La UNT hará escuchar su discoformismo en la segunda marcha federal universitaria

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La vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Mercedes Leal, expresó que en esta nueva jornada de protesta a nivel nacional expresarán su reclamo en defensa del presupuesto universitario y por la restitución del fondo nacional del incentivo docente.

Las políticas de vaciamiento a la educación llevadas adelante por el Gobierno de Javier Milei generaron una respuesta contundente en el ámbito universitario. Estudiantes, docentes y gremios convocaron para este miércoles 2 de octubre desde las 17 a la segunda Marcha Federal Universitaria del año. La convocatoria central será frente al Congreso de la Nación, pero habrá movilizaciones en todo el país, en un claro rechazo a la intención del presidente Javier Milei de vetar la nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Sobre el particular Prensa Multimedios consultó a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Mercedes Leal, quien manifestó que “vamos a estar mostrando los números contundentes de quiénes somos los universitarios y esta manifestación será importante, en defensa de la universidad pública”.

Consultada sobre la idea de traspasar a las provinicas las universidades, la vicerrectora afirmó que “eso es inaceptable y creo que es otra provocación de este gobierno nacional”.

“Está claro que este gobierno tiene un modelo de especulación financiera”, sostuvo. Recordó que las experiencias de años anteriores han demostrado que el traspaso a las provincias son un fracaso.

Leal al finalizar indicó que “toda la comunidad universitaria está unida en este reclamo (por un mayor presupuesto, por salarios dignos salar y por el fondo de incentivo docente), y tenemos que seguir así y por eso estamos invitando para que esta marcha sea masiva”.

La Ley de Financiamiento Universitario

La Casa Rosada tiene plazo hasta el 3 de octubre para publicar el veto en el Boletín Oficial, fecha en la que se cumplirán diez días hábiles desde que la norma fue enviada del Senado a la Secretaría Legal y Técnica.

Tanto los funcionarios como el Presidente han anticipado que se opondrán a la ley, lo que obligará al Congreso a ratificar la decisión.