La vuelta no le está resultando tan fácil a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Pese a que consiguió –después de estar tres años prófugo– que la jueza de primera instancia y la Cámara Federal lo eximieran de ser detenido cuando vuelva al país, la fiscalía insiste que no le corresponde tal beneficio y presentó un recurso para llevar la discusión a la Cámara Federal de Casación Penal.
“Pepín” Rodríguez Simón fue uno de los asesores más cercanos a Mauricio Macri. Pese a no integrar el gabinete de Cambiemos, tenía un despacho en la Casa Rosada: compartía la oficina con José Torello, el jefe de asesores del entonces presidente. Fue uno de los consejeros más osados del entonces mandatario: el que le propuso designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema sorteando el aval del Senado.
Desde 2019, a “Pepín” lo investigan por haber supuestamente extorsionado a Cristóbal López y Fabián de Sousa –dueños del grupo Indalo, propietario de la señal C5N– en nombre del mismísimo Macri. La causa está radicada en el juzgado de María Servini.
El 8 de diciembre de 2020, mientras estaba en pleno trámite la investigación –y con Macri intentando que no se hurgara en sus llamadas telefónicas–, Rodríguez Simón decidió irse a Uruguay. Al poco tiempo, el 18 de marzo de 2021, Servini lo llamó a indagatoria. La defensa de “Pepín” inicialmente dijo que el abogado iba a volver al país, que estaba radicado en Uruguay con proyectos inmobiliarios.
Pero Rodríguez Simón no volvió. El 6 de mayo de 2021, pidió ser considerado un refugiado político por las autoridades uruguayas. La jueza se enteró de la decisión por los medios de comunicación, cuando “Pepín” denunció que era un perseguido político. El 19 de mayo de ese año, Servini lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional.
“Pepín” perdió en todas las instancias su pretensión de ser tomado como refugiado. Con la llegada al gobierno de Javier Milei, alegó que ya no sentía temor por su vida. El 7 de mayo pasado, su defensor, Gustavo de Urquieta, se presentó ante Servini para avisar que Rodríguez Simón –cual hijo pródigo– quería regresar a la patria.
El fiscal Guillermo Marijuán rechazó su pedido de no ser detenido después de haber estado tres años prófugo. Sin embargo, Servini se lo concedió. La magistrada justificó su decisión diciendo que “Pepín” mostraba un cambio de actitud y que si volvía podría avanzar en la investigación. Eso sí, la jueza le fijó una caución de 3120 millones de pesos, suma que el abogado no apeló pero tampoco cubrió por el momento.
Marijuán llevó el tema ante la Cámara Federal porteña. Martín Irurzun se pronunció por rechazarle la exención de prisión. Leopoldo Bruglia por concedérsela. Como no se ponían de acuerdo, hubo que convocar a un tercer juez, Pablo Bertuzzi, que terminó desempatando a favor de Rodríguez Simón. El argumento central para favorecer a “Pepín” fue decir que no estaba en rebeldía porque hizo caso omiso a la justicia argentina, sino que no se podía presentar porque estaba ejerciendo su derecho a pedir el refugio político.
Este martes, el fiscal José Agüero Iturbe recurrió esa decisión y dijo que la resolución carecía de la debida fundamentación y era arbitraria porque la Cámara resolvió con prescindencia de hechos relevantes.
“Convalidar la exención de prisión a un rebelde que no muestra voluntad de someterse a la justicia ni signos de abandonar su comportamiento salpica de tal modo el avance del proceso y perjudica la estrategia de la acusación”, sostuvo Agüero Iturbe.
“Los hechos que configuran el objeto procesal revisten la calidad de grave con trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación en desmedro de un grupo empresario”, añadió el fiscal.
La Sala II de la Cámara deberá decidir si le concede el recurso para ir a la Casación. En ese tribunal, la última palabra la tendrán los jueces que integran la Sala III –Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo.
“Pepín” tuvo otro golpe de suerte a finales del año pasado. La jueza María Eugenia Capuchetti lo sobreseyó en la causa en la que se investigaba su rol en la llamada “mesa judicial” del macrismo. En ese expediente, “Pepín” había sido señalado como quien amenazó a Alejandra Gils Carbó para que abandonara su puesto como procuradora general de la Nación.
Según denunció el entonces fiscal Gabriel de Vedia, Rodríguez Simón lo recibió en su despacho de la Casa de Gobierno y le dijo que, si Gils Carbó no dejaba su cargo, terminarían presas sus hijas y ella. A los pocos días, Gils Carbó –que se encontraba bajo el asedio del gobierno macrista– presentó la renuncia.
El argumento de Capuchetti para sobreseer a todos los imputados –entre los que se encontraban Macri o el exministro de Justicia Germán Garavano– fue que no hubo denuncia de los jueces o fiscales apretados por el gobierno de Cambiemos en el momento de los hechos. La Cámara Federal porteña, pese a la apelación del fiscal Franco Picardi, convalidó la decisión de la jueza Capuchetti.