Las imágenes recorrieron el mundo: montañas sinuosas, áridas, de colores pasteles, banderas argentinas y whipalas contra el azul del cielo, un tumulto de gente indígena, criolla, trabajadora y cientos de efectivos de infantería que arremeten contra ellos para que desalojen ese corte en el cruce de las rutas 9 y 52 en Purmamarca, Jujuy. Ya pasó un año de aquella primera brutal represión del 17 de junio de 2023, el inicio de un estallido social de resistencia a una reforma constitucional ilegítima, aprobada entre gallos y medianoche por la legislatura provincial durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales. Una etapa signada por la violencia institucional, las detenciones arbitrarias, el armado de causas por sedición y multas millonarias, persecución a dirigentes, allanamientos, denuncias por torturas, espionaje, infiltrados en las marchas, lesiones graves como la pérdida de la visión de 6 personas por las balas de goma y el convencimiento de que ese globo de ensayo represivo, ahora, se trasladó al gobierno nacional de la mano de Javier Milei.
Un experimento mundial
“Nosotros anunciábamos que Jujuy era un experimento de laboratorio nacional, hoy podemos decir que Argentina es un experimento de laboratorio mundial, donde a través del DNU 70/23 y este proyecto de Ley Bases, se reforma la Constitución Nacional de manera encubierta, se tocan más de 200 leyes, lo que es contradictorio a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y tratados internacionales”, dice a Tiempo Néstor Jerez de la comunidad Ocloya, desde la puna jujeña. Jerez es miembro del Tercer Malón de la Paz y parte de la delegación que permaneció en un acampe contra la reforma por casi 4 meses frente a Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, desde agosto hasta diciembre de 2023. Jerez dice que la reforma jujeña legalizó “las violaciones de derechos humanos que vemos replicarse en diversas comunidades de los valles, en las quebradas, en la puna, para avanzar con el saqueo y el extractivismo que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la Pachamama”.
En este año se profundizaron también los desalojos de comunidades indígenas como las de La Quiaca Vieja y Juella, y el avance de las multinacionales sobre sus territorios. “Las personas que estuvimos resistiendo a la reforma constitucional nos hemos hecho más conscientes de hasta dónde pueden llegar el Gobierno en esta entrega de la patria” dice Natalia Machaca, referente indígena de las comunidades de Yala, Lozano, Los Nogales y León. Sobre ella todavía pesan algunas causas penales del jujeñazo, como la imputación de un homicidio por el fallecimiento por causas naturales de una persona en un ómnibus durante los cortes de ruta. “Algunas contravenciones han derivado en multas multimillonarias, la más alta es de 13 millones, en algunas causas fuimos sobreseídos pero en otras no, por eso estamos alerta”, explica. Machaca cuenta que desde la asunción de Milei no tuvieron tregua: la empresa Mekorot llegó a la provincia para quedarse con el agua de los ríos, situación que se legitima con la Ley Bases que fue aprobada en general en el Congreso de la Nación la semana pasada -en un contexto de brutal represión como sucedió en Jujuy- y cuyos artículos en particular aún faltan debatirse en Diputados. “Vamos a resistir, esto viene incluido con la Ley Bases, la provincia va a estar obligada a darle el agua a las mineras aunque la gente de Jujuy la necesite porque el RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) lo dice, por eso se le reprocha a la senadora (Carolina) Moisés haber votado en contra de la Ley Bases en general, pero a favor del RIGI”, manifiesta.
En el territorio del miedo
Una de las consecuencias de la reforma constitucional jujeña, cuyos lineamientos son compartidos por la Ley Bases, fue la pérdida de la personería jurídica para algunas comunidades indígenas como la de Río Grande, Lozano. Andrea Mamani, referente de esa comunidad, cuenta: “hemos perdido la lucha por nuestro territorio, se nos negó la personería jurídica por parte de la Secretaría de Pueblos argumentando que no cumplimos los requisitos”. De esta manera, no tienen los documentos que les permitan acreditar ante la Justicia el derecho al territorio que les pertenece. Pero también, la memoria de las represiones “dejó un miedo de salir a las calles, de ir y que te inventen causas, de ir a reclamar derechos y volver herido o no volver por quedar detenidos, también la discriminación porque la mayoría de la gente solo repite lo que los medios dicen: son piqueteros, vagos, quieren cosas que no son de ellos”. Los mismos discursos que se escuchan ahora sobre los detenidos durante la marcha de la Ley Bases.
Un laboratorio de la resistencia
Allí donde empezó todo, en la intersección de las rutas 9 y 52 en Purmamarca, esta semana se hizo se hizo una actividad y los referentes del Tercer Malón decidieron declarar al 17 de junio como el Día de la Resistencia Indígena. Natalia Morales, diputada del Frente de Izquierda en Jujuy, recuerda que hace un año “disparaban a la cara, a los ojos, con balas de goma y gases, contaban con muchos infiltrados que incluso apredreaban al resto de las personas y que detenían o indicaban a quien llevarse”. Ella también fue detenida en aquella represión, la policía la arrastró más de una cuadra. Para la diputada, Jujuy funcionó como un laboratorio de reformas y políticas de criminalización de la protesta. “Lo que se vivió el año pasado en Jujuy es lo que se está viviendo a nivel nacional con la Ley Bases y lo que fue la Ley Ómnibus”, dice. Más de 150 personas fueron procesadas e imputadas en esa provincia en 2023 con denuncias por sedición, entre otras. No obstante, Morales señala que “también se mostró que Jujuy es un laboratorio de la resistencia y que tuvo como protagonistas a la docencia y a las comunidades indígenas”. La multisectorial, creada durante el jujeñazo, que reúne sindicatos y organizaciones, es una muestra de ello.