El gobierno de Javier Milei sigue batiendo récords de retos de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos en poco más de seis meses en la Casa Rosada. En esta oportunidad quien puso a la Argentina bajo el foco internacional fue Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El funcionario le recordó a la administración de La Libertad Avanza (LLA) que debe respetar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión tan solo seis días después de que una protesta contra la ley Bases terminara con 33 personas detenidas y acusadas desde el gobierno de ser terroristas.
“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos”, comenzó el titular del ACNUDH. “Entre ellas se incluyen recortes del gasto público que afectan especialmente a los más marginados, el anunciado cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030”, añadió.
“Insto –dijo el funcionario de Naciones Unidas– a las autoridades a que sitúen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva. Esto implica también el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”.
Türk incluyó la situación de la Argentina en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, que celebró su 56ª sesión. Fue cuando se refirió a países que atraviesan conflictos violentos como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití.
Para el ACNUDH, hay varios ejes problemáticos en la plataforma de gobierno de Milei: el recorte del gasto público para los sectores más desprotegidos –que se llegó a su paroxismo con la no entrega de medicamentos a personas con enfermedades graves o el acopio de alimentos en depósitos del Ministerio de Capital Humano–, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la eliminación de instancias como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o los centros de acceso a justicia (CAJ) y la postura de la Cancillería de no participar en ninguna reunión referida a la Agenda 2030 –que tanto Milei como su feligresía reaccionaria ven como la sumatoria de todos los males porque habla del fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la igualdad de género y el cambio climático, entre otros puntos.
El recordatorio de Türk sobre el derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión tiene que ver con la política que viene llevando adelante Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad para impedir las manifestaciones. De hecho, el 14 de diciembre –tan solo cuatro días después de la asunción de Milei– anunció la puesta en marcha de un protocolo para evitar cortes de calles, que, en la práctica funciona, como una resolución administrativa que impide las manifestaciones o protestas.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han marcado que, desde que se puso en marcha el protocolo, la protesta pasó de ser un derecho a convertirse en un delito. La ministra puso en marcha un registro de quienes suelen cortar la calle mientras impulsa denuncias penales y pretende cobrar por los operativos que ella misma diseña. Por la parafernalia que se implementó el miércoles pasado pretende que las agrupaciones políticas o sociales paguen 130 millones de pesos.
No es el primer tirón de orejas de la ONU que recibe Bullrich y, por ende, Milei. En enero pasado, la oficina para América del Sur del ACNUDH estuvo de visita en el país. Sus representantes se reunieron con la canciller Diana Mondino, con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, con el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños y con Bullrich. La única que emitió un comunicado dando a entender que la reunión había sido tensa fue la ministra de Seguridad, que estaba molesta porque un relator de la ONU había criticado por Twitter el protocolo anti-manifestaciones, su caballito de batalla.
Pocos días después llegó una comunicación firmada por los relatores Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos). Naciones Unidas desmenuzó artículo por artículo el protocolo de Bullrich. No hubo ni una sola ponderación positiva.
El ACNUDH –desde su oficina regional– también pidió participar del debate en Diputados sobre la primera versión de la ley Bases. Entre sus preocupaciones estaba el capítulo que había redactado Bullrich. En ese momento, el organismo advirtió –en sintonía con organizaciones locales como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)– que la iniciativa podría ser una forma de convalidar ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, ese capítulo fue apartado de la llamada ley ómnibus, pero la ministra envió proyectos por separado al Congreso.
Hubo también cuestionamientos por parte del sistema regional de derechos humanos. Como anticipó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió convocar para el próximo 11 de julio a una audiencia para analizar la situación de la protesta social en la Argentina. Fue después de una presentación motorizada por el CELS en la que se describía cómo se habían cercenado derechos desde que el gobierno de LLA está en la Casa Rosada. En las últimas horas, el capítulo local de Amnistía Internacional anunció que hará también presentaciones ante los órganos internacionales.