El expresidente de Bolivia, Evo Morales, decidió no comparecer este jueves ante la fiscal que lo investiga por el presunto abuso de una menor durante su mandato, lo que podría derivar en una orden de detención en su contra. De 64 años y convertido en opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el exmandatario fue citado por la Fiscalía del departamento de Tarija para que rinda su testimonio dentro del proceso por “estupro, trata y tráfico de personas”. Sin embargo su abogado Nelson Cox anticipó que Morales no se presentaría ante la justicia porque la investigación es “ilegal” y corre riesgo su vida.
“Quieren acabar con nuestra vida”
Morales usó su cuenta de la red social X para manifestarse este jueves y planteó: “Reabriendo un caso cerrado y utilizado por el gobierno de facto de (Jeanine) Áñez, violando las leyes nacionales, la Constitución y el Derecho Internacional, el gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal“. El expresidente indicó que “inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia, pretenden detenernos y acabar con nuestra vida”.
Para Morales, el objetivo de esta denuncia es descabezar al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). “Todo es producto de la desesperación del gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral”, advirtió el líder cocalero, quien agregó que “esto es una prueba más de que este es un gobierno de derecha que hace todo para cumplir el mandato de la Casa Blanca“.
Morales había manifestado el miércoles que se defenderá de esa “batalla jurídica” que para él no es más que una acusación política y anunció que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo gratuitamente. Convertido en un ferviente opositor del gobierno que antes apoyaba, el expresidente boliviano niega los señalamientos y los atribuye a una persecución judicial de Luis Arce, con quien se disputa la candidatura del oficialismo para las elecciones de 2025.
¿Riesgo de detención?
Morales “no se va a presentar entre tanto no se regularice” el proceso, señaló Nelson Cox, tras remarcar que la justicia ya investigó y archivó la misma denuncia en 2020. El escándalo que podría poner tras las rejas al influyente líder cocalero se remonta a 2015, cuando, según la denuncia que indaga el Ministerio Público, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada por una jueza que aceptó un recurso del exjefe de Estado. Gutiérrez, quien fue removida y restituida en su cargo, reabrió la causa contra Morales no solo por “estupro”, que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años, sino que agregó al expediente la presunción de trata y tráfico de personas.
Según el escrito que sustentó la orden de detención anulada por la justicia, los padres de la menor la inscribieron en un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su presidencia, llamado “Generación Evo”, con la única finalidad de “escalar políticamente y obtener beneficios a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.
El jueves el ministro de Justicia, César Siles, advirtió que la Fiscalía, conforme la normativa penal, debería ordenar el arresto de Morales en caso de que no cumpliera la citación a declarar. “Cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión“, indicó Siles.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que se tomaron todos los recaudos en Tarija “para garantizar la vida” de Morales. “No podemos poner como excusa o como pretexto las faltas de garantías cuando más bien lo que se ha hecho como policía boliviana y todas las instancias es precautelar y velar por la seguridad conforme lo establece nuestra Constitución y las normas vigentes”, dijo Ríos.
“Persecución judicial”
Morales acusa al gobierno de Arce de reactivar el caso como parte de una persecución judicial para sacarlo de la carrera por la candidatura del oficialismo para las presidenciales de 2025. El expresidente encabezó este jueves actos políticos en la región cocalera del Chapare, muy lejos de Tarija, pero no se refirió a su decisión de no comparecer ante los fiscales.
Sus bases se declararon en vigilia y amenazaron con cortar rutas si la Fiscalía ordena la detención de Morales. El Chapare, su fortín político, es el puente de paso obligado que une vías entre la próspera región de Santa Cruz con La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El senador y dirigente cocalero, Leonardo Loza, sostuvo: “Si sale una orden de aprehensión o se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo”.
Pedro Llanque, dirigente del llamado Pacto de Unidad, indicó que “desde ayer Luis Arce ha movilizado a todos los efectivos policiales de cada departamento, hay más de 600 policías con el fin de detener a nuestro hermano Evo Morales”. Por su parte el asambleísta departamental José Yucra expresó: “Tenía la intención grande (Evo) de venir a declarar, pero corre riesgo su vida. Él ha recibido últimamente amenazas de muerte, ha recibido amenazas de hacer volar su auto y es que por eso él va precautelar su vida”.