En la otra punta del mundo, una ciudadana alemana de 58 años se presentó en un hospital de su país con una beba de tres meses, nacida en Buenos Aires y con pasaporte argentino. La nena estaba en pésima condiciones de salud, dijeron los médicos. Era claro para los profesionales que la mujer no estaba en condiciones de darle cuidado y llamaron a la policía. De inmediato a la mujer y a su pareja, también alemán, se le quitó la guarda provisoria y la criatura fue entregada momentáneamente a una familia sustituta.
Bajo el caluroso sol del verano de fines de enero, la denuncia de la Cancillería argentina pasó desapercibida en el radar de Comodoro Py. Después de casi diez meses de investigación en absoluta reserva, en las últimas horas la Justicia concretó allanamientos y diligencias en instituciones médicas, escribanías y estudios jurídicos de la Capital Federal, de la provincia de Buenos y la provincia de Santa Fe, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Lo que se investiga es un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes -a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”-. Los interesados pagaban unos USD 50 mil. A las gestantes le ofrecían 10 mil, con un plus si era por cesárea. La diferencia quedaba para los intermediarios.
La causa está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y de la fiscal Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que conduce esa funcionaria y su colega Marcelo Colombo.
El escenario internacional no fue ajeno al crecimiento del negocio: en los últimos años, Ucrania se había convertido en uno de los centros más importantes para los programas de maternidad subrogada y atraía a cientos de parejas de todo el mundo. Pero la invasión militar de Rusia obligó a buscar otros lugares para continuar con esos embarazos. Argentina terminó siendo un país ideal por la crisis económica y la fragilidad de la reglamentación en la materia.
El problema es que aquí en la Argentina hay un vacío legal. Ni la Ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida, ni el Código Civil y Comercial de la Nación regulan la gestación subrogada. No está regulada pero al no estar prohibida la práctica se lleva adelante. En todo el país, es obligatoria la intervención de la justicia de familia para autorizar u homologar los procesos de maternidad subrogada, salvo para la ciudad de Buenos Aires en donde es válido un acuerdo ante escribanos públicos y la inscripción del bebé en el Registro Civil como hijo de la persona que se quedará con el bebé.
En Córdoba ya está en marcha otro caso que investiga si 14 mujeres en situación de pobreza habrían sido contratadas para gestar a cambio de dinero y luego habrían quedado desamparadas.
El caso que nació en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, comenzó el 25 de enero con la denuncia que formuló la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Allí se relataba que el Consulado de la República Argentina en la Ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania había sido contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre que informaba el ingreso de una beba argentina en el hospital con signos de maltrato.
A partir de ahí se abrió una investigación en los tribunales argentinos. ¿Cómo llegó esa nena allí? La beba había sido inscripta en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20 (que habilita el trámite vía escribano).
La bebé que fue hospitalizada en Alemania había nacido tras un proceso de fertilización realizado en una institución médica privada porteña a través de una gestación por sustitución. Pero la investigación que llegó a Comodoro Py determinó algo más: no fue un caso aislado.
De los 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre los años 2018 y abril último en la Capital Federal, surgió que al menos en 49 de ellos los comitentes (los cuales asumirán la maternidad y/o paternidad del bebé) presentaban características comunes al caso de la bebé alemana: personas extranjeras de distintas nacionalidades, en su mayoría con domicilios de residencia fuera de la República Argentina y que, incluso, en algunos casos, ni siquiera habían aportado material genético, según revelaron a Infobae las fuentes consultadas.
Tampoco se habría acreditado el vínculo afectivo con las mujeres gestantes de modo que permitieran inferir que los procedimientos médicos de técnica de reproducción asistida se realizaban de manera directa, con conocimiento previo de las personas sometidas a esta práctica y sin la intermediación de personas que obtienen un beneficio económico de estas prácticas.
Además en ninguno de estos casos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación, sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas. Por eso, la fiscal Mangano investiga si, del mismo modo que en el “caso 1″ -la beba en Alemania- intervinieron en estos otros casos una serie de intermediarios que eran quienes a fin de cuentas obtendrían cuantiosas ganancias de la explotación de las mujeres gestantes en franca situación de vulnerabilidad y la comercialización de los niños y niñas nacidos en territorio nacional.
Tras meses de trabajo silencioso, el miércoles último, la jueza Capuchetti ordenó una serie de allanamientos que le había pedido la fiscalía de Mangano que incluyó a instituciones médicas, escribanías y estudios jurídicos de esta Ciudad, de la provincia de Buenos y la provincia de Santa Fe. Los procedimientos ordenados se concretaron en forma simultánea por las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal, a cargo de la comisaria Marcela Hurt y el comisario Adrián Acosta.
Turismo reproductivo: ¿Quiénes son los sospechosos?
Personas y empresas que hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero. Ahí abiertamente se contactaban con parejas que deseaban tener hijos -que no podían llevar adelante un embarazo- y les ofrecían un “servicio” denominado “Programa Argentina” con un valor aproximado de U$S50.000 dólares. Incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento, los controles regulares del embarazo y el parto posterior.
La otra cara de este “negocio”, creen los investigadores, es el sistema de reclutamiento de las gestantes: las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas les ofrecían USD 10.000 por llevar adelante la gestación. Ahí les sumaban un “plus” de entre USD 1000 y 2000 si el parto era por cesárea.
Según se estableció, si por cualquier circunstancia el embarazo resultaba interrumpido, las empresas involucradas se negaban a concretar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. Así, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles diez mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los correspondientes controles, y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales -acreditadas en el caso- que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes, sostuvo la fiscalía.
El propósito final de este negocio ilícito era la inscripción registral del niño/a y su posterior entrega. Para ello, las empresas involucradas en el negocio aprovechaban el deficitario contralor previsto en la normativa local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando con ello que las inscripciones de los nacimientos se llevaran a cabo, incluso cuando las personas gestantes residieran y hubieran hecho el tratamiento en otras provincias del país.
Para los investigadores, todo este sofisticado esquema de negocios se encontraba articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un bebé para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social. Esa fue la suerte de la beba que fue llevada a Alemania y que terminó en un hospital.
Por detrás una sistema de agencias destinadas a la selección de las gestantes, agencias que contactan personas extranjeras que buscan ser padres, clínicas de fertilidad y escribanos, aprovechándose de las necesidades socioeconómicas que puede atravesar un sinnúmero de mujeres, una débil regulación nacional en la materia y registral en esta Ciudad de Buenos Aires. “Turismo reproductivo garantizado”, dijeron las fuentes .
