El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó el pasado jueves un predio tomado por una familia de nueve integrantes en Constitución, luego de varias denuncias de vecinos de la zona. Allí, los ocupantes, dedicados al cirujeo, vivían junto a 36 perros que se encontraban en un alarmante estado de abandono. Las personas fueron reubicadas, en tanto que se realizó una exhaustiva limpieza del lugar y se procedió al rescate de los animales. De acuerdo a registros de la Policía de la Ciudad, 53 denuncias realizadas durante los últimos siete años estaban vinculadas al inmueble, por delitos de robo, incendio, abuso sexual simple y hasta un expediente por averiguación de causales de muerte.
El operativo de desalojo en la calle Pavón al 1800 fue realizado personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Agencia de Protección Ambiental, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, la Dirección General de Control Animal, la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad e Higiene Urbana. a medida había sido dispuesta por el Juzgado de 1ra Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a cargo de la doctora Rocío López Di Muro, tras la solicitud presentada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián.
Ante este escenario, personal del programa Buenos Aires Presente procedió a realizar un censo de las condiciones del lugar y de las personas que vivían allí. En total, se contabilizaron nueve personas -siete mayores y dos menores- que vivían en dos habitaciones construidas de manera precaria. Tras el allanamiento, todos fueron reubicados con sus respectivas pertenencias. Ante la orden de desalojo, los ocupantes no se opusieron y accedieron a dejar la finca.
Durante el procedimiento, los agentes constataron un gran desorden y suciedad en la propiedad, como así también el acopio de una importante cantidad de plásticos, papeles y latas de gaseosas y cervezas.
Además, en el predio se encontraron 36 perros de raza mestiza, entre cachorros y adultos, con una evidente falta de alimento, higiene y agua. Todos ellos fueron examinados por veterinarios de la APRA, fueron rescatados y reubicados en distintas ONG.
La Guardia de Auxilio inspeccionó el lugar y determinó que el mismo no se encontraba en condiciones de habitabilidad, debido a la posibilidad de derrumbe y escasez de suministro eléctrico, cuya instalación no estaba habilitada. De esta manera, los inspectores implantaron la faja de clausura correspondiente “por razones de seguridad estructural y constructiva”, tal como comunicaron las autoridades del GCBA.
Personal de Espacio Público procedió a realizar un barrido, rastrillaje y limpieza de la totalidad del terreno.
La doctora Di Muro y el doctor Rolero Santurián, titular de la UFEMA, resolvieron que el lugar quede bajo custodia policial, a los fines de evitar que vuelva a ser tomado y se haga la correspondiente entrega del mismo.
En el último tiempo, los casos de maltrato animal se volvieron moneda corriente dentro de los límites de CABA. En este sentido, el mes pasado seis perros que vivían en condiciones deplorables dentro de una vivienda del barrio porteño de Pompeya fueron rescatados gracias a intervención de la justicia porteña y puestos al resguardo de una ONG especializada en maltrato animal.
Ante la denuncia de un vecino, que refería ladridos constantes y malas condiciones de higiene, la Justicia porteña solicitó un allanamiento en un domicilio de la calle Cachi al 700.
Tras una investigación realizada por el fiscal Rolero, se comprobó que los animales eran víctimas de distintos actos de crueldad por parte de su dueña y se solicitó la intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de Primera Instancia N°18, a cargo del doctor Ricardo Baldomar, con el objeto de hacer cesar todos esos tormentos.
El análisis hecho por los veterinarios en el lugar reveló que los perros se encontraban siendo objeto de actos crueles por las condiciones a las que estaban siendo sometidos debido a las características deficitarias de la vivienda, en un riesgo significativo para su salud y bienestar, por lo que aconsejaron su inmediato rescate.
