Pese a sus diferencias, un denominador común enlaza a los distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados en su ofensiva por limitar al presidente Javier Milei en el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para gobernar. Todos coinciden en incorporar en la ley un plazo de caducidad –que podría variar entre los 90 y los 120 días- y, si en ese lapso el Congreso no se expide sobre un decreto presidencial, éste perdería su vigencia de manera automática.

Esta fue una de las conclusiones que arrojó la primera jornada de debate esta tarde en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro). La incorporación de un plazo de caducidad en la ley 26.122 –que reglamenta el ejercicio de los DNU- apuntaría directo contra el corazón de la norma: la sanción ficta, prohibida por la Constitución.

En efecto, la norma que rige actualmente -que se aprobó en 2006 durante el apogeo del kirchnerismo- permite que un DNU quede vigente con el silencio del Congreso o con el aval de solo una de las cámaras. El único camino posible para derogar un DNU es con el rechazo explícito de ambas cámaras, un requisito que se demostró casi inalcanzable desde que se aprobó la ley; de allí que los sucesivos gobiernos hayan apelado al atajo de los decretos sin preocuparse demasiado en que el Congreso eventualmente los derogue.

Milei, que en apenas diez meses emitió 43 DNU –entre ellos el polémico megadecreto 70/23, de más de 360 artículos-, demostró que no escatimará en el uso de esta herramienta para gestionar sin el Congreso. Al menos así lo advierte la oposición, decidida a imponerle límites a esta forma de gobernar.

A la ofensiva se sumará el kirchnerismo, pese a que –paradójicamente- Cristina Kirchner fue la mentora de la ley 26.122; está claro que su obsesión es propinarle un golpe político al gobierno libertario y, conscientes de ello, los oficialistas y sus aliados de Pro reaccionaron a coro para rechazar la intentona opositora y colocar al presidente Milei en papel de víctima.

La primera en hacerlo fue la diputada Silvana Giudici, de Pro. “No se puede tomar a la ligera el instituto de los DNU, que garantizan gobernabilidad; si lo que se intenta es limar la gobernabilidad estaríamos otra vez frente al retorno de la tiranía de las mayorías que tantos estragos ha generado”, advirtió la legisladora.

El único libertario que alzó su voz fue el correntino Lisandro Almirón. “Nosotros sabíamos que ustedes (por el kirchnerismo) iban a ir por los decretos de necesidad de urgencia y por las decisiones que afectan directamente a la gobernabilidad y al presidente de la Nación. No somos ingenuos –enfatizó el libertario Lisandro Almirón-. Ahora ustedes buscan modificar una ley que avalaron en 2006, y que le sirvió a la expresidenta (Cristina Kirchner), al presidente Alberto Fernández, al presidente Macri. ¿Por qué no quieren que la utilice el presidente Javier Milei?”

Diferencias

Más allá de coincidir en la necesidad de imponer un plazo para el tratamiento parlamentario de los DNU, todo lo demás está por negociarse entre los opositores. Por caso, todavía no hay acuerdo si bastaría con el rechazo de una de las cámaras para que el DNU pierda vigencia o, por el contrario, es necesario que ambas cámaras lo deroguen explícitamente, como proponen otros proyectos.

El desafío de los opositores será limar esas disidencias antes del 30 de este mes –fecha que se autoimpusieron para emitir el dictamen respectivo- y llegar a un texto lo más consensuado posible para dificultar un eventual veto del presidente Milei.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño defendió su postura de que basta que una cámara rechace un decreto presidencial para que éste pierda inmediatamente su vigencia. Asimismo planteó, al igual que su colega Juan López, que esta reforma no está pensada para obstaculizar al gobierno.

“Discutir y modificar esta ley no es en contra de ningún presidente, es a favor de la República y respeta la letra de la Constitución Nacional –sostuvo-. Es inadmisible que tenga más valor un decreto, que adquiere vigencia con la sola firma del Poder Ejecutivo, que una ley, que requiere el voto de dos cámaras. Eso es tremendamente dañino para la democracia”.

También Fernando Carbajal, del radicalismo, es partidario de que basta el rechazo de una cámara para que el decreto sea derogado. Enrolado en el sector crítico del radicalismo, fustigó al oficialismo y a sus aliados de Pro.

“No observamos vocación del oficialismo de dar esta discusión. Están en el gobierno y no quieren discutir, eso es entendible. Me cuesta más entender la postura del Pro. Los que cambian de posición ahora son UP y el Pro. Nosotros desde el radicalismo siempre dijimos que había que cambiar la ley 26.122 porque es inconstitucional”.

Contrasta Carbajal con la posición de su colega de bloque Carla Carrizo, quien insistió con que la derogación debería requerir el rechazo de ambas cámaras. Propuso, además, que se prohíba el dictado de megadecretos y que, por el contrario, éstos se circunscriban a un solo tema.

“Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas”, sintetizó.

El debate continuará el próximo miércoles, en esa oportunidad con la presencia de expertos y constitucionalistas. El bloque de Pro adelantó que pedirá extender las jornadas de discusión, aunque difícilmente el resto de los bloques opositores accedan: su objetivo es emitir dictamen a fin de mes a fin de que el Senado lo trate antes de fin de año.

El oficialismo está resignado a una eventual derrota legislativa, aunque confía en que el presidente Milei recurrirá finalmente al veto para echar por tierra la norma opositora. Argumentará, tal como ya adelantaron sus exégetas, que la reforma a la ley de DNU está pergeñada por “la casta política” para obstaculizar las reformas económicas que su gobierno pretende llevar adelante.