Este martes 1° de octubre se realizó (vía plataforma de videoconferencias Zoom) la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.
Durante la misma, la UFI detalló la acusación contra Juan Zamora, titular de la finca en cuestión ni (actualmente se encuentra en Roma, Italia), solicitando como medidas de coerción la fijación de una caución por $100.000.000 y que ponga a disposición ante la UFI su pasaporte en un plazo de 10 días, ante los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El auxiliar de fiscal Bilbao destacó que, a los fines de la Ley, “el agua es un elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Constituye un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que será premisa básica garantizar su aprovechamiento racional, eficiente y equitativo, fomentando el desarrollo sustentable y procurando no alterar su calidad ni el equilibrio del medio ambiente, teniendo en cuenta el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.
El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, y en consecuencia imponer al acusado las medidas de coerción de promesa de someterse al procedimiento, la obligación de mantener un domicilio, la obligación de permanecer a disposición del tribunal y de someterse al proceso, concurrir mensualmente a la comisaría más cercana a su domicilio hasta el día 10 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización por el plazo de seis meses; además de la prestación de una caución por $100.000.000.
La acusación
En mayo de 2023, Juan Zamora, mediante el uso de mano de obra especializada, rompió el acueducto central, principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva Lomas de Imbaud, cuya concesión pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), realizando una conexión clandestina que consiste en desviar parte del caudal de agua potable, direccionándola mediante caños para abastecer una laguna artificial de su propiedad, entorpeciendo el normal funcionamiento del servicio público de provisión de agua potable y el abastecimiento en la localidad de Yerba Buena, ocasionando un perjuicio a miles de usuarios.
La investigación se puso en marcha a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según la misma, el martes 24 de septiembre de 2024, ante los numerosos reclamos por falta de agua en la zona oeste de Yerba Buena, el personal de Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) recorrió la traza de la toma Las Piedras (principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva en Lomas de Imbaud), detectando una conexión clandestina que desviaba parte del caudal de agua en dirección a una laguna ubicada hacia el este del acueducto.
Nuevas medidas
Por disposición de la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, en la jornada del lunes 30 septiembre, se llevó a cabo una medida de allanamiento en la finca donde se encuentra la laguna ilegal, con la presencia de personal de la SAT y un geólogo de la Dirección de Recursos Hídricos.
Durante la medida se estableció que el embalse artificial presenta una superficie aproximada de 8.900 metros cuadrados y una profundidad de seis metros, lo que arrojaría una capacidad de reserva de agua de 53.400 metros cúbicos.
También se observó que dicha represa se encuentra recubierta por una geo membrana de polietileno y se encontró la ubicación de la llave esclusa para evacuación del agua.
Habiendo finalizado la medida, se analizó el registro satelital de la base de datos de la aplicación Google Earth Pro, donde se puede observar que en el mes de mayo de 2023, ya se encontraba la laguna artificial con la cobertura mencionada y conteniendo agua.
Paralelamente, durante toda la jornada la UFI interviniente prosiguió con la toma de declaraciones testimoniales en el marco en la que se continúan realizando medidas de investigación para determinar la extensión del perjuicio producido.
