Transcurridos varios meses de la presidencia de Javier Milei, resulta evidente que la dislocación social, la disolución nacional y la desintegración regional son distintas aristas de un mismo proyecto: transformar a nuestro país en un territorio a medida de los intereses de los grandes capitales, reduciendo al mínimo cualquier tipo de accionar estatal que pudiera fijarles un límite con miras a proteger el interés general y mejorar las condiciones materiales de vida del conjunto de la población.
Como lo definió recientemente el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, el destrato sistemático que el gobierno nacional ofrece a las provincias y municipios en general, junto a la asfixia económica y financiera con la que busca someter a la provincia de Buenos Aires en particular, configuran un verdadero programa de disolución nacional. La Canciller Diana Mondino ensaya un giro de igual naturaleza en el plano internacional, que contempla como punto central la desintegración del Mercosur.
La ausencia de Javier Milei en la pasada Cumbre de Jefes de Estado del bloque constituyó un primer indicio de dicha orientación, que fue complementado hace unos días con la presentación de una peculiar propuesta en el Grupo de Relacionamiento Externo: romper con la política comercial externa común al plantear que los Estados Parte del Mercosur puedan negociar individualmente (y no como grupo) acuerdos con otros países.
A simple vista, el fenómeno podría interpretarse como un caso adicional en la extensa lista de desregulaciones implementadas por el oficialismo, solo que a escala regional. No obstante, -por razones históricas y especialmente en una coyuntura internacional como la actual- esta medida conllevaría nada menos que una renuncia a toda estrategia nacional y regional de desarrollo, relegando a la Argentina a un eslabón débil, periférico y volátil del mercado mundial.
Mercosur libertario
A continuación, presentamos un conjunto observaciones sobre el alcance de la iniciativa señalada, para luego enumerar diversas razones por las cuales una revitalizada política de integración regional (y no su quiebre) constituye el sendero que nuestro país debería recorrer para impulsar el desarrollo, preservar la soberanía y construir un futuro de prosperidad.
Acerca de la propuesta libertaria, caben aquí tres observaciones. En primer lugar, y en el plano político-jurídico, el camino sugerido implica una abierta violación al Tratado de Asunción, pilar fundacional del Mercosur. Este Acuerdo fue firmado en 1991 con la finalidad de edificar un mercado común y determina tres condiciones elementales: i) el establecimiento de un arancel externo común (esto es, que las partes den el mismo tratamiento arancelario a los bienes que provienen de países que no integran el bloque); ii) la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados (o sea, que todos traten de igual modo en lo que respecta a la política comercial a los bienes de los países denominados “extra-zona”); y iii) la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales (tener una voz común que defienda los intereses regionales en la arena internacional).
Naturalmente, la negociación individual perforaría de modo permanente el arancel externo común: quien negocie por fuera del bloque trataría de manera diferencial a las importaciones del tercer país con quien hubiera firmado un acuerdo vis-a-vis el resto de los integrantes del Mercosur que no hayan avanzado en igual sentido. Ello supondría, de igual modo, el fin de la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados, al tiempo que vaciaría de sentido la idea de coordinar posiciones en foros internacionales al desbaratar las políticas e intereses de los miembros del bloque.
En segundo lugar y en perspectiva histórica, la posición adoptada por el gobierno nacional supone echar por la borda la concepción política y económica del proceso de integración regional, un compromiso que lleva más de tres décadas en pie, a pesar de los vaivenes que experimentaron todos los países de la región en tal periodo. Aun con sus limitantes, y habiendo alcanzado el estatus de una unión aduanera imperfecta, el Mercosur registró múltiples avances que exceden ampliamente la dimensión comercial. El proceso de integración puso en valor la importancia de construir confianza mutua, y por eso la cooperación dentro del bloque se extendió a numerosos ámbitos que van desde el empleo, la educación, los derechos humanos, la ciencia y la tecnología, hasta la defensa y los usos específicos y pacíficos de la energía nuclear.
En tercer lugar, es preciso alertar respecto a las consecuencias derivadas de esa propuesta, por el momento infructuosa debido a la negativa de Brasil y de Paraguay. Por una parte, si algún país del bloque brindara unilateralmente un acceso preferencial a su mercado en el marco de un acuerdo con un país “extra-zona”, se alterarían sustancialmente las condiciones de competencia que deberían enfrentar las empresas de los otros Estados Parte, en tanto compañías de un tercer país también podrían operar allí bajo igual tratamiento arancelario y regulatorio.
