Más de una veintena de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se pronunciaron en contra de la construcción en Ecuador de una de las dos cárceles de máxima seguridad prometidas por el presidente Daniel Noboa, quien inauguró el viernes el comienzo de la obra que tendrá características similares a las prisiones hechas por su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir a las mafias.
«Este es un proyecto innecesario y antitécnico que, además de violar derechos colectivos y de la naturaleza, incurre en las mismas soluciones fallidas que han incidido en la crisis carcelaria ecuatoriana», señalaron estos colectivos, agrupados en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. «Denunciamos la construcción de la nueva ‘megacárcel’ como una medida populista, carente de rigor técnico», subrayaron.
La prisión se construirá en la costera provincia de Santa Elena, con una capacidad para albergar 880 reclusos. Estará destinada particularmente a los líderes de las bandas criminales a las que Noboa declaró la guerra, bajo la figura de un conflicto armado interno, al estar consideradas como la causa que llevó a figurar a Ecuador entre los países de Latinoamérica con más homicidios per cápita. Según el Gobierno, la construcción de esta cárcel tomará alrededor de 300 días y tendrá un costo de 52 millones de dólares.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos aseguró que los terrenos donde se hará la prisión pertenecen a comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy y que en esas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, que es un ecosistema primario y alberga árboles de más cien años de existencia. «En la zona se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como la existencia de restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la costa», detalló.
En virtud de ello, las organizaciones consideraron que el Gobierno de Noboa debe realizar una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, que se aplica a los proyectos que se realizan en territorio indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes. En ese sentido, aseguraron que sobre el proyecto de esta cárcel no existiría informe de impacto ambiental, informes de restos arqueológicos de culturas costeñas y procesos de consulta libre, previa e informada. Además, mencionaron que grupos de soldados fueron a las tierras antiguas para poner señales en lugares específicos donde van a comenzar a construir la prisión.
En la ceremonia de inicio de la construcción de la obra, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, precisó que la nueva prisión tendrá tecnología de vanguardia, que incluye sistemas de videovigilancia enlazados a software de inteligencia artificial. «Este centro no sólo será el primero en su tipo en el país, sino que también establecerá nuevos estándares en la categorización de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad», explicó.