Pasaron dos años y seis meses desde que la Ciudad de Buenos Aires amaneció inundada de afiches con la imagen de Cristina Kirchner y la leyenda “Culpable de 35.000 muertes. Asesina” en clara alusión a las muertes por el Covid-19.
Ese “escrache” motivó un repudio inmediato de Alberto Fernández, que se sintió incómodo con la situación. A partir de ese momento intervinieron tres jueces, de tres fueros distintos. Se hicieron decenas de allanamientos, se investigaron diferentes hipótesis, y hasta se determinó cuánto se pagó por los carteles y dónde se imprimieron. Pero nunca se llegó a los autores intelectuales y la Justicia terminó archivando la causa principal.
En una breve resolución a la que accedió Infobae, el juez Manuel De Campos repasó las idas y vueltas de la investigación y explicó los motivos que lo llevaron a cerrar la causa. Dijo que se fueron descartando todas las figuras penales evaluadas desde marzo de 2022. Y que no se puede encuadrar el caso como una calumnia o injuria porque la propia afectada, la ex vicepresidenta, no la impulsó como tal. “Si bien Cristina Fernández de Kirchner es parte querellante en este proceso, no podemos desconocer que adquirió esa calidad, con una pretensión procesal diferente y sin cubrir con todas las exigencias que se establecen para una querella por un delito de acción privada”, sostuvo el magistrado.
Los afiches se distribuyeron en la madrugada del 28 de marzo de 2022. Los primeros que cayeron fueron los dos hombres contratados para realizar la pegatina: Christian Mendez (29) y su padre Darío (53). Ante la justicia porteña, declararon que fueron contratados por un empleado de la imprenta “Vía Graphic” y que cobraron un adelanto de $45.000 y luego otros $35.000 para pegar los carteles en Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y Paseo del Bajo.
Los investigadores comenzaron a reconstruir los días previos. Por los testimonios y las cámaras de seguridad se comprobó que el viernes 25, entre las 16 y 17 horas, Christian Mendez fue hasta la imprenta de Lanús en su camioneta, donde le entregaron unos 500 afiches.
Al día siguiente, el 26 de marzo, un chofer de Uber, a bordo de un Fiat Palio blanco, llevó un adelanto del dinero para financiar la campaña. El hombre, identificado como Emanuel Montiel, fue captado por las cámara de seguridad del lugar con una gorrita y un sobre de papel madera en la mano. En ese sobre estaba el dinero y un pen drive con el afiche. Con los mails y otras pruebas obtenidas, la Justicia determinó que se pagaron $470 mil pesos.
Cuando lo interrogaron, el chofer acusó a una mujer de 61 años que tenía domicilio en Recoleta, a muy pocas cuadras del departamento de la ex vicepresidenta.
Esa mujer fue identificada como Nilda Lilian Melhem. El juez De Campos ordenó su detención pero la desestimó a las pocas horas. Los investigadores revisaron sus redes sociales y no encontraron ninguna vinculación política. El único dato llamativo, teniendo en cuenta el contenidos de los carteles, fue que había posteado la muerte de su padre por COVID. No alcanzó. La pista sobre esa mujer se fue desinflando con el paso de los días.
La investigación sobre los afiches tuvo tres causas distintas: una en el juzgado federal de Sebastián Casanello, otra en el fuero correccional por una denuncia del empresario Enrique “Pepe” Albistur, y la tercera en la Justicia de la Ciudad, que se concentró en la pegatina de los carteles. Esa última se cerró hace unos meses, tras un fallo de la Sala II de la Cámara Contravencional. “Los fiscales que intervinieron en ese proceso no lograron revertir dos agravios trascendentes. Estos son: la falta de precisión respecto a la conducta que desplegó cada uno de los acusados y la falta de determinación de los carteles sobre los cuales se colocaron los afiches y de los daños ocasionado”, sostuvo De Campos en su fallo.
Durante meses, las tres causas avanzaron en paralelo y hubo una disputa por la competencia que llegó hasta la Corte Suprema y el Procurador general Eduardo Casal. El Máximo Tribunal terminó decidiendo que la investigación tenía que tramitar en el fuero criminal y correccional, en línea con el pedido de la querella y de la Fiscalía.
En medio de ese tironeo, la investigación nunca logró determinar quién estuvo detrás del “escrache”. Una de las últimas pistas apuntó a otra mujer, identificada como “Micaela”, que coordinó el pago de los afiches. Nunca la pudieron identificar porque se comunicaba a través de un número desconocido y un correo electrónico que luego dio de baja.
El primer llamado de “Micaela” a la imprenta fue el 4 de marzo, desde un número oculto. En ese contacto, dijo que se trataba de “un afiche político” y que necesitaba una pegatina libre (ilegal). Luego de varios contactos, el 21 de marzo, volvió a llamar para decir “que le habían pedido” que el pago sean en dos partes. No era la única vez que se refería a un tercero. En una de las comunicaciones aportadas a la causa habla de supuestos jefes: “Ya se que no tengo palabra pero me mandan a mi, soy la que pongo todo, pero está yendo, te juro, vas a tener la guita ahí hoy”.
El 22 de marzo, “Micaela” y un empleado de la imprenta de Lanús pactaron la entrega del anticipo y el pen drive con el afiche. El saldo se terminó abonando el 30, dos días después de la pegatina. Con los datos del chofer, se llegó a Melhem, pero nunca se pudo saber quién estaba detrás.
La historia no terminó. Según pudo saber este medio, el fiscal Leonel Gómez Barbella apelaría esta semana la decisión del juez porque considera que hay medidas de prueba que nunca se hicieron. También apelará la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Gregorio Dalbón. “El juez tiene miedo de instruir esta causa, se la sacó de encima. Vamos a pedir que declare la víctima”, le dijo el abogado a Infobae.