Esa situación, por otra parte, obligaría a contar con un sinnúmero de reglas y controles de compleja aplicación para evitar el riesgo de la “triangulación de comercio”. ¿A qué nos referimos? A que productos originarios de países o bloques muy competitivos del mundo (por ejemplo, de Asia) ingresen en condiciones preferenciales al mercado del país que impulsó un acuerdo unilateral, para luego ser destinados a otro país del Mercosur (que no haya firmado tal acuerdo con ese bloque o país), bajo el ropaje de ser un “producto originario del Mercosur” y, por tanto, invocar el trato preferencial que otorgan los socios de nuestro bloque regional a los productos elaborados por cualquiera de sus Estados Parte. ¿Quién va a proteger en ese escenario a las empresas nacionales si el propio presidente se describe como un “topo que destruye al Estado desde adentro”? La inserción del Mercosur en la economía global debe darse siempre en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra.
En suma, desandar el proyecto de integración regional no es una mera cuestión anecdótica. Contrariamente, tiene derivaciones muy concretas. A modo de ejemplo, debemos recordar que las exportaciones argentinas destinadas al bloque se componen, mayoritariamente, de bienes con mayor valor agregado y contenido tecnológico en comparación con aquellas destinadas a países extra-zona, que se concentran en productos primarios y/o basados en la explotación de recursos naturales. ¿A quién le va a vender nuestro país las manufacturas de origen industrial que hoy coloca en la región si dejamos de lado la integración y cada parte avanza en acuerdos individualmente? La contracara de la política libertaria no solo redundaría en la pérdida de mercados, sino también en la reprimarización de la estructura productiva. Una economía con menor complejidad y a disposición de unos pocos privilegiados.
A contramano
La propuesta libertaria, por otra parte, va a trasmano del sendero que tomaron otros países para alcanzar el desarrollo. Es el caso de las trece colonias de América del Norte a partir de 1776, que tras independizarse de su metrópolis británica avanzaron en la conformación de un mercado común y una nueva Nación y fomentaron su desarrollo a través de medidas proteccionistas e industrialistas.
O las regiones del norte de Europa a mediados del siglo XIX que, luego de conformar la zollverein (Unión Aduanera) a través de políticas comerciales comunes y la ampliación del mercado interno, permitieron el nacimiento de Alemania como moderno Estado Nación. O la región asiática que, con su particular modelo de desarrollo de “vuelo de ganso”, permitió a partir de la primera posguerra y de modo sucesivo la industrialización e integración productiva de los distintos países de la región, comenzando con Japón, siguiendo con Corea del Sur y los tigres y dragones asiáticos, y más acá en el tiempo con la República Popular China y los nuevos países en proceso de industrialización. O la misma Unión Europea desde mediados de siglo XX, avanzando desde la Comunidad Europea del Acero y del Carbón hasta la actual Unión Europea.
El contexto internacional, adicionalmente, registra una innegable tendencia hacia la regionalización económica. Por cierto, ningún país elige voluntariamente afectar a sus empresas en virtud de un cúmulo de principios teóricos que no se enseñan en ninguna universidad del mundo. Los líderes toman decisiones basadas en la realidad que enfrentan. En nuestros días, sobresale una coyuntura signada por el bajo crecimiento, el incremento de la competencia y el proteccionismo y la multiplicación de conflictos geopolíticos que provocan disrupciones en las cadenas de valor y suministro. Además, aunque hay quienes pretenden ignorarlo, la agenda centrada en la liberalización hace rato que no marca el ritmo de los acontecimientos, empezando por las principales potencias que admira el presidente. No será sencillo encontrar compañeros para esa aventura. Antes bien, los países buscan el fortalecimiento de los bloques regionales como mecanismo de protección ante las fricciones del escenario global y como medio para resguardar sus estructuras socio-productivas.
En suma, la propuesta de Milei es un completo corso a contramano. Mientras hoy en el mundo las potencias capitalistas cuidan su trabajo local a través de medidas de carácter proteccionista, fomentan la producción manufacturera a través de políticas industriales y fortalecen y blindan sus esquemas de integración regional, Milei pretende tontamente liberalizar nuestro comercio, desproteger nuestras industrias y desandar el camino de integración regional llevado adelante en el marco del Mercosur.
Construir una alternativa política que retome el camino de la unión nacional y la integración regional es una tarea inexcusable para asegurar el desarrollo de la Argentina y salvaguardar nuestros intereses como Nación. Los desafíos en esta tarea son múltiples. Entre ellos, y en lo que hace a la política regional, indefectiblemente se deben abordar las asimetrías entre los países del Mercosur para avanzar hacia una integración más profunda, así como atender prioritariamente la dimensión productiva haciendo hincapié en los retos científico-tecnológicos y la inversión en infraestructura y logística a los fines de construir cadenas de valor regionales que, a su vez, nos permitan fortalecer nuestra posición económica y comercial en un mundo desafiante. De este modo, también será posible recuperar influencia en el ámbito multilateral para poder defender el espacio para la política de los países de la región y abogar por un orden mundial democrático, pacífico y justo, que favorezca el despliegue de un proyecto de desarrollo inclusivo y sustentable.
