Los hechos de violencia hacia personas en situación de calle aumentaron casi un 40 por ciento en el último año en todo el país. Así lo indica el tercer informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) que cada año realiza la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle en conjunto con investigadoras de la UBA. El informe arroja un aumento todavía más exponencial en los casos identificados como “violencia institucional” sobre esa población, que crecieron en más del 500 por ciento con respecto al último período analizado.
125 casos entre agosto de 2021 y agosto de 2022. 233 casos entre agosto de 2022 y agosto de 2023. 320 casos entre agosto de 2023 y agosto de 2024. Los hechos de violencia no paran de crecer. Entre el segundo y el tercer RUV se verificó ahora un aumento del 37 por ciento, con “un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 27 horas“. Y eso que el informe del Registro aclara que incluso en esos números hay un subregistro: los datos se recolectan a partir de las denuncias publicadas en medios de comunicación y las difundidas por las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Es decir que no se incluyen los muchos actos de violencia desconocidos, que no llegan a denuncia pública.
“El RUV registra, desde el 2022, un aumento sistemático de los hechos de violencia”, ratifica el tercer informe realizado por la Asamblea y las investigadoras Jorgelina Di Iorio, Lucía Armentano y Milena Sapey, integrantes del grupo de investigación Sociabilidad por los márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA. Para las investigadoras, el RUV se debe entender como “una herramienta de denuncia colectiva y colaborativa de registro, sistematización y visibilización de distintas formas de violencia de las que son objeto las personas en situación de calle, algunas de las cuales implican la muerte”.
Las muertes, claro, constituyen el dato más preocupante. En el último año “fallecieron 135 personas en situación de calle en el territorio nacional”, advierte el informe, que subraya que eso implica “una muerte en el espacio público cada dos días y medio“. De esos 135 casos recabados por el RUV, 33 se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en la Provincia de Buenos Aires, 19 también en Salta y 11 en Santa Fe. El informe cita el nombre de 82 de las 135 muertes y señala que, del resto, no se conocen sus nombres: “Eso también es violencia”, advierten.
Pero el mayor aumento con respecto al período anterior se registró en uno de los tipos de violencia que el RUV desagrega. Se trata de los hechos de “violencia institucional“, definida como los “ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otrxs funcionarixs públicxs“. Según el informe, los casos crecieron más del 500 por ciento: fueron 104 los registrados entre 2023-2024, mientras que en el anterior período habían sido 17.
Las investigadoras ubican la responsabilidad de este punto en el exponencial aumento de la pobreza, los discursos de expulsión hacia las personas en situación de calle y la falta de dispositivos para contenerlas: “Ante un aumento de la pobreza y las personas en situación de calle con dispositivos inadecuados e insuficientes, se priorizan soluciones gubernamentales focalizadas en la expulsión vinculadas a lógicas punitivas y tutelares (desplazamientos, detenciones ilegales, derivaciones a instituciones de salud mental)”, alertan.
“La repetición de las violencias produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad, lo que promueve entre las personas bajos umbrales de empatía y desensibilización al sufrimiento de otros, elementos ambos indispensables para la producción y naturalización de esas violencias”, agregan.
Tras la “violencia institucional” se ubican las situaciones de “violencia estructural“, definidas como las “lesiones físicas graves, con o sin fallecimiento, producto de las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie y en la itinerancia“. Fueron 121 esos casos en el último año, mientras que hubo 95 situaciones de “violencia social”. En este caso, el RUV define a esa violencia como “ataques físicos en el espacio público entre ciudadanxs de a pie, con lesiones graves o fallecimientos”.
Los casos de “violencia institucional” se dividen entre las fuerzas de seguridad, con el 20,6 por ciento de los hechos totales, y los “funcionarios gubernamentales”, con el 12,2 por ciento. Las “causas estructurales” ocupan el 29,4 por ciento del total de casos. En cuanto a las situaciones de “violencia social”, el 20 por ciento de los hechos totales fueron perpetrados por personas que no están en situación de calle, mientras que el 5 por ciento los cometieron personas que sí están en esa situación.
Sobre las edades de las víctimas de las violencias, el informe precisa que la mayor cantidad de casos se da en el rango etario de entre 37 y 56 años, con el 24,7 por ciento. Le siguen las franjas de entre 18 y 36 años, con el 18,4 por ciento, y de entre 57 y 66 años, con el 8,4 por ciento. El 2,8 por ciento de las víctimas fueron mayores de 66, mientras que el 1,3 fueron menores de 18 años. Del 44,4 por ciento de los casos no se conoce la edad de la víctima.
El informe también advierte sobre el subregistro de las violencias hacia personas del colectivo LGBTQ+. Lo ejemplifican con el caso de Carolina Machado, una mujer trans que murió a los 29 años en Constitución y que “fue contabilizada como ‘varón’ sin respetar su identidad”.
