En su reaparición pública tras purgar seis años de cárcel en una prisión británica de maxima seguridad, el editor fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange (foto), dijo que había sido liberado porque aceptó declararse culpable de periodismo. Al hacerlo puso el acento en un aspecto clave de su detención que hasta ahora pasó bastante desapercibido.
“Quiero ser totalmente claro. No soy libre hoy porque el sistema haya funcionado. Soy libre hoy porque, después de años de encarcelamiento, me declaré culpable de periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente. Y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me declaré culpable de nada más. Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve las debilidades de las salvaguardas existentes y para ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles pero que son igualmente vulnerables.”
Al hablar de las “debilidades de las salvaguardias existentes” Assange se refirió, en particular, a una decisión del Departamento de Justicia de Trump. En su pedido de extradición de Assange a Gran Bretaña por cargos de espionaje, en junio de 2020, el gobierno estadounidense declaró que Assange no podrá defenderse a través de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a la libre expresión, por el hecho de que Assange es un ciudadano extranjero.
Precisamente esta negativa es el eje central de la apelación que la Corte Suprema británica había aceptado considerar hace tres meses cuando el gobierno estadounidense le ofreció a Assange declararse culpable de un cargo bajo la Ley de Espionaje de conspirar para obtener documentos secretos, a cambio de su libertad al desechar otros cargos y dar por cumplida su sentencia. Assange se declaró culpable y fue liberado el 24 de junio.
La Primera Enmienda es un instituto muy poderoso en Estados Unidos. Permite, por ejemplo, insultar a un policía sin que dicha acción constituya un delito o siquiera una infracción. Al tener rango constitucional, la Primera Enmienda está por encima de leyes, estatutos y fallos judiciales de primera y segunda instancia. Más aún, en la jurisprudencia de Estados Unidos los jueces suelen privilegiar a la Primera Enmienda por sobre otros derechos constitucionales, por ejemplo el derecho a la privacidad, al considerarla un pilar del sistema democrático por favorecer el libre debate de ideas y poner límites al poder estatal. Esto se vio claramente en la filtración de los Papeles del Pentágono en 1971, cuando el filtrador Daniel Ellsberg y los diarios que publicaron la filtración fueron declarados inocentes de robar y publicar información secreta, respectivamente, en base a la protección de la Primera Enmienda.
Justamente la existencia de la Primera Enmienda es la razón que invocó el Fiscal General de Barack Obama, Eric Holder, para concluir que Assange no podía ser juzgado exitosamente en Estados Unidos. En su pedido de extradición el gobierno de Trump sorteó este obstáculo con un sencillo pero peligroso argumento legal: la protección de la Primera Enmienda no aplica a Assange porque no es un ciudadano estadounidense.
Este argumento claramente pone en peligro a cualquier periodista extranjero que quiera acceder a información reservada sobre Estados Unidos. Además va en contra del espíritu de la Constitución estadounidense y de los valores democráticos y republicanos que la inspiraron. Va de suyo que si una persona de nacionalidad extranjera que vive en el extranjero como Assange debe someterse al rigor de las leyes de Estados Unidos–ya de por sí una premisa de legalidad dudosa–también debería tener derecho a las garantías que contempla ese mismo plexo legal. No parece razonable que los castigos apliquen pero no las protecciones.
Si Assange hubiera podido invocar su derecho constitucional a la libre expresión hubiera sido muy difícil, si no imposible, condenarlo en Estados Unidos.
Los países latinoamericanos no cuentan con la protección de la Primera Enmienda pero sí tienen una herramienta constitucional poderosa a la hora de acceder a información de interés público. La información de interés público puede incluir todo tipo de documentos reservados y secretos, siempre y cuando revelen información que interesa a la sociedad. La herramienta constitucional que protege esta práctica es el derecho al libre acceso y circulación de información, consagrado en el llamado Pacto de San José que fue incorporado a la Carta Magna argentina en la reforma de 1994. Curiosamente Estados Unidos es el principal financista, a través de la OEA, del sistema interamericano de justicia, del que el Pacto de San José es su piedra basal. Sin embargo Estados Unidos no adhiere al Pacto de San José ni reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo tutela, así como no se somete a la jurisdicción de ninguna corte internacional. Por esta razón Assange tampoco pudo defenderse invocando su derecho a acceder y publicar información de interés púbico.
La reaparición de Assange esta semana ante Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Europarlamento y su afirmación de que fue liberado a cambio de declararse culpable de periodismo desveló la chicana legal antidemocrática que el gobierno de Trump usó para negarle sus derechos como periodista y ser humano. Pero también dejó algunas claves sobre dónde está parado hoy Assange y el dilema que enfrenta de cara al futuro.
En primer lugar, Assange se tomó tres meses y eligió al Europarlamento para hacer su primera declaración pública después de haber sido liberado. No habló desde China o Rusia ni desde su Australia natal donde actualmente vive, sino desde Francia, corazón de Occidente, ante un foro multinacional de especialistas en derechos humanos. De esta manera estableció que él será una persona incómoda para algunos líderes de países que se consideran democráticos, pero que él le habla a Occidente, invocando valores de Occidente, porque es parte de Occidente.
En segundo lugar, en su comparencia Assange sentó a su lado a Kristinn Hraffnson, actual editor de Wikileaks. Fue su manera de mostrar que él no había sido castigado por actos individuales sino por haber dirigido las publicaciones de Wikileaks. O sea, que es culpable de periodismo.
En cuanto al dilema que enfrenta Assange, se podría decir que hoy por hoy sus opciones son limitadas. Por un lado podría abandonar el periodismo ya que Estados Unidos ha dejado en claro que en su caso el ejercicio del oficio de informar es punible con una prolongada estadía en la cárcel. Por otro lado podría dedicarse a un periodismo más liviano, más intrascendente, más amable, para apaciguar a sus perseguidores. La otra opción sería retomar su trabajo periodístico tal como lo venía haciendo antes de su detención y pagar el enorme costo que ello implicaría para su salud física y mental y el bienestar de su familia y de su entorno, además del riesgo cierto de volver a la cárcel o algo peor.
