en hogares sin carencias básicas entra en la categoría de trabajador en condición de subempleo inestable. Pero sube a cuatro de cada diez cuando se trata de hogares con 2 o más carencias. Y la incidencia es aún mayor si se trata de hogares con tres o más carencias.
Por regiones, en CABA, el subempleo inestable es muy poco frecuente entre las personas mayores activas. El contexto urbano donde tiene la mayor incidencia es el Conurbano Bonaerense. Es algo menos frecuente en el Interior, donde no hay diferencias entre los aglomerados metropolitanos y las ciudades medianas y pequeñas.
Este fenómeno se da también teniendo como antecedente que en los últimos 10 años, cuatro de cada diez hogares con personas mayores tienen ingresos insuficientes y que la desocupación en este segmento alcanzó el año pasado al 6,1%.
“El desempleo afecta también a las personas mayores pero con mucha menos fuerza que a los sub 60. Se reduce a la mitad cuando se trata de personas mayores, aunque con una lenta tendencia a su aumento. Aún con su menor tasa de actividad -los mayores participan menos de los mercados laborales, en el marco del ‘retiro laboral’- no es que las personas mayores encuentren más dificultades que los sub 60 para acceder a alguna ocupación. También pesa lo del efecto desaliento en salir a buscar trabajo: si se cree que no hay oportunidades laborales por la edad, se desalienta la búsqueda de empleo. El ajuste del empleo por la mayor edad se haría no tanto por el desempleo sino por una menor calidad del empleo -poco empleo pleno, bastante empleo precario, mayor subempleo inestable-”, explicó el ODSA.
De este modo, el subempleo inestable se configura como una problemática multidimensional que afecta gravemente a la población mayor en Argentina, evidenciando la fragilidad del sistema previsional y la falta de oportunidades laborales decentes para quienes, a pesar de su edad, se ven obligados a permanecer activos en el mercado laboral.
Hacia adelante, el desafío es complejo para la tercera edad. Es que, tras el veto de la nueva ley de movilidad por parte del presidente Javier Milei, que fue ratificado por Diputados; el gobierno descartó públicamente este martes la posibilidad de otorgar un incremento en el bono de $70.000 que venía acompañando a las jubilaciones mínima y que permanece congelado desde enero, en un contexto en que la inflación acumuló una suba del 101,6%.
