El hallazgo de la conexión ilegal fue documentado por los guardaparques Franco Puertas, José Pistán y Silvio Díaz, quienes en una nota dirigida al director del Parque Sierra de San Javier, Rodolfo Salinas, detallaron que la conexión parecía haber sido instalada hacía varios años. Según su informe, la conexión se encontraba en la zona entre los ríos Anta Yacu y Piedras, justo en los límites de la Zona Este del parque. La conexión consistía en una “pinchadura” a una tubería de hierro que data del siglo XIX, específicamente del proyecto Cipolletti de 1890, que aún forma parte del sistema de abastecimiento de agua de la región.
Los guardaparques describieron que la tubería clandestina, hecha de PVC y de dos pulgadas de diámetro, desviaba el agua hacia una finca privada, donde alimentaba una enorme represa de aproximadamente nueve metros de profundidad. La finca, dedicada al cultivo de cítricos y paltos, estaba protegida por un vallado electrificado, lo que complicaba el acceso y la investigación inicial. Esta propiedad está ubicada junto al Parque Sierra de San Javier (PSSJ), lo que hizo más evidente la gravedad del desvío ilegal de recursos hídricos de una reserva natural.
La SAT realizó una inspección del lugar la semana anterior a que la denuncia tomara estado público y constató que la tubería conducía el agua hacia una laguna artificial de 10.000 metros cuadrados en Cebil Redondo, dentro de la propiedad del productor citrícola Juan Zamora. Se descubrió, además, que la laguna había sido construida en 2021, según el seguimiento con imágenes satelitales, lo que indicaba que el robo de agua podría haber estado ocurriendo desde entonces o incluso antes.
Ante la gravedad del caso, la Justicia ordenó un allanamiento en el predio, durante el cual se desenterraron 32 metros de la cañería clandestina con la ayuda de una retroexcavadora. Se procedió a anular la conexión, retirando la llave esclusa que permitía el desvío y cortando el flujo de agua hacia la laguna. Este operativo fue supervisado por el Ministerio Público Fiscal, que actualmente investiga las responsabilidades penales de los implicados.
La magnitud del desvío de agua ha causado una gran preocupación en la comunidad, ya que no solo afectó el suministro a importantes áreas residenciales, sino que también puso en peligro los recursos naturales protegidos del Parque Sierra de San Javier. Además, el hecho de que la finca estuviera equipada con sistemas de seguridad tan estrictos ha generado sospechas sobre la premeditación y la posible complicidad en el robo de un recurso vital como el agua.
Este caso ha abierto un debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y protección de los recursos hídricos en la región, especialmente en zonas rurales donde los controles pueden ser menos estrictos, permitiendo a individuos o grupos aprovecharse de las vulnerabilidades del sistema.