El Gobierno anunció este viernes que enviará al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 13 años «con el fin de evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores»
La iniciativa fue confirmada de forma conjunta por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), quienes brindaron una conferencia de prensa.
Posteriormente se publicó un comunicado que afirma que «se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas».
«Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad», agrega.
El comunicado sostiene que la ley vigente data de «la década del 80» y que «la juventud de hoy no es comparable a la de hace 4 décadas».
El texto afirma hay un «persistente crecimiento de la criminalidad juvenil«, lo que califica como «uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación».
«Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricción, evadiendo así la responsabilidad penal», añade.
«Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de los menores para violar la ley. Quien tenga la osadia de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia», concluye.
El proyecto
El proyecto establece un nuevo Régimen Penal Juvenil que abarca a adolescentes de entre 13 y 18 años.
Detalla que los menores de entre esas edades que delinquen pueden ser privados de la libertad en «establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo» y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.
«El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas», se explicita en una síntesis que publicó clarín.com.
Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, como «asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes».
En cuanto a las penas, serán de 3 a 6 años de prisión «siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas».
La pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, de concurrir a determinados lugares (como establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.
El cumplimiento de las condenas deberá ser verificado por jueces o fiscales. «También por la víctima, si es su deseo», se aclara.
La pena máxima que podrán recibir los imputados será de 20 años . Al cumplir 2/3 de la condena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas. Ante el incumplimiento, se sustituirá por una más severa.
En los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas.
En la conferencia de prensa la ministra Bullrich aseguró que este es un “día importante para el país para tantas familias que perdieron a sus hijos en manos de un menor. Ese menor después de un delito volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Que no tengan condena es la peor condena como país”.
Remarcó asimismo que “venimos a cumplir con una sociedad que no quiere tener impunidad. A partir de ahora el delito y lo peor la muerte tiene consecuencias”.
Explicó que ahora quedarán abarcados “los adolescentes de 13 a 18 años. Habrá sanciones a la persona mayor que actúe como instigador, que mandó a un menor a delinquir”.