“Estamos con mucha preocupación e incertidumbre y apenados por la situación que tenemos desde que asumió este Gobierno nacional y sobre todo por el posible cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia”, alertó Scrocchi.
El coordinador sostuvo que estos organismos tienen 15 años en la política pública y tienen como objetivo achicar la brecha entre instituciones judiciales y las personas. “Buscamos tener cercanías con equipos interdisciplinarios, más allá de abogados, como psicólogos y trabajadores sociales”.
“Las personas en situación de vulnerabilidad atraviesan situaciones multicausales y por eso trabajamos con equipos de profesionales de diversas áreas”, agregó.
“En Tafí Viejo somos cuatro trabajadores y ya fueron despedidos dos. Trabajamos con la Municipalidad local y con el Ministerio Público Fiscal y otras entidades de la justicia en forma articulada”, dijo Scrocchi. “Desde lo jurídico aportamos consultas orales y atenderlos para facilitarles el acceso a la justicia o mediaciones comunitarias”, enfatizó.
“Tenemos un comunicado, pero sin certezas sobre los cierres de los CAJ. Hablan dolorosamente de que somos una caja pero nada de esto es verdad. Es el mismo modus operandi que usan con otros organismos del Estado”, agregó el coordinador.